“La indolencia, la negligencia y la imprudencia frente a la obligación de prevención no pueden quedar impunes”.
Así lo afirmó este miércoles Fabio Espitia, coordinador de la Unidad Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, al anunciar la imputación de cargos contra la gobernadora del Putumayo, Sorrel Aroca Rodríguez; el alcalde de Mocoa, José Antonio Castro, y el exalcalde Elver Porfidio Cerón, por no tener en cuenta las alertas que habrían podido mitigar los efectos de la avalancha registrada entre el 31 de marzo y el 1.° de abril y que dejó 336 muertos y 100 desaparecidos.
A los funcionarios les imputarán los cargos de homicidio culposo en posición de garante, prevaricato por acción y prevaricato por omisión. Según la investigación de la Fiscalía, los acusados “omitieron medidas de prevención” y “desatendieron la posición de garante que los obligaba a actuar con diligencia para proteger la vida de las personas asentadas en las zonas de riesgo”.
En las inspecciones judiciales realizadas por el CTI se encontró que, por ejemplo, las autoridades locales cambiaron en el Plan de Ordenamiento Territorial la zona forestal a área de expansión urbana. Con esto se permitió que comunidades construyeran sus viviendas muy cerca a los ríos Mocoa, Sangoyaco y Mulato, que fueron los que se desbordaron por el incremento de las lluvias.
Era previsible y había probabilidades altas de un desastre natural de semejante magnitud
La Corporación Autónoma Regional del Sur de la Amazonia (Corpoamazonia) había advertido sobre el riesgo que representaba permitir esas construcciones en la zona de protección y conservación ecológica.
La Fiscalía señala que a pesar de las alertas, los funcionarios no activaron el plan de gestión del riesgo de desastres ni un sistema de alertas tempranas, tampoco se diseñaron estrategias para la prevención y respuesta a emergencias.
“Era previsible y había probabilidades altas de un desastre natural de semejante magnitud, porque se conocía el grado de amenaza, vulnerabilidad y peligro inminentes en el que se encontraba la población cercana a las cuencas hídricas”, señaló Espitia.
La gobernadora Sorrel Aroca, a quien le imputarán cargos este jueves, dijo que dará las explicaciones y que la tragedia fue “un hecho fortuito que evidencia que falta mucho por estudiar en cuanto al cambio climático y el manejo de riesgo”.
JUSTICIA
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