Para la Fiscalía el descaro de lo que sucedió durante la modernización de la refinería de Cartagena (Reficar) fue tal que, incluso, a pesar de que la compañía siempre giró recursos a la firma constructora CBI, esta última amenazó con retirarse del proyecto porque supuestamente no tenía plata para continuar con la ejecución de las obras.
Este miércoles, durante la audiencia de imputación de cargos a siete exfuncionarios de CBI y Reficar, el representante del ente investigador fue enfático en afirmar que la refinería permitió las irregularidades que llevaron a que funcionarios públicos y particulares se apropiaran de una cuantía superior a los 610.000 millones de pesos.
“Los administradores le entregaron la chequera de Reficar a CBI, para que este dispusiera como quisiera del dinero de los colombianos”, dijo el fiscal.
De acuerdo con el expediente, Reficar pagó facturas millonarias que habían sido rechazadas, estaban duplicadas o no tenían relación con el contrato.
Por ejemplo, dice que se pagaron servicios extravagantes del bolsillo de la empresa estatal como el alquiler de carros de alta gama, servicios de spa y bebidas alcohólicas.
Por estos hechos tendrán que responder Orlando Cabrales Martínez, presidente de Reficar 2009-2012; Reyes Reynoso Yánez, presidente de Reficar 2012-2016; Felipe Laverde Concha, vicepresidente jurídico; Pedro Alfonso Rosales Navarro, vicepresidente ejecutivo del Downstream Ecopetrol 2008; Carlos Alberto Lloreda, revisor fiscal, Philip Kent Asherman, representante legal CBI en 2010, y Massoud Deidehban, director de proyectos y representante legal de CBI en 2009.
Asherman y Deidehban, ciudadanos estadounidenses, estuvieron presentes en la diligencia a través de videoconferencia.
Otro de los reproches de la Fiscalía tiene que ver con el cambio de modalidad del contrato, que pasó de ‘llave en mano’ a ‘costos reembolsables’ sin una justificación válida, haciendo que los riesgos ya no los asumiera el contratista sino Reficar.
“Esta nueva modalidad fue una decisión nefasta para los intereses de Reficar y terminó finalmente siendo la fuente de todos los males, porque contrarió el objeto principal del proyecto, que era evitar sobrecostos”, señaló el fiscal del caso.
Y agregó que Cabrales, Laverde y Rosales le presentaron a la junta directiva de Reficar una propuesta que iba contra los intereses del Estado y que mostró falsas bondades y ventajas que tendría contratar con CBI.
Aunque la Fiscalía se refiere a sobrecostos superiores a los 610.000 millones, la Contraloría en su informe dice que el valor total de la obra estuvo cerca de duplicarse: pasó de 4.023 millones a 8.016 millones de dólares.
Ecopetrol destacó este miércoles que el juez de esta audiencia reconoció a la empresa y a Reficar como víctimas en el proceso.
JUSTICIA
