Oposición de Fiscal enreda proyecto que da gabelas a disidencias

Oposición de Fiscal enreda proyecto que da gabelas a disidencias

Néstor Humberto Martínez sostuvo que esos grupos "despreciaron la mano generosa de la sociedad".

Fiscalía abre investigación por falta de tarjetones en consultas

Nestor Humberto Martínez, Fiscal General de la Nación.

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Twitter: @FiscaliaCol

Por: Justicia
23 de marzo 2018 , 12:06 a.m.

El polémico proyecto de sometimiento de las bandas criminales, en el que el Gobierno abrió también la puerta a eventuales beneficios penales y carcelarios para las disidencias de las Farc, tendrá en el Congreso la oposición de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez.

En respuesta a una consulta de EL TIEMPO, el Fiscal aseguró que “los disidentes de las Farc, que despreciaron la mano generosa de la sociedad, deben ser objeto de inequívoca persecución legal”. Y añadió: “Cualquier otra opción nos mostraría como un Estado claudicante”.

El proyecto de sometimiento empezó a marchar el año pasado y su aprobación debía ser el banderazo para la entrega de Otoniel’, máxima cabeza del ‘clan Úsuga’, y de sus principales lugartenientes. La Fiscalía había presentado sus observaciones a la primera iniciativa, entre ellas que sus funcionarios no tendrían participación alguna en los acercamientos con las bandas, y estas fueron recogidas en el texto que estuvo a consideración del Congreso, pero finalmente el proyecto no alcanzó a aprobarse en el paquete del 'fast track' de las normas de paz.

Pero ahora, tras el anuncio del Ministro de Justicia de que el Gobierno no descarta que esta sea la vía para un acercamiento con las disidencias, el ente acusador marca abiertas distancias frente al proyecto. En el pasado, especialmente con las normas que desarrollaban los acuerdos de paz, la posición del Fiscal fue recogida por las mayorías del Congreso, lo cual anticipa un difícil tránsito para una iniciativa clave.

El proyecto permite sometimientos colectivos con los beneficios de rebaja de pena de hasta el 50 por ciento que ya están contemplados hoy en la ley. Pero además contempla la entrega de principios de oportunidad frente a algunos delitos (en la práctica, que la justicia deje de investigar algunos casos) y “condiciones especiales de reclusión” mucho menos rígidas que las actuales.

En el Congreso hay opiniones divididas frente a la iniciativa, radicada este martes por el Ministerio de Justicia. Así, Jaime Amín, senador del Centro Democrático, anunció su oposición por considerar que es inconsecuente con la realidad nacional: “Todas las bandas criminales, las disidencias de las Farc y otras organizaciones criminales, como el Eln, están en pie de fuerza mostrando los dientes, y el Gobierno lo que ha hecho es ignorarlo. Se está descuartizando la Constitución en aras de darles contentillo a los criminales”, afirmó el congresista.

Pero en ese mismo partido, el saliente senador Alfredo Rangel consideró “pertinente” una salida semejante: “Teniendo en cuenta que las disidencias de las Farc son una banda criminales, es una buena ocasión para someterse a la justicia siempre y cuando no se convierta esto en un rey de burlas, porque los criminales se acostumbran a tener beneficios una y otra vez”. Rangel considera, en todo caso, que “esta segunda oportunidad debe ser la última” para que las disidencias de las Farc tengan algún tipo de beneficio.

El senador de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa también anunció posición en contra de la iniciativa, pues considera que “no es coherente con los temas de política criminal y mucho menos teniendo en cuenta que el acuerdo de paz apenas se está implementando”. “Ese mensaje de acogimiento para las organizaciones criminales, y en particular en el caso de las disidencias, es inapropiado –consideró– (...). Las disidencias tienen que responder como lo establece el Código Penal actual y con las bases que se definieron. Estos nuevos beneficios no son adecuados y daremos la discusión en la Comisión Primera”.

Iván Cepeda, senador del Polo Democrático, dijo por su lado que “es atractiva la posibilidad para que todas estas personas que pertenecen a las bandas criminales se entreguen de una vez por todas a la justicia” y que es necesario examinar “hasta dónde es posible flexibilizar esas condiciones para que disidencias y las bandas criminales se acaben definitivamente y, con ello, todas estas expresiones armadas”.

Por su parte, el director de Cerac, Jorge Restrepo, consideró que abrir esa puerta para los disidentes podría ayudar a la reducción de la violencia en el país y que, en todo caso, representaría para el Estado una herramienta adicional para enfrentar las amenazas que representan esos grupos.

El analista en temas de seguridad Hugo Acero afirmó que “la política de sometimiento como la ha planteado el Gobierno no es diálogo de paz ni nada parecido a un reconocimiento político, es solo sometimiento con beneficios de reducción de penas”.

Igualmente, consideró que los beneficios ofrecidos ya están en la ley y ahora se facilita su aplicación en grupo para todos los integrantes de la organización ilegal.

JUSTICIA
justicia@eltiempo.com

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