Las ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos’, un escándalo que comenzó a destaparse durante el gobierno del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, han llevado a que la justicia abra más de 2.260 investigaciones penales por estos crímenes.
De acuerdo con las cifras que la Fiscalía General colombiana le entregó a la Corte Penal Internacional para su evaluación anual sobre la situación del país, a octubre de 2019 el ente acusador tenía 2.268 casos activos, en los cuales se contaban 3.876 víctimas de ‘falsos positivos’.
Esos procesos judiciales, indicó la Fiscalía, involucran a miembros de 25 brigadas dentro de las siete divisiones del Ejército colombiano.
Por los homicidios de civiles a quienes luego hicieron pasar como muertos en combates había hasta esa fecha 10.742 personas investigadas y 1.740 personas condenadas. Además, solo el año pasado, según informó la Fiscalía a la CPI, fueron condenados 31 militares.
Otra parte de la respuesta estatal frente a estos hechos ocurrió en 2008 con la más grande purga militar por temas de derechos humanos, cuando 27 militares –3 generales, 17 oficiales y 7 suboficiales– fueron retirados del Ejército por orden del entonces presidente Álvaro Uribe, luego de que una investigación interna por la desaparición de varios jóvenes en Soacha, Cundinamarca, cuyos cuerpos fueron hallados en Ocaña, levantó dudas sobre el actuar de los militares.
Al respecto, en un debate en el Congreso, en junio del año pasado, el hoy senador Álvaro Uribe habló sobre esa purga militar y dijo que fue la primera respuesta contundente a sospechas fundadas sobre actuaciones irregulares por parte de algunos uniformados, y añadió: “Nunca, nunca, se ofrecieron recompensas a integrantes de las fuerzas armadas, menos por dar bajas”.
Tras esa purga inicial y a lo largo de los años, más uniformados han salido del Ejército por sus vínculos con ejecuciones extrajudiciales.
Los esfuerzos del Estado colombiano en investigar este tema han sido reconocidos por el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzadas, que tras una evaluación al país, en 2016, congratuló al Estado por las medidas adoptadas para el esclarecimiento de estos crímenes. Funcionarios gubernamentales han sostenido que esta no fue una política de Estado y que, de hecho, desde el comienzo se tomaron decisiones que incluyeron salida de uniformados y entrega de información a las autoridades.
De otro lado, por crímenes de ejecuciones extrajudiciales también avanzan procesos en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que en julio del 2018, tras recibir varios informes, decidió abrir el caso 03 llamado ‘Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por miembros de la Fuerza Pública’.
Hasta el 6 de mayo pasado, la JEP había recibido en ese caso las versiones de 219 militares en todo el país. Además, en esa justicia transicional han sido admitidos 2.680 integrantes de la Fuerza Pública, y hay en trámite otras 1.840 peticiones.
Hasta ahora, la justicia especial de paz ha centrado su investigación en los elevados números de ejecuciones extrajudiciales en seis departamentos: Antioquia, Cesar, Norte de Santander, Casanare, Meta y Huila. Y entre los uniformados vinculados por las ejecuciones extrajudiciales ya hay, por lo menos, 4 generales del Ejército, entre ellos el general (r ) Mario Montoya Uribe, el oficial de más alto rango en la JEP y quien fue comandante del Ejército entre febrero del 2006 y noviembre del 2008.
JUSTICIA
justicia@eltiempo.com
