Durante dos días, representantes de las fiscalías y procuradurías de 14 países se reunieron en Cartagena para buscar alternativas comunes en la lucha de delitos como el tráfico de migrantes y fortalecer la cooperación en las investigaciones por otros delitos transnacionales.
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El fiscal general, Francisco Barbosa Delgado, destacó los avances en la lucha contra la criminalidad internacional e hizo anuncios sobre sonados casos internos.
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Anunció que se les imputarán cargos a seis oficiales del Ejército por corrupción y no descartó que se pueda llegar a un acuerdo de colaboración con el cuestionado contratista Emilio Tapia Aldana.
Además manifestó su rechazo a la iniciativa que hace trámite en el Congreso y que busca cambiar la forma de elegir al fiscal general.
¿Cuál es el principal logro de esta cumbre realizada en Cartagena?
Le hemos dado a la Fiscalía General una nueva dimensión internacional que nos hace líderes en el continente. Por esta razón, la cumbre fue un éxito porque compartimos experiencias en materia de tráfico de migrantes. Hay un consenso en la región acerca de la necesidad de combatir las organizaciones criminales y golpear sus rentas.
Esto requiere una acción conjunta de los Estados, estrechar lazos entre fiscalías, ministerios públicos y policías judiciales de los países de la región. Las conclusiones de esta cumbre fueron plasmadas en una declaración conjunta, lo que constituye un avance sin precedentes en materia de estrategia regional de investigación y judicialización del crimen transnacional.
¿Hay casos puntuales que ya están siendo investigados en el marco de la cooperación internacional?
Por supuesto que sí. No puedo dar mayores detalles al respecto por la reserva de los casos. Lo importante es que durante mi administración se han fortalecido los mecanismos de cooperación internacional, más allá de la colaboración que siempre se ha tenido con las agencias de los Estados Unidos, que desde luego es muy importante.
Hay que mirar también a nuestra región, Europa, e incluso países como Australia, para compartir estrategias en materia de persecución del delito, generar protocolos de intercambio de información investigativa que respeten los canales formales y legales de cooperación para articularnos rápidamente.
Las organizaciones criminales se articulan y cooperan. Las entidades que investigan y persiguen criminales debemos hacer lo mismo, no podemos ser inferiores a ese reto.
Nos estamos concentrando en investigar y judicializar estratégicamente las estructuras delictivas que se dedican al tráfico de migrantes o derivan su sustento financiero de él
La región vive una muy difícil situación migratoria. ¿Cómo enfrentar esa situación?
Con determinación en la investigación y articulación eficaz. La atención de las crisis migratorias, que es un fenómeno global, tiene múltiples perspectivas e involucra muchas instancias de gestión. Las políticas públicas necesarias para responder a este fenómeno están, fundamentalmente, en cabeza del Legislativo y del Ejecutivo.
La Fiscalía General de la Nación es una institución de la Rama Judicial a la que le corresponde la investigación de los hechos que revisten las características de delito y el ejercicio de la acción penal.
Nos estamos concentrando en investigar y judicializar estratégicamente las estructuras delictivas que se dedican al tráfico de migrantes o derivan su sustento financiero de él y en mejorar nuestra articulación con otras fiscalías para ello. Como pudieron ver, la cumbre que lideramos solo convocó fiscalías, procuradurías, titulares de la acción penal y policía judicial de los diversos países, pues somos conscientes del principio de separación de poderes y de la importancia de la autonomía e independencia de los órganos de investigación y acusación.
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¿Se van a atacar las redes de tráfico de migrantes o hay algunas ideas para desestimular la migración?
Claro que se atacarán. No quiero entrar en la discusión acerca de la razón del aumento de la migración ilegal en la región. Debemos entender que la migración es un fenómeno histórico.
Los Estados deben ponerse de acuerdo para que esta se produzca sin desconocer la soberanía y las legislaciones internas y sin violar los derechos humanos de personas vulnerables. El tráfico de migrantes, en el fondo, es un fenómeno criminal pluriofensivo, que debemos combatir con todos nuestros recursos, mediante la priorización de objetivos estratégicos y el desmantelamiento de redes delincuenciales.
Usted mencionó en su intervención que había que actuar frente a las monedas virtuales. ¿Ya hay investigaciones por delitos asociados a ese tema?
Ese fue el eje de las discusiones que tuvimos en Francia y Holanda, en Europa, y con los países de la región, incluyendo a Estados Unidos. Existe una preocupación global sobre este fenómeno. Por lo pronto, nuestra entidad ya está abordando estas temáticas a través de su Dirección Especializada contra el Lavado de Activos.
Actualmente, adelanta indagaciones en las que se investigan organizaciones criminales transnacionales dedicadas al blanqueo de capitales provenientes de diversas actividades ilícitas, como el narcotráfico, mediante la utilización de operaciones de comercio exterior que involucran negocios de compra y transferencia de monedas virtuales por medio de las plataformas tecnológicas.
El propósito con estas operaciones es encubrir el verdadero origen de los fondos. Paralelamente, lideramos el diseño de una estrategia de investigación dirigida a fiscales, investigadores de campo y peritos sobre la materia. La justicia no puede quedar relegada frente a las nuevas formas de criminalidad.
El fiscal afirmó que en la cumbre en Cartagena las fiscalías y procuradurías de distintos países compartieron conocimientos en materia de tráfico de migrantes.
Fiscalía
¿Qué se va a hacer para extender la extinción de dominio a los bienes de personas investigadas que están fuera del país?
Nosotros respetamos la normativa constitucional y legal de los demás países. Hay Estados que no cuentan con la figura de extinción de dominio y eso es respetable. En los diversos escenarios internacionales que hemos compartido se ha enfatizado en la importancia de perseguir los bienes de los delincuentes y atacar las redes financieras de las organizaciones criminales. Ninguna estrategia de crimen transnacional estará completa sin eso.
En la Declaración de Cartagena, que acabamos de suscribir, y en los protocolos de cooperación que estamos diseñando, esto es un componente fundamental. Por lo pronto, lo importante es afinar los canales de comunicación e intercambio de información entre los países, en materia de actos urgentes e investigaciones conjuntas, para que, de acuerdo con ellos, cada Estado persiga las finanzas criminales en el marco de su propia legislación.
¿Cómo le fue en su visita oficial a Europa? ¿Encontró muchas preocupaciones en temas del respeto por los derechos humanos en el país?
Nos fue muy bien. Lo he señalado muchas veces: estas no son visitas o reuniones protocolarias ni meramente diplomáticas. La Fiscalía General de la Nación obtuvo resultados palpables en materia de cooperación internacional para la investigación y judicialización de delitos transnacionales. Uno de los sellos de esta administración es el diálogo y la multilateralidad en materia internacional.
Sobre lo segundo: en nuestras visitas internacionales encontramos preocupaciones en materia de derechos humanos. Nuestro esfuerzo ha sido –y así lo hicimos tanto en nuestro encuentro con Michelle Bachelet como en Washington, hace un par de meses, con Human Rights Watch y con la CIDH– poner de presente los avances destacables de esta fiscalía frente a afectaciones a reincorporados, líderes sociales, defensores de derechos humanos y ante delitos cometidos en el marco o con ocasión de la protesta social. Quiero reafirmar que nuestra labor de defensa de los derechos humanos no es a través de discursos ni pronunciamientos, sino con resultados.
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¿Cómo va a funcionar la cooperación internacional en casos sonados como Centros Poblados? ¿Eso cómo va en el país? En algunos sectores se ha generado preocupación por la posibilidad de que Emilio Tapia vuelva a recibir beneficios...
Dimos resultados en esta investigación tan compleja en menos de 60 días. La Fiscalía continúa trabajando en varias líneas investigativas dentro de este caso. Los instrumentos de cooperación internacional ya existen y tienen respaldo en nuestro ordenamiento legal. Ya tenemos en este caso cooperación con el FBI y la tendremos con los países que tengan alguna incidencia en lo ocurrido.
Sobre el tema del señor Tapia he sido enfático: la Fiscalía General de la Nación está abierta a los mecanismos de negociación y terminación anticipada del proceso, siempre que se puedan construir matrices sólidas y eficaces de colaboración con la justicia que permitan desarticular o impactar organizaciones criminales. Por lo demás, nuestras herramientas de esclarecimiento son la prueba técnica, científica y pericial, las técnicas especiales de investigación y el análisis criminal y de contexto.
Fiscal, algunos temas de actualidad. En su administración ya van imputados siete gobernadores llevados ante la justicia, ¿vendrán más judicializaciones de mandatarios?
Vendrán otros resultados que el país conocerá. La Fiscalía se ocupa de judicializar a quienes utilizan los cargos públicos para cometer delitos o para aliarse con organizaciones criminales. De ahí que se hayan judicializado, además, 35 exgobernadores. La lucha es contra la corrupción administrativa. Desgraciadamente, algunos mandatarios se dedican a delinquir y no a gobernar. Igualmente se anunciaron esta semana decisiones contra dos generales en retiro.
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¿Cómo van las investigaciones para judicializar a otros altos oficiales que han venido apareciendo en investigaciones?
Estos casos son priorizados desde la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, cuyos funcionarios son autónomos en el diseño y ejecución de sus investigaciones.
El mensaje es que esta fiscalía respeta y trabaja con las Fuerzas Militares, pero no tiene contemplaciones frente a militares de alto rango que quebranten la ley penal. Lo demostramos con nuestro llamado a imputación al general Mario Montoya y ahora con estos otros casos. Precisamente, la Fiscalía imputará en los próximos días a seis coroneles de la IV Brigada por corrupción administrativa.
El mensaje es que esta fiscalía respeta y trabaja con las Fuerzas Militares, pero no tiene contemplaciones frente a militares de alto rango que quebranten la ley penal: fiscal Barbosa
¿En Colombia cómo van las investigaciones por irregularidades asociadas a Álex Saab?
El país ya conoce nuestros avances en este caso. Al señor Saab se le imputaron, en ausencia, varios delitos de lavado de activos agravados, producto de delitos subyacentes como concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de particulares y estafa agravada. Sus conductas abarcan varios fraudes empresariales de diverso tipo. A finales de 2019, dos meses antes de mi llegada a la Fiscalía, esta entidad solicitó, sin éxito, la imposición de una medida de aseguramiento en contra de esta persona.
Sin embargo, la investigación fue priorizada bajo mi administración y, el 4 de septiembre de 2020, se formuló acusación en contra del señor Saab. El proceso ha avanzado y está ad portas del juicio oral. Además de lo anterior, los bienes del señor Saab están en proceso de extinción de dominio.
¿Ya hay investigaciones avanzadas por los papeles de Pandora?
Se generó una iniciativa investigativa en la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos tendiente a determinar si se han configurado esquemas de blanqueo de capitales. La estrategia será profundizar en nuestra colaboración con Panamá, que es en donde aparece la mayor cantidad de intermediaciones, así como articularnos con la Dian y con la Uiaf, en lo que nuestras competencias lo permitan.
¿Cómo ve la idea de cambiar la forma de elegir al fiscal general y su juez natural?
Esos proyectos son inanes, politiqueros e innecesarios para el país. Son otros temas los que preocupan a los colombianos.
Un fiscal delegado ante la Corte Suprema imputará cargos a seis coroneles de la IV Brigada del Ejército, por presunto favorecimiento en la adjudicación de contratos entre 2016 y 2019. Los oficiales están vinculados a las presuntas irregularidades por las que fue capturado en agosto de 2018 y está en juicio el general Jorge Horacio Romero.
Según la investigación de la Fiscalía, el general Romero, como comandante de brigada, y otros subalternos acordaron apropiarse de dineros del Estado mediante la adjudicación de contratos. Por estos hechos se llevará ante la justicia a los coroneles Juan Carlos Guerra Durán, John Steban Torres Ballén, José Gregorio Montañez, Édgar Orlando Castro Malagón, José William González Lozano y Javier Alejandro Galvis Ramírez.
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-Los otros jefes del 'clan', además de alias Otoniel, que han caído
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