Dos meses después de que circulara en redes sociales una fotografía en la que se ve al coronel en retiro Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo –condenado por nexos con paramilitares– conduciendo un Porsche de más de 350 millones de pesos por las calles de Bucaramanga, la Fiscalía General reactivó la búsqueda de su fortuna, que aún no ha sido puesta a disposición de las víctimas.
La fotografía generó indignación, pues el también exgobernador de Santander Hugo Aguilar se declaró en quiebra para no pagar la multa de más de 7.930 millones de pesos que le impuso la Corte Suprema cuando lo condenó por concierto para delinquir por establecer alianzas con paramilitares de las Autodefensas del Magdalena Medio, con el fin de impulsar su carrera para la gobernación.
En abril pasado, el mismo Aguilar, quien recobró su libertad en el 2015 tras pagar la mayoría de la pena de nueve años, reconoció que había comprado el lujoso automóvil pero afirmó que tuvo que venderlo por deudas. Según la entrevista que le dio a un medio de Bucaramanga en esa época, en el 2016 le vendió el carro deportivo a un ingeniero de una empresa de Seguros porque necesitaba dinero para pagarles honorarios a sus abogados.
EL TIEMPO conoció que días después de esas declaraciones, el 27 de abril, la Fiscalía General de la Nación le pidió en una audiencia a una magistrada de Justicia y Paz que le permitiera realizar una “búsqueda selectiva en diversas bases de datos, con el propósito de obtener información financiera y de bienes de Aguilar”.
Lo que busca la Fiscalía es que se le permita acceder a la información reservada que tiene Datacrédito, la Dian, Cifín, Migración Colombia y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) para poder rastrear en dónde quedó la fortuna de uno de los políticos más importantes de Santander.
En su justificación, la Fiscalía afirmó que tanto la Corte Suprema de Justicia como los mismos tribunales de Justicia y Paz le han pedido a la Fiscalía que persiga “los bienes de las personas condenadas por ‘parapolítica’, a fin de incorporar recursos al Fondo de Reparación de Víctimas”.
Precisamente es a este Fondo al que el coronel (r) no le ha pagado la millonaria indemnización, pues solamente ha abonado casi 20 millones de pesos, un 0,3 por ciento de la sanción.
Con el Fondo de Reparación llegó a un acuerdo en el 2014 para cancelar 500.000 pesos mensuales, con lo que tardaría unos 1.000 años en saldar su deuda. El año pasado tuvo que subir esa cuota a un millón de pesos.
Por eso, la Fiscalía también argumentó en su solicitud ante Justicia y Paz que pretende que se impongan medidas cautelares sobre las propiedades que se le encuentren a Aguilar, e investigar si terceros podrían tener sus bienes para iniciar un proceso de extinción del dominio.
La petición de la Fiscalía escaló a la Corte Suprema de Justicia, pues la magistrada de la Sala de Justicia y Paz de Bogotá, quien recibió la solicitud, afirmó que no era la instancia competente para estudiar el caso. Argumentó que la facultad la tiene un juez de la justicia ordinaria –donde Aguilar fue condenado–, o por competencia territorial, un magistrado de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bucaramanga.
La Corte Suprema resolvió el conflicto de competencias y determinó que los magistrados de Justicia y Paz no son los facultados para resolver estas solicitudes, pues en efecto Aguilar no hizo parte de ese proceso de justicia transicional.
Así, el alto tribunal estableció en un fallo del 17 de mayo que quienes tendrán que resolver la solicitud de la Fiscalía para buscar los bienes de Aguilar en bases de datos especializadas son los jueces de control de garantías de Bogotá.
Hasta el 31 de diciembre del año pasado, 37 ‘parapolíticos’, entre ellos Aguilar, debían 115.681 millones de pesos, de los que en total solo han pagado 40 millones.
JUSTICIA
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