“Derribo inmediato, evacuación o sellamiento” de los 238 apartamentos, que para la Fiscalía generan un riesgo para sus habitantes, son algunas de las medidas que podrían adoptar las autoridades de Cartagena en el marco del Código de Policía que entró a regir en enero del año pasado.
De hecho, este viernes por petición del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, el ente acusador pedirá a un juez de la capital de Bolívar que adopte las medidas necesarias “para garantizar la vida e integridad de los habitantes de esos 16 inmuebles”, que según un informe de peritos especializados “están en riesgo de desplome”.
Tras el colapso del edificio Blas de Lezo en abril del año pasado, que ocasionó la muerte a 21 personas, las autoridades iniciaron una investigación sobre otros inmuebles que se habrían desarrollado con irregularidades similares a la de la edificación siniestrada.
En junio del año pasado, EL TIEMPO reveló un informe de la Superintendencia de Notariado en donde ya aparecían 15 edificios que registraban anomalías en los registros y las licencias para su construcción.
En el estudio aparecían como constructores Wilfran Enrique y María de las Nieves Quiroz Ruiz, los mismos dueños del Blas de Lezo. Wilfran, que ya habían sido condenado por urbanización pirata, y su hijo Luis David Quiroz Camelo, todos judicializados en junio del año pasado por su presunta responsabilidad en esa tragedia
Ellos aparecen en 14 de las 16 construcciones que están en riesgo y que serían objeto de intervención, lo que los pone en un escenario de nuevas imputaciones de cargos ante la justicia.
El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, señaló que se detectaron problemas estructurales, de los materiales de construcción y en muchos casos ni siquiera se tramitaron o expidieron las licencias para desarrollar esas obras.
En la investigación los peritos tuvieron que tomar muestras de los edificios solo de las partes altas ante el riesgo que representaba tocar la parte estructural de las obras. “He dado instrucciones a los investigadores para que no más allá de dos semanas se den resultados desde el punto de vista de las responsabilidades penales”, dijo Martínez Neira.
Además de los integrantes de la familia Quiroz están bajo la lupa los funcionarios que por acción u omisión habrían cometido irregularidades que facilitaron la construcción de esas edificaciones.
“La Fiscalía pide que el alcalde de Cartagena tome las medidas de su competencia en defensa de la protección de la vida de los habitantes de estos edificios y que los apoye desde el punto de vista de su mantención”, indicó el jefe del ente acusador.
Por las irregularidades en las construcciones en Cartagena la Procuraduría formuló pliego de cargos al suspendido alcalde de esa ciudad, Manuel Vicente Duque Vásquez, “por presuntamente haber omitido el deber de asegurar en debida forma que las construcciones de la ciudad cumplieran las normas de urbanismo, y por incumplir el servicio o función encomendado como primera autoridad del Distrito”.
Duque Vásquez fue capturado por el CTI de la Fiscalía en agosto del 2017 por delitos relacionados con actos de corrupción.
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