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Servidores judiciales fueron víctimas de 1.502 hechos del conflicto
Víctimas de la justicia Comisión de la Verdad

De izq. a der.: comisionado Carlos Ospina, padre Francisco de Roux, magistrado Antonio Suárez y comisionada Patricia Tobón en la sede de la Comisión de la Verdad.

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Fasol.

Servidores judiciales fueron víctimas de 1.502 hechos del conflicto

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Fasol.

Presentarán informes ante la Comisión de la Verdad sobre la “sistematicidad” de estos casos.

El 26 de noviembre de 1991, cuando iban a hacer una diligencia de levantamiento, siete funcionarios fueron masacrados por miembros de las Farc en Usme, localidad de Bogotá. Los guerrilleros asesinaron al líder y campesino Julio César Naranjo en la mañana y lo terminaron usando como señuelo para atraer a los funcionarios: un juez de instrucción criminal, un médico legista, tres secretarios y dos agentes de Policía Judicial. Cuando llegaban al lugar, fueron dinamitados y quienes salieron del vehículo en el que iban para salvarse fueron asesinados con arma de fuego.

Este es uno de los casos emblemáticos con los que la Fundación Fasol (Fondo de Solidaridad con los Jueces Colombianos) busca defender que los funcionarios judiciales fueron víctimas del conflicto armado de forma sistemática, como le explicó a EL TIEMPO el director de la organización, Carlos Andrés Ojeda.

Fasol tiene información sobre al menos 1.502 acciones contra servidores que han afectado a 1.072 personas en el conflicto armado. De estos, 560 fueron amenazas, 392 fueron asesinatos y 207 atentados. En la lista de hechos también se cuentan torturas (18), personas heridas (15), desapariciones (45), detenciones (5), exilios (60), secuestros (80), desplazamientos (52), judicializaciones (42) y otras acciones (26).

Este miércoles, Fasol y la Comisión de la Verdad firmaron una carta de entendimiento en la que asumen compromisos para que la fundación les presente cinco informes territoriales sobre los hechos del conflicto contra jueces, fiscales y otros funcionarios de la Rama Judicial. Para esto, contarán con el apoyo metodológico de la Comisión.

En el acto de la firma estuvieron presentes familiares de funcionarios judiciales muertos en los hechos del Palacio de Justicia, en 1985, de la masacre de La Rochela, en 1989, y de la masacre de Usme, en 1991.

Frente a ellos, y con 256 piedras pintadas con los nombres de igual número de víctimas, el comisionado Carlos Guillermo Ospina aseguró que este es "uno de los días más importantes de los que pueda dar cuenta la Comisión" de la Verdad, debido a que justamente la demanda de justicia es una de las más reiterativas en el país. "Sin justicia, no hay paz", dijo el comisionado, quien lideró la Asociación Colombiana de Militares Víctimas del Conflicto Armado.

Víctimas de la justicia Comisión de la Verdad

Árbol formado por los nombres de cientos de funcionarios de la justicia que fueron asesinados en hechos del conflicto armado.

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Fasol.

Por su parte, el magistrado Antonio Suárez, vicepresidente de Fasol, llamó la atención sobre la memoria de los jueces y funcionarios asesinados o violentados, pero también recordó que en la actualidad estos hechos siguen sucediendo, por ejemplo, con jueces de restitución de tierras o de extinción de dominio. Asimismo, llamó a profundizar el Acuerdo de Paz y a que dejen trabajar a las entidades creadas en este, en particular a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y a la Jurisdicción Especial para la Paz.

Aunque presentar los informes no garantiza su inclusión en el informe final de la Comisión de la Verdad, que será presentado dentro de poco más de dos años, Ojeda espera que sirvan para aportar a que este sector del Estado sea reconocido, porque “ha existido una sistematicidad de ataques contra la justicia desde todos los actores en el conflicto armado”. Para él, estas víctimas no han sido visibilizadas.

En el acto de compromiso mutuo estuvieron presentes el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, y los comisionados Carlos Ospina y Patricia Tobón Yagarí, quien llamó la atención sobre las deudas del país con la jurisdicción especial indígena.

Si bien la Comisión de la Verdad no investiga casos específicos, sí recoge fenómenos estructurales. Por eso, desde Fasol, esperan que los crímenes contra servidores de la justicia y la Fiscalía sean contemplados.

Las estadísticas recogidas hasta ahora servirán a Fasol como insumo para documentar, sistematizar y registrar casos en informes territoriales de la Costa Atlántica, la zona Centro del país, la zona Sur, Antioquia y los Santanderes, los cuales tendrá que entregar a la Comisión de la Verdad en un plazo máximo de año y medio. “La construcción de los informes va a tener el acompañamiento metodológico de la Comisión”, explicó Ojeda.

Además, Fasol también presentará ante la Jurisdicción Especial para la Paz cinco casos emblemáticos de acciones contra funcionarios de la justicia, todos cometidas por miembros de la antigua guerrilla de las Farc. De hecho, el primero será el de la masacre de Usme en 1991, por la cual el Estado colombiano fue condenado en 1998 debido a la falta de protección de los funcionarios.

Ese caso será presentado ante la JEP el 26 de noviembre, justo cuando se conmemoran 28 años de la masacre. Luego, en un periodo de máximo dos años, presentarán a esa justicia otros cuatro casos que darán a conocer conforme hablen con las familias de las víctimas.

Masacre de La Rochela

Paramilitares ejecutaron a 12 funcionarios judiciales que investigaban desapariciones.

Foto:

EL TIEMPO

Museo de la Fiscalía

Simbólica camioneta de la masacre de la Rochela en 1989. Doce funcionarios judiciales fueron asesinados en el municipio de Simacota, Santander.

Foto:

César Melgarejo

Otros casos emblemáticos

Además de la masacre en Usme, otros casos contra funcionarios han sido emblemáticos.

Se recuerda, por ejemplo, el asesinato de 11 funcionarios el 3 de octubre de 1997 en San Carlos de Guaroa, Meta, por miembros de las AUC, así como la masacre de La Rochela, en Simacota, Santander, donde paramilitares asesinaron a 12 funcionarios judiciales el 18 de enero de 1989. Asimismo, el asesinato de la juez de Saravena, Arauca, Gloria Constanza Gaona, en marzo del 2011.

Antes de eso, en la convulsa década de los 80, fueron asesinados el Ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, además de decenas de jueces y magistrados, incluidos los que murieron durante la toma y retoma del Palacio de Justicia.

JUSTICIA
Twitter: @JusticiaET
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