Falta de plata pone en riesgo modernización de Justicia Penal Militar

Falta de plata pone en riesgo modernización de Justicia Penal Militar

Este año debe entrar en vigencia el sistema oral, la Fiscalía General y el CTI en esa jurisdicción.

Director Ejecutivo de Justicia Penal Militar y Policial

Alejandro Ramírez Londoño es el Director Ejecutivo de la Justicia Penal Militar y Policial.

Foto:

Jaime Moreno

Por: Justicia
06 de enero 2020 , 09:30 p.m.

La reforma de fondo de la Justicia Penal Militar, que incluye la aplicación del sistema oral y la creación del Fiscal General y el Cuerpo Técnico de Investigación de esa jurisdicción, hoy está en el limbo y no se han apropiado las partidas económicas para que empiece a funcionar este año como está establecido legalmente.

En agosto de 2010, el Congreso aprobó el Código Penal Militar, que, entre otras, daba un año de plazo a los ministerios de Defensa y de Hacienda para fijar un cronograma con el fin de poner en funcionamiento una reforma integral de la Justicia Penal Militar.

Se estableció, entonces, que la nueva Justicia Penal Militar se aplicaría inicialmente en 2015 en Bogotá y luego se extendería por fases a todo el país. Desde ese momento, por falta de recursos, se ha venido postergando y se definió como nuevo plazo que entraría a regir este año.

Este es un proyecto prioritario.
Es un compromiso
del Gobierno Nacional
y una deuda con los integrantes de las Fuerzas Militares y de Policía del país

Sin embargo, este diario estableció que esta vez tampoco se han asignado las partidas presupuestales para que se dé paso al sistema penal acusatorio en la justicia que investiga y juzga a los uniformados vinculados a delitos relacionados con el servicio.

Esa es la jurisdicción que tiene hoy la investigación por la muerte del joven Dilan Cruz, quien murió el 25 de noviembre luego de ser herido dos días antes por un disparo de un uniformado del Esmad, en medio del paro.

“En la Justicia Penal Militar, hoy coexisten dos códigos (la Ley 522 de 1999 y la Ley 1407 de 2010). La parte sustantiva –que define la conducta y los delitos– se desarrolla con la nueva ley. Lo referente al procedimiento lo hacemos con la antigua ley, basados en lo escritural”, dijo a EL TIEMPO un oficial de alto rango experto en el tema.

El abogado Alejandro Ramírez Londoño, director ejecutivo de la Justicia Penal Militar (JPM), señaló que se han venido preparando para la entrada en vigencia del nuevo modelo, pero reconoció que aún no hay plata.

Sostuvo que están pendientes de una reunión con el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, para hablar del tema y poder lograr que se tramiten ante el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Ministerio de Hacienda las partidas que se requieren.

Dijo que esa jurisdicción tiene unos gastos de alrededor de $ 78.000 millones anuales y que se necesita un promedio de $ 12.000 millones adicionales para el primer año de implementación del nuevo sistema. Incluso, sostuvo que se han adelantado reuniones con delegaciones internacionales para buscar financiación.

Por ahora, dijo Ramírez Londoño, se ha avanzado en capacitaciones a los funcionarios, en la construcción de salas de audiencias y de laboratorios para el funcionamiento del CTI y la Fiscalía, que entraría a cumplir las labores de los jueces de Instrucción Penal Militar. El funcionario afirmó que es fundamental tramitar el dinero para avanzar en ese proceso de implementación.

Aquí hay un gasto inútil de papel, muchas de las notificaciones se hacen puerta a puerta, es un sistema rudimentario

“Este es un proyecto prioritario. Es un compromiso del Gobierno Nacional y una deuda con los integrantes de las Fuerzas Militares y de Policía. Incluso se incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo para asegurar su ejecución”, dijo Ramírez Londoño.

Sin embargo, abogados que litigan en esa jurisdicción no ven que sea tan fácil la aplicación del nuevo modelo.

“Cuando se pasó al sistema oral en la justicia ordinaria fue más fácil porque ya existía un Fiscal General y todo un cuerpo de investigaciones que lo respaldaba. En la Justicia Penal Militar, el proceso no se ha cumplido porque se requiere una inversión millonaria para adoptar la figura”, dijo la abogada Tania Parra.

Y el penalista José del Carmen Leal afirmó que la Justicia Penal Militar está rezagada. “Aquí hay un gasto inútil de papel, muchas de las notificaciones se hacen puerta a puerta, es un sistema rudimentario”, señaló el abogado tras insistir en la necesidad de lograr los recursos para su modernización.

REDACCIÓN JUSTICIA
En Twitter: @JusticiaET
justicia@eltiempo.com

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