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Investigación

Inpec: la mayoría de fugas en 2022 son de personas que tenían casa por cárcel

Foto:Mauricio Moreno. EL TIEMPO

De 1.149 escapes hasta septiembre, 821 los cometieron personas con domiciliaria. Análisis. 

Historias como la de alias Frozen, capturado en octubre por los continuos hurtos en el sector de Chapinero, en Bogotá, pese a que tenía encima una medida de detención domiciliaria, hacen parte de los registros de cómo personas que están presas en sus casas aprovechan esa medida para continuar en el crimen.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), este año, hasta septiembre, se habían fugado 1.149 personas y de esas solo ocho lo hicieron desde cárceles, lo que quiere decir que los demás aprovecharon medidas fuera de prisión para burlar a la justicia.
La gran mayoría de esas fugas, 821, fueron de personas que estaban en casa por cárcel, también hubo 97 privados de la libertad que aprovecharon un permiso de salida de prisión de 72 horas –que se otorga a presos que cumplen ciertos requisitos– para no volver, así mismo, hubo una fuga de un preso que estaba en un hospital, y otros 222 internos que tenían brazaletes de vigilancia electrónica, que son para controlar que estén en su casa, también lograron huir.
Entre esos últimos casos está el de Cristian David Perdomo Artunduaga, quien en agosto pasado fue capturado en Pitalito (Huila) por haber intimidado a una mujer con un arma de fuego en la calle. Cuando fue capturado por policías se estableció que tenía detención domiciliaria por el delito de hurto calificado y agravado y un brazalete de vigilancia del Inpec.
Las cifras del Inpec dan cuenta de que en la última década las fugas de prisión domiciliaria han sido constantes. Entre 2012 y 2022 un total de 7.064 presos con domiciliaria se han fugado, seguidos por 1.505 que aprovecharon sus permisos de 72 horas para ello, y otros 1.290 que tenían brazalete de vigilancia electrónica. Además, 39 presos se han fugado de hospitales, así como 25 que lo han hecho mientras estaban en remisión –traslados a audiencias, a citas médicas, o similares–.

Incluso si se adelantan visitas diariamente, sería imposible controlar el 100 por ciento del tiempo a una persona con esta medida y no es lo que establece la ley.

Frente a los motivos de estas fugas, el director del Inpec, el coronel Daniel Gutiérrez, sostuvo que el problema radica en que las personas que reciben esta medida no la cumplen, "incluso si se adelantan visitas diariamente, sería imposible controlar el 100 por ciento del tiempo a una persona con esta medida y no es lo que establece la ley", indicó.
Por su parte, Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), sostuvo que fallas administrativas dentro del Inpec conspiran para que no se cumpla a cabalidad la vigilancia de los presos. "La alta multiplicidad sindical, la gran rotación en la cúpula directiva del Inpec y otras falencias vienen generando la posibilidad de que se incrementen las fugas".
Y Juan David Posada, director del Semillero Penitenciario y de Derechos Humanos de la Universidad de Antioquia, indicó que otra explicación también estaría en una falta de pedagogía sobre la medida de prisión domiciliaria pues, si bien unas personas voluntariamente deciden violarla, también ha encontrado casos de personas que asumen la domiciliaria como una libertad.
"En detención domiciliaria unas personas sienten que los mandaron para la casa, hay una confusión entre libertad física y libertad jurídica porque una sociedad tan punitiva hace que cuando alguien recibe una posibilidad de domiciliaria, no la perciba como una medida privativa de la libertad sino como que los dejaron libres", indicó.
Así mismo, alertó sobre una situación que podría complicar el panorama: "La población en domiciliaria ha ido creciendo a una tasa aproximada de 5.000 personas por año en los últimos años. A esa tasa pronto habría más gente en domiciliaria que en cárcel y si no hay la debida capacitación, es altamente probable que las tasas de fugas sean muy elevadas".
De otra parte, aunque las fugas de personas en domiciliaria generan impacto y la reincidencia es un problema creciente de la seguridad ciudadana, comparadas con el total de personas que tienen esa medida, son un porcentaje muy bajo. Según datos del Inpec, en Colombia hay 65.074 personas con esa medida, por lo cual las 821 fugas que hubo hasta septiembre representan solo 1,26 por ciento frente a más del 90 por ciento que sí respeta su medida.
En cuanto a los que tienen vigilancia electrónica, hoy en día hay 5.801 presos con esa condición, lo cual significa que los 222 que la incumplieron este año representan el 3,82 por ciento del total.

¿Cómo enfrentar esto?

Aun así, enfrentar este fenómeno, que de entrada no debería suceder, es una obligación estatal. De acuerdo con Herrera, sería necesario mejorar el monitoreo que se hace a los presos que están en sus casas, así como los brazaletes que se les imponen.
“Los brazaletes que hoy se usan no permiten un monitoreo permanente y no tienen señales de alerta para cuando se destruyen. En otros países estos sistemas funcionan con monitoreos por medio de seguimiento satelital, también patrullajes en zonas aledañas a donde está. Estos son elementos complementarios y necesarios para garantizar que los sistemas sean eficientes”, subrayó Herrera.

Los brazaletes que hoy se usan no permiten un monitoreo permanente y no tienen señales de alerta para cuando se destruyen.

En eso coincidió el profesor Posada, quien dijo que sería de mucha ayuda que los brazaletes realmente tengan medidas de seguimiento GPS que permitan a las autoridades saber exactamente en dónde está una persona privada de la libertad, pues hoy el sistema es de radiofrecuencia, que controla que un brazalete no se aleje del perímetro de una base, es decir, el sistema no dice dónde está el preso, solo que se aleja de su casa.
Además, dijo que hay un déficit de funcionarios del Inpec que no permite materialmente que hagan todas las visitas. Para él la principal medida sería explicar correctamente a los presos en qué consiste una medida domiciliaria, luego "ver si por el tipo de delito le ponen tobillera, y que esta sea de un sistema de GPS".
Controles más eficientes como esos ayudarían a prevenir la reincidencia, retomó el director de la CEJ, quien expuso que hoy en día más del 25 por ciento de los presos en el Inpec tenían una condena previa.
"En delitos como el hurto en los últimos años encontramos más de 100 personas que habían sido previamente detenidas en más de 70 ocasiones frente al mismo delito. Estas personas convierten la detención en estancias de descanso provisional para después volver a emprender su oficio delictivo, por eso una política en reincidencia es inaplazable y pasa por la redefinición de la política criminal y la penitenciaría", sentenció.
De cara a esta situación, hay dudas frente a propuestas del ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien ha anunciado que presentarán proyectos de ley para bajar las penas de algunos delitos, y aumentar la concesión de subrogados penales para que no haya tanta gente en prisión y contribuir a la resocialización y el deshacinamiento de las cárceles.
“Nos parece importante que se tenga en cuenta que en política criminal lo más importante es el derecho de las víctimas, no de los victimarios; que es responsabilidad del Estado asegurar la seguridad de los ciudadanos; y que el sistema penal debe ser una barrera de contención al delito y no un rey de burlas donde las personas crean que sin importar su delito pueden gozar prontamente de beneficios”, concluyó Herrera.

¿Qué dice el director del Inpec?

Coronel Daniel Gutiérrez, director del Inpec

Coronel Daniel Gutiérrez, director del Inpec

Foto:Captura de video

Este año van 1.149 fugas, y solo ocho han sido de cárceles. Eso habla bien de la seguridad interna, pero mal de la que hay fuera. ¿Qué se está haciendo ante esto?
El Inpec cumple con el mandato legal que establece el control de las personas que permanecen en prisión y detención domiciliaria a través de las visitas periódicas. El problema radica en que las personas que reciben esta medida no la cumplen; incluso, si se adelantan estas visitas diariamente, sería imposible controlar el 100 % del tiempo a una persona con esta medida y no es lo que establece la ley; en este caso sería mejor una detención intramuros. Por eso es fundamental que cuando se transgrede, con el apoyo de las autoridades judiciales se revoque y que terminen su condena en un centro carcelario.
Hay 821 fugas de gente con domiciliaria, y 222 de internos con vigilancia electrónica. ¿Qué está fallando?
Precisamente, es en la efectividad de los controles realizados por el Inpec que se puede identificar el cumplimiento o incumplimiento de las medidas, para reportarlas de manera inmediata a la autoridad judicial que ordenó la medida de reclusión fuera de las instalaciones de una cárcel.
Debemos trabajar articuladamente con las autoridades judiciales para poder enviar rápidamente los informes y si el juez lo determina, revocarla y que paguen su condena intramuros.
¿Los brazaletes de vigilancia son obsoletos o son muy fáciles de quitar?
Los dispositivos electrónicos cumplen con la respectiva emisión de señal y cuentan con el correspondiente mecanismo fuerte que dificulta retirar dicho elemento, pero en ningún caso restringe la movilidad. Los casos de evasión se presentan por determinación de la persona sobre la que recae la medida de incumplir el compromiso adquirido con el juez. Es precisamente cuando se detecta a través de la señal que se está evadiendo la medida que se evidencia este tipo de situaciones que terminan en fugas.
Cabe aclarar que la compra, la adquisición y la manutención de los brazaletes está a cargo de la Uspec.
¿Qué se necesita para poder ejercer un mejor control de los internos que cumplen su condena fuera de cárceles para garantizar que efectivamente estén presos y no en las calles, muchas veces, delinquiendo de nuevo?
Intensificar el control no asegura que la persona decida incumplir el compromiso adquirido con la autoridad judicial de permanecer en su domicilio. Respecto a la reincidencia de delitos, debe ser abordada desde un componente social más amplio que la simple prisionalización, de tal suerte que exista una gama de oportunidades laborales y de integración social de los infractores de la Legislación penal.
Desde el Inpec estamos buscando fortalecer los grupos de domiciliaria de los Eron (establecimiento de Reclusión del Orden Nacional), así como trabajamos de la mano con la Policía Nacional en los barrios y zonas donde están identificadas personas que cumplen estas medidas de detención.
Sin embargo, es importante aclarar que esta es una medida diferente a la intramural y que el control permanente no está estipulado en la ley para este tipo de detención. Sabemos que hay falencias en las que queremos trabajar, como el acceso a zonas de alto riesgo para nuestros funcionarios, el cual dificulta el desarrollo de las visitas periódicas.
En Twitter: @MIOF_
María Isabel Ortiz Fonnegra
justicia@eltiempo.com

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