La planta de personal de la Fiscalía fue modificada en el 2013 para que la abogada santandereana Patricia Figueroa Céspedes llegara a la Dirección Seccional de Bogotá. Su traslado está firmado por el fiscal encargado Jorge Perdomo, que expidió un acto administrativo para invocar la necesidad del servicio.
EL TIEMPO estableció que la funcionaria es prima hermana de Martha Cecilia Pineda, la segunda esposa de Leonidas Bustos, entonces presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema y hoy señalado por la Fiscalía de ser uno de los cerebros de la organización criminal que cobraba para cuadrar procesos.
Pero Figueroa no es la única allegada a la pareja que terminó en la Fiscalía en los últimos cinco años. Este diario halló una docena más en cargos que van desde asistentes de despacho hasta fiscales delegados.
Por esa misma época también aparecieron en la nómina ocho fichas cercanas a otro de los procesados por el escándalo: Gustavo Malo, magistrado activo.
La tesis de algunos investigadores es que varios nombramientos coincidieron con la decisión del Consejo de Estado de que el entonces fiscal Eduardo Montealegre siguiera en el cargo hasta el 2016 y en la postulación de su vicefiscal, Jorge Perdomo, como su sucesor.
Pero, en declaraciones a EL TIEMPO, el exfiscal Montealegre fue enfático en que ningún magistrado de la Corte le pidió cuotas burocráticas. De hecho, explicó que si bien contrató como asesor a Gustavo Moreno –otro de los miembros de la red corrupta–, se debió a su experiencia en temas de casación. Sin embargo, admitió haber pedido referencias de él. Pero no tiene claro si fue a Leonidas Bustos o a Francisco Ricaurte.
“Lo que sí recuerdo es que a Moreno le terminamos el contrato anticipadamente cuando supimos que llevaba procesos en la Fiscalía y podía haber un conflicto de intereses”, explicó Montealegre. Y agregó que cree que una cuñada de Bustos entró a la entidad.
Jorge Perdomo, por su parte, dijo que nunca le recibió hojas de vida a Ricaurte o a Bustos, con quien tenía mala relación. Pero sí a Gustavo Malo, al igual que a otros magistrados. Aunque advirtió que todos los perfiles eran verificados y analizados y que tomó distancia de la Corte cuando se postuló al cargo de fiscal.
En cualquier caso, en la lista de allegados a Bustos que están hoy en la Fiscalía aparece su asistente personal en la Corte, Sonia Bustos Arévalo. Entró en septiembre del 2014 como fiscal local, luego ascendió a Justicia Transicional y hoy es fiscal en Cali.
También se examinan los nombres de otros familiares de la esposa de Bustos: Juan Miguel Barajas Céspedes, su esposa Gloria Solano, Sandra Céspedes González y Érika Sandoval. Además, Manuel y David Pineda, cuñados de Bustos.
El nombre que más atención concentra es el de Luz Mabel Parra, su magistrada auxiliar y hoy fiscal ante la Corte. La abogada, quien llegó a la Fiscalía con la administración Martínez, tuvo el caso por ‘parapolítica’ contra de Piedad Zuccardi.
EL TIEMPO conoció una carta, de hace cinco días, en la cual Zuccardi admitió presiones en la Corte y dijo estar lista a declarar.
De hecho, el magistrado que heredó el despacho de Bustos y ese expediente, Francisco Acuña, admitió haber encontrado errores y que por eso declaró insubsistente a Mabel Parra, amiga de la primera esposa de Bustos, con quien trabajó en la Procuraduría de Alejandro Ordóñez.
Tras salir de la Corte, Parra obtuvo un contrato de 48 millones de pesos en el Ministerio de Justicia. En ese momento, el jefe de esa cartera era Jorge Londoño, quien tiene 11 procesos en la Corte, en algunos defendido por Gustavo Moreno.
Además, Parra fue apoderada ante la Corte del representante Jorge Rozo, otro de los clientes de Moreno. Este también defendió al senador Hernán Andrade en dupla con Gerardo Torres, pareja de Parra. El propio Torres le admitió a EL TIEMPO que enganchó a Moreno en esa defensa por recomendación directa de Leonidas Bustos.
En la lista de allegados a Bustos incluyen a José Eduardo Saavedra, exjefe del CTI de Bogotá; a Raúl Acero, fiscal delegado ante tribunal; a Verónica Acero Hernández, fiscal delegada ante jueces, y a Carlos Iván Mejía, fiscal delegado.
Al respecto, Montealegre recordó que si bien Acero entró en su periodo, Perdomo lo declaró insubsistente y fue reintegrado por tutela.
En cuanto al magistrado Gustavo Malo, su área de influencia la centran en Cartagena y en el Juzgado 13 Penal del Circuito de conocimiento de Bogotá. Entre sus allegados señalan a Vicente Guzmán Herrera, jefe de la seccional Bolívar de la Fiscalía en el 2014 y, hoy, de la del Magdalena. Guzmán es esposo de Sandy García Malo, familiar del magistrado.
A esa seccional llegó Carlos Bula Dumar, auxiliar de Malo en la Corte y hermano de Alfredo Bula, ficha de los ‘Ñoños’ en Fonade.
“Tengo 35 años de experiencia en la Fiscalía y mi trabajo habla por mí. Fui sacado de Cartagena por oponerme a nombramientos del fiscal Perdomo y se lo denuncié al nuevo Fiscal. El parentesco de mi esposa con Malo es lejano”, aseguró Guzmán.
En cuanto al Juzgado 13, se sabe que de allí salió Angélica Padilla, fiscal que dice haber sido extorsionada por una hija de Malo. También, Osbaldo Madariaga, judicante de Malo.
El juez era Romel Arévalo, quien luego saltó a la Fiscalía de Cartagena.
“A mí me nombró Montealegre, pero salí con Martínez. Nombré a Padilla y a Madariaga porque cumplían con el perfil. El doctor Malo no los recomendó”, explicó Arévalo.
Otro abogado cartagenero del círculo de Malo acaba de renunciar como fiscal ante la Corte: Alfredo Bettin, quien tuvo el caso del exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía, otro bajo investigación. El exfiscal Montealegre señaló que Bettin ya estaba en la entidad cuando él llegó.
Por ahora, en la Fiscalía advirtieron que siguen revisando con lupa toda la nómina de la entidad.
Jorge Perdomo, vicefiscal de Eduardo Montealegre y quien buscó reemplazarlo, le dijo a EL TIEMPO que ni Leonidas Bustos ni Francisco Ricaurte le pidieron puestos cuando fue fiscal encargado. “Pero, por supuesto, magistrados me pasaban hojas de vida para consideración. Eso no es delito”.
De hecho, aseguró que el magistrado Gustavo Malo fue uno de los que le pasó hojas de vida, pero no recordó de quién: “Son más de 25.000 personas”. Y aclaró que se cuidaba de nunca nombrar a parientes de magistrado. Además, fue enfático en que cuando se postuló para Fiscal General, tomó “distancia prudente con la Corte”. “Tuve cuidado total en no tener relación con los magistrados”, puntualizó.
La Procuraduría abrió indagación preliminar para identificar a los policías que habrían sido sobornados por el exfiscal Moreno, quien dijo ante la Corte que entregó dinero a dos agentes para que no reportaran que llevaba en su vehículo oficial 390 millones de pesos.
Montealegre habla de los nombramientos“Jamás me pidieron cuotas burocráticas para impulsar la candidatura de alguien, nunca. Ni para pedir favores de nadie, porque no tenían ningún tipo de injerencia en las decisiones de la Fiscalía”.
Así respondió el exfiscal Eduardo Montealegre, cuando EL TIEMPO le preguntó si los entonces magistrados Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte o Gustavo Malo le pidieron puestos, a cambio de apoyar las aspiraciones de Jorge Perdomo para sucederlo.
“Yo recibía hojas de vida de muchas fuentes, a mí me llegaban a mi despacho, de la academia; incluso, siendo ministro de Justicia, el exfiscal Alfonso Gómez Méndez –que hoy da clases de ética pública–, me mandó más de 20 hojas de vida. Generalmente, quien manda una hoja de vida pone referencias de alguien, pero fueron muchos los nombramientos que yo hice”, explicó el exfiscal.
Y aclaró que cuando necesitaba algún perfil en especial, consultaba y preguntaba sobre hojas de vida, pedía referencias, pero sin ningún compromiso burocrático o contraprestación.
Así pasó en el caso de Gustavo Moreno, a quien contrató de asesor en temas de casación y le terminó el contrato anticipadamente cuando supieron que, como abogado, llevaba procesos en la Fiscalía.
“Duró muy poco. Yo conocí el libro de Moreno sobre casación. Pero no soy su amigo. Tal vez lo vi una vez en mi vida, en algún acto público (...) le pedí referencias de él no sé si a Leonidas Bustos o a Francisco Ricaurte”, dijo el exfiscal.
Y cuando se le preguntó por qué había tanta gente cercana a Bustos y a Malo en la Fiscalía, respondió:
“No sé cuántas personas cercanas a ellos hayan ingresado, porque yo recibía muchas hojas de vida. No tengo en la cabeza qué personas eran cercanas. Muchas veces pedía referencias, y obviamente un referente importante es un magistrado de la Corte, y más un presidente”.
E insistió en que él hizo muy pocos cambios en la nómina porque habían casos delicados –como el de las 'chuzadas' del DAS, otros contra Álvaro Uribe, Sabas Pretelt, Andrés Felipe Arias–, y uno de los criterios que tuvo es que no quería trastocarlos, para evitar retrocesos.
“Por eso dejé durante muy buen tiempo a gran cantidad de gente que venía de atrás y promoví a mucha gente que era de la Fiscalía. Diría que un 50 por ciento de los nombramientos fueron ascensos”, explicó. Destacó que además se hicieron exámenes y evaluaciones a todos los perfiles.
Y subrayó: “En mi guardia pretoriana, en mi entorno, no había nadie cercano ni a Bustos ni a Ricaurte, eran gente que yo conocía desde hacía muchos años”.
Además, dijo: “Sería bueno que el actual fiscal Martínez investigara cuántos procesos llevó la oficina de Alfonso Gómez Méndez en la Fiscalía cuando él era fiscal y Omar Zarabanda oficiaba como uno de los abogados de su oficina, la cual dejó abierta durante su administración”.
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