Fiscalía solicita cinco medidas cautelares en el proyecto Hidroituango

Fiscalía solicita cinco medidas cautelares en el proyecto Hidroituango

Recoger desechos de planta de asfalto y el buchón que afecta a las fuentes hídricas, entre ellas. 

Buchón en el río Cauca

Buchón, la planta invasiva que se ha extendido por el río Cauca debido a los problemas de la represa de Hidroituango.

Foto:

Cortesía Fiscalía

Por: Justicia
10 de junio 2019 , 04:50 p.m.

La Fiscalía 40 Especializada presentó este lunes ante un juez de Paloquemao los argumentos que sustentan cinco medidas cautelares para garantizar los derechos de los habitantes de los municipios aledaños al proyecto Hidroituango y la disminución del daño ambiental.

Las peticiones, se han hecho a partir de estudios realizados por expertos, visitas e informes de peritos de la Fiscalía y también de la Universidad Nacional, y tienen como fin exigir el cumplimiento de los derechos a la salud, la vida y la información de las personas que habitan la zona.

“La comunidad está sintiendo un temor sobre algo que puede pasar”, dijo el fiscal que dio los argumentos.

La primera medida exige la recolección y disposición de los desechos dejados por la planta de asfalto que funcionó hasta Mayo del 2018
en la vía Toledo–Puerto Valdivia, ya que los desechos se consideran peligrosos y contaminan la cuenca del Río San Andrés.

La segunda medida busca implementar de manera urgente e inmediata la recolección del buchón de agua, puesto que la mancha de sedimentos y plantas crearon un tapete que provoca un daño a las fuentes hídricas, y afecta la pesca y agricultura de los pobladores de Sabana Larga.

La tercera medida pretende implementar una recolección y disposición del material de excavación, producto de las obras, que está afectando las tierras usadas por los campesinos para siembra.

La cuarta medida tiene como fin proteger la salud de los habitantes de las poblaciones de Buriticá y Sabana Larga, y para ello se busca que las empresas involucradas como contratista y subcontratista promuevan, apoyen, participen y gestionen recursos para la investigación de la infección Leishmaniasis, que se propaga por la picadura de un mosquito.

De acuerdo con los informes, en la población de Sabana larga durante el año 2010 hubo cero casos de la enfermedad tropical y en el 2018 aumentó a 85, lo que demuestra que ante la descomposición de material vegetal y las condiciones climáticas de la zona la enfermedad se propagó.

La quinta y última medida busca el derecho a la información de los habitantes de la zona.

En la audiencia también estuvo presente la representante de víctimas, quien habló en nombre de la Organización Ríos de Vida, conformada por campesinos que buscan indemnizaciones económicas para proyectos productivos e hizo otras peticiones anexas a las de la Fiscalía.

“Otra de las medidas cautelares que solicitamos es que, de manera concertada con la Asociación de Pescadores, se inicie un programa de seguridad ambiental, esto como consecuencia de una afectación económica, de la salud y también del derecho del trabajo que ha causado el proyecto”, dijo la abogada de las víctimas.

JUSTICIA

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