Jueces se les atraviesan a beneficios aprobados por el Fiscal General

Jueces se les atraviesan a beneficios aprobados por el Fiscal General

Fiscalía dice que cambio de jurisprudencia afecta procesos clave, como el del ‘cartel de la toga’.

Audiencia contra el exfiscal Luis Gustavo Moreno

Audiencia contra el exfiscal Luis Gustavo Moreno.

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Carlos Ortega / EL TIEMPO

Por: Unidad Investigativa
28 de enero 2018 , 11:43 p.m.

Todo estaba listo para que, el pasado jueves, se le otorgara un principio de oportunidad al exfiscal Anticorrupción Gustavo Moreno que le permitirá testificar contra los magistrados implicados en el escándalo del ‘cartel de la toga’.

La Fiscalía, la Procuraduría y la defensa ya estaban de acuerdo y solo faltaba que el juez 39 penal municipal de control de garantías legalizara el documento, que traía la firma del propio fiscal Néstor Humberto Martínez, a quien la Constitución le otorga la facultad de suspender temporalmente la persecución judicial contra un individuo si tiene información relevante sobre otros sindicados, como sucede en este caso.

Pero el principio de oportunidad fue negado y dejó temporalmente en el limbo la colaboración de Moreno y frenando su colaboración dentro de los procesos contra los exmagistrados Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte, además del que se le sigue a Gustavo Malo en la Comisión de Acusaciones de la Cámara y al exsenador Musa Besaile.

Y si bien en estos casos los jueces tienen el deber y el derecho de elevar observaciones para garantizar el cumplimiento de la ley, al ente acusador le llamó la atención que las objeciones fueron similares a las que se esgrimieron para negar el mismo beneficio a los exdirectivos de Odebrecht, afectando también ese expediente y de paso el de el exsenador Bernando ‘Ñoño’ Elías Vidal, el ganadero Otto Bula y el exministro Gabriel García Morales, entre otros sindicados por la repartija de sobornos de la multinacional.

Los brasileños han estado prestos a testificar contra ellos tanto en la Fiscalía como en la Procuraduría, pero la jueza 41 penal municipal de control de garantías también les negó el principio de oportunidad.

Según fuentes del ente acusador, en ambos casos les exigieron, por primera vez, al menos cuatro requisitos de fondo y forma, que nunca antes les habían sido solicitados y que mostraría un cambio de jurisprudencia en la materia. De hecho, aseguran que es la primera vez que jueces municipales le rechazan este tipo de trámite al Fiscal General de la Nación.

El viraje

Por ejemplo, se les exigió que en los principios de oportunidad quedara taxativamente mencionada toda la información que los beneficiados iban a entregar como colaboración.

“Se supone que primero se les suspende la acción penal, luego cuentan lo que saben y si es relevante la información se le otorga el beneficio pleno. Así ha funcionado siempre este mecanismo, contemplado en el artículo 324 de la Constitución y reglamentado y ampliado en las leyes 906 del 2004, 1312 del 2009 y 1474 del 2011”, explicó un funcionario de la entidad.

Y agregó que otra variación de fondo en las reglas de juego es que ahora están exigiendo que el sujeto que se beneficie con el principio de oportunidad ya esté imputado. A eso se le unen dos exigencias de forma que si bien son subsanables, terminaron por enredar la audiencia de Moreno y de los exdirectivos de Odebrecht: una de ellas es que el beneficiario del principio de oportunidad esté presente durante toda la audiencia de legalización y que además, lleve un acta de arrepentimiento.

A esas nuevas exigencias se han unido la oposición de los abogados de algunos sindicados que, sorpresivamente, se han hecho presente en las audiencias de legalización, oponiéndose a los beneficios. Uno de ellos es Álvaro Luna Conde, defensor de Ricaurte quien además de fungir como magistrado de la Corte Suprema, estuvo en el Consejo Superior de la Judicatura, ente que además de nombrar jueces conoce la dinámica de los beneficios judiciales.

De hecho, no se descarta que la oposición a que Moreno obtenga el principio de oportunidad obedezca también a una estrategia de defensa de quienes se verían afectados con su colaboración. Uno de ellos es precisamente Ricaurte, quien está en el mismo patio de la cárcel La Picota con Musa Besaile, Bernardo ‘Ñoño’ Elías, Otto Bula y Gabriel García Morales.

Algo similar pasó con el gobernador suspendido de Córdoba Edwin Besaile, cuyo delegado se opuso a los beneficios para Alejandro Lyons, testigo de cargo en su contra.

En los próximos días, la Fiscalía presentará el principio de oportunidad de Leonardo Pinilla, alias el Porcino, el socio de Moreno -testigo en el ‘cartel de la toga’ y en el saqueo a Córdoba- y espera superar los impases de las otras audiencia y destrabar los casos emblemáticos contra corruptos.

UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com
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