Un año y medio de prisión. Esa es la pena efectiva que terminan pagando en Colombia algunos de los vinculados a graves casos de corrupción gracias a las gabelas contenidas en la legislación nacional que les permiten saldar en tiempo récord sus deudas con la justicia.
Esa desalentadora cuenta la hizo el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, en el XIV Congreso Nacional de Infraestructura, el cual se realizó en Cartagena y que también congregó al procurador Fernando Carrillo y al contralor Edgardo Maya.
El Fiscal explicó que, bajo las actuales reglas de juego, quien pague sobornos a funcionarios públicos para obtener contratos es procesado por el delito de cohecho, que tiene una pena de prisión de entre seis y doce años.
Y entonces empieza el taxímetro de los beneficios: si acepta cargos al momento de la imputación, de entrada se gana una rebaja de hasta la mitad de la pena, con lo que los doce años quedan reducidos a unos seis de encarcelamiento. “Si redime pena con trabajo y estudio, el famoso combo del ‘dos por uno’ (dos días de rebaja por uno de redención), entonces la pena ya va por los cuatro años”, dijo Martínez Neira. Y como los presos pueden pedir su libertad al cumplir las tres quintas partes de la condena, “en conclusión la pena efectiva por un cohecho en Colombia es de un año y medio”.
Ante esta situación, el Fiscal sostuvo que el país debe dar el debate sobre la efectividad de las condenas como elemento de disuasión para que los ciudadanos lo piensen dos veces antes de incurrir en delitos. “Yo no soy amigo de aumentar las penas, pero creo que nos va a tocar entrar a revisar ese capítulo también en esta lucha contra la corrupción”, indicó Martínez Neira.
La Fiscalía cuestionó los pocos resultados en la agenda del Congreso para ponerle más dientes a la lucha contra la corrupción. “Todos los proyectos, todas las iniciativas que serían útiles en la lucha contra la corrupción, todas fracasaron”, cuestionó.
Así, dijo, la reforma política no estableció castigos reales para la financiación ilegal de las campañas. “Las listas con voto preferente son la meca de la corrupción en la política, son las famiempresas agazapadas en esas listas”, dijo el alto funcionario, tras indicar que si el proyecto se llega a aprobar la próxima semana, las pocas disposiciones que sirven no entrarán en vigencia sino hasta las elecciones de 2022.
“Los proyectos anticorrupción no se tramitaron, no han merecido ponencia, los devoró la agenda legislativa de la paz”, aseguró Martínez.
La propuesta de abrir el debate sobre el aumento de penas efectivas para los corruptos encontró eco entre varios juristas consultados por EL TIEMPO.
Así, Gustavo Gómez Araguren, expresidente del Consejo de Estado, dijo que además de las penales, las sanciones tendrían que ser más drásticas en lo disciplinario y en lo fiscal. “Es el camino indicado. Una de las razones por las que la corrupción ha aumentado tanto es porque el sistema penal y el Estado no tienen una forma de reacción oportuna”, indicó Gómez Aranguren.
Francisco José Sintura, quien fue vicefiscal, recordó que hace tres años se aprobó una reforma que modificó los tipos penales y las circunstancias de agravación, y afirmó que lo requerido es que se cumpla la ley. “Son los jueces los que muchas veces imponen una pena muy baja. En otros casos son los fiscales los que no solicitan las penas que corresponden a los delitos o no hacen bien las imputaciones”, aseguró Sintura.
Los proyectos anticorrupción no se tramitaron, no han merecido ponencia, los devoró la agenda legislativa de la paz
Antes de finalizar el año, anunció el fiscal Néstor Humberto Martínez, se avanzará en la segunda fase de la investigación por las presuntas irregularidades en la modernización de la refinería de Cartagena.
Además se tomarán nuevas decisiones en el proceso de los papeles de Panamá y se desarrollará la fase final de la investigación por el escándalo de Odebrecht.
Asimismo, se tomarán acciones en el caso ‘Acordeón’, en el que aparece la empresa española Canal de Isabel II de España y la Triple A, firma que maneja los servicios públicos en Barranquilla.
El procurador Fernando Carrillo anunció este viernes en el foro que tuvo lugar en Cartagena un plan especial para garantizar la transparencia de las próximas elecciones. “Aumentaremos controles porque hay posibilidad de que ‘dineros calientes’ lleguen a las campañas de Congreso y Presidencia”, dijo.
Igualmente pidió a los empresarios del país un compromiso frente a la financiación de candidatos: “Hacemos un llamado al sector privado ante el eventual fracaso de la reforma política para que se autorregule y le cuente al país cómo se comportará en la financiación de las campañas políticas el próximo año”.
Carrillo anunció que se avecinan decisiones disciplinarias en sonados casos de corrupción. “En el caso Odebrecht, abriremos pliegos de cargos en el caso del Banco Agrario por el préstamo irregular de los 120.000 millones de pesos. Asimismo, frente a los bienes, hemos solicitado extinción de dominio contra ejecutivos brasileños, hemos pedido extinción de dominio contra Odebrecht”, dijo el jefe del Ministerio Público.
Una de las derivaciones del caso Odebrecht, el de Roberto Prieto, dio lugar a la apertura de 11 procesos por los millonarios contratos de entidades del Estado con Marketmedios, la firma de la familia del exgerente de la campaña Santos Presidente del 2014. Así, la Procuraduría investigará los contratos de la Cancillería con esa empresa de publicidad para la realización de la Cumbre de las Américas en Cartagena. También, los negocios de los ministerios de Transporte y Comercio Exterior, Planeación Nacional, el Dapre, el Fondo Nacional del Ahorro, Findeter, Saludcoop (durante la intervención de la Supersalud, la Unidad de Víctimas y la Registraduría, así como los del BID en los que intervino Prieto).
Por su lado, el contralor Edgardo Maya insistió en que el país requiere un único organismo de control fiscal: “Colombia no puede seguir con 64 contralorías: 32 departamentales, 30 distritales y municipales y una nacional. En ningún país serio del mundo existe eso. Crear una sola Contraloría es una necesidad imperante”.
Frente a las campañas, sostuvo que el partido más fuerte que hay en el país es el de los contratistas.
“Hay dos grandes mentiras en Colombia: la prohibición a los funcionarios para intervenir en política y la rendición de cuentas de las campañas. Eso es una hipocresía, esa es una mentira total, todas las rendiciones de cuentas son falsas, todas”, finalizó el contralor.
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