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Las razones del Fiscal para no apartarse del caso Uribe
Francisco Barbosa

El fiscal general, Francisco Barbosa, lidera 'bloque anticorrupción' por contratos en medio de la pandemia.

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Federico Barón, Fiscalía General.

Las razones del Fiscal para no apartarse del caso Uribe

En carta enviada a la Corte Suprema expone en 6 puntos por qué no es válida recusación de Cepeda.

En la mañana de este lunes se conoció la carta que –con fecha 7 de septiembre de 2020– le enviaron el fiscal general Francisco Barbosa Delgado y la vicefiscal Martha Janeth Mancera al presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Jorge Luis Quiros Guzmán.

En la misiva de seis páginas le exponen al togado por qué no están impedidos para adelantar la investigación contra el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, atendiendo la recusación que en tal sentido hizo el senador Iván Cepeda. 

Cepeda presentó ante la Corte Suprema de Justicia un auto –4 de septiembre de 2020– y de acuerdo con la carta, el abogado del senador debió presentar al Fiscal y a la Vicefiscal general "solicitud de declaración de impedimiento antes de remitir el texto a la Corte", entonces, de acuerdo con su interpretación, "en el auto se omitió el procedimiento y se presentó erróneamente".

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En la carta se expone que las causales de impedimento y recusación son taxativas y no fueron probadas. Estas causales están previamente definidas en el artículo 56 de la Ley 906 de 2004 y "no admiten interpretaciones flexibles, extensivas o analógicas, como las que propone el abogado de Iván Cepeda", señalan en la misiva.

Razones que aluden: 

Son seis las razones que exponen las cabezas del ente acusador al magistrado para justificar que no están impedidos para adelantar la investigación –que viene de la Corte– contra el exsenador Uribe Vélez. 

En un primer punto, señalan que no existe vínculo alguno entre los funcionarios recusados (Barbosa y Mancera) y Álvaro Uribe Vélez.

En tal sentido, los argumentos y situaciones que expuso el abogado de Iván Cepeda no pasan de ser conjeturas y descalificaciones personales sin ningún fundamento jurídico, que se soportan en un punto de partida irrazonable: que el Fiscal General de la Nación y/o sus delegados sufrirán presiones externas indebidas y que actuarán de conformidad con ellas, más no en derecho y de acuerdo con los hechos debidamente probados.

(En contexto: Fiscal y Corte hablaron de cómo sería la entrega del proceso de Uribe)

En un segundo punto, aducen que carece de sustento la afirmación según la cual “el fiscal Barbosa no ha demostrado actuar con independencia respecto del presidente de la República (…) ni sus allegados” porque el Presidente de la República no es el procesado en esta investigación.

En un tercer punto, dicen que no es válido el argumento para recusar a la Vicefiscal General de la Nación y a “los fiscales delegados” porque el planteamiento en contra de la Vicefiscal se basó en el hecho de que se encuentra vinculada a la entidad en un cargo de libre nombramiento y remoción. "Esto es falso y desconoce que la doctora Martha Janeth Mancera es una fiscal de carrera, con más de 27 años de experiencia en la institución y que goza de estabilidad laboral en la entidad".

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En un cuarto punto se plantea que es irrazonable la recusación genérica que propone el abogado de Iván Cepeda en contra de “los fiscales delegados”.

Según esta postura, todo fiscal del país carecería de imparcialidad por la simple circunstancia de pertenecer a la Fiscalía General de la Nación. Da por sentado el impedimento de todos los funcionarios de la Fiscalía, sin saber ni siquiera quiénes son ni bajo qué causales estarían incursos.

El quinto aspecto en el que sustentan que no están inhabilitados para investigar a Uribe hace referencia a que, contrario al derecho, indicar que existen causales de recusación contra el Fiscal General y la Vicefiscal porque un fiscal de la entidad, Daniel Hernández, actúa dentro del proceso que se adelanta en contra del señor Diego Cadena. Este funcionario no es el recusado en esta oportunidad.

Y el último punto señala que la solicitud de designación de un “Fiscal ad hoc” es improcedente. Aseguran que esta solicitud carece de todo fundamento jurídico, dado que no está prevista en la Ley ni en la Constitución ni –contrario a lo que se sostiene– en ningún estándar normativo vinculante del bloque de constitucionalidad. Lea acá la carta completa: 

JUSTICIA
En Twitter: @JusticiaET

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