Razones por las que la Contraloría imputó cargos a exsuperintendentes

Razones por las que la Contraloría imputó cargos a exsuperintendentes

Entidad dice que Conrado Gómez y Gustavo Morales no evitaron desvío de dinero en intervención de Eps

Gustavo Enrique Morales y Conrado Adolfo Gómez

Los exsuperintendentes de Salud Gustavo Enrique Morales Cobo (izq.) y Conrado Adolfo Gómez Vélez.

Foto:

Luis Lizarazo - Claudia Rubio / Archivo EL TIEMPO

Por: Justicia 
06 de noviembre 2018 , 08:38 a.m.

“Entre sus atribuciones, debían emitir órdenes de inmediato cumplimiento necesarias para que se suspendieran las prácticas ilegales o no autorizadas que tristemente continuaron tras la intervención de Saludcoop. Debían haber adoptado las correspondientes medidas correctivas y de saneamiento”.

Ese es uno de los argumentos con los que la Contraloría General imputó cargos fiscales a los exsuperintendentes de Salud Conrado Gómez y Gustavo Enrique Morales por 69.878 millones de pesos. En la decisión, la Contraloría considera que tenían la responsabilidad de vigilar la adecuada administración de los recursos durante la intervención de Saludcoop, pero que no habrían hecho nada para evitar que se desviara esa cantidad de dinero.

Morales, quien hace menos de un mes fue nombrado en la junta directiva de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina, fue superintendente de Salud desde noviembre del 2012 hasta el 28 de octubre del 2014.

En esa época, el entonces presidente Juan Manuel Santos aceptó su renuncia, después de que se conoció que supuestamente había firmado una circular que reglamentaba las inversiones de las EPS en clínicas y hospitales con recursos públicos sin consultarle al entonces ministro de Salud.

Y Gómez renunció a la Superintendencia en julio del 2012, en medio de una profunda crisis que atravesaba el sector de la salud. Dos años después se abrió el proceso en su contra por la supuesta falta de vigilancia a la intervención de Saludcoop.

Por estos hechos también fue llamado el polémico exliquidador de Saludcoop Guillermo Enrique Grosso, procesado esta semana por la Fiscalía por otro caso de corrupción en la salud.

Según la Contraloría, los exfuncionarios permitieron que en la intervención de la EPS se repitieran las prácticas ilegales cometidas entre 1998 y 2010, por las que los directivos de Saludcoop fueron condenados en el 2014 a pagar 1,4 billones de pesos, al desviar esa cantidad de recursos de la salud en beneficio propio.

Habrían sido utilizados para realizar gastos sin relación de causalidad con el gasto médico, ni con el objeto social de la EPS intervenida

En el documento de la Contraloría, conocido por EL TIEMPO, se afirma que en lugar de destinar los recursos al aseguramiento del riesgo en salud de sus afiliados, “habrían sido utilizados para realizar gastos sin relación de causalidad con el gasto médico, ni con el objeto social de la EPS intervenida”. Incluso se permitió que se usaran dineros para pagar créditos personales con bancos.

También se pagaron patrocinios, millonarios honorarios a abogados y auditores forenses, asesorías técnicas, intereses de créditos, contratos de leasing y hasta la compra de una clínica. “Tales erogaciones solo pueden hacerlas con recursos propios o con cargo a sus utilidades como EPS”, dice la imputación fiscal.

La Contraloría dijo que se permitió que los recursos que recibió Saludcoop en la intervención, por concepto de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), los copagos y las cuotas moderadoras, que son dineros de uso exclusivo para la atención de usuarios, fueran incorporados al patrimonio de la EPS.

El organismo dice, además, que las entidades promotoras de salud no pueden usar esos recursos para invertir en propiedades, planta y equipos.

Rol de los investigados

La Contraloría recordó que con una resolución de mayo del 2011, Gómez ordenó la intervención forzosa de Saludcoop ante las graves denuncias de corrupción que afectaban la entidad. En ese momento, había alertas que indicaban que la EPS tenía dineros de la salud en bancos, en inversiones, en compra de planta y equipo, y en clínicas.

Luego fue nombrado Morales como superintendente y las situación no mejoró, hasta que el 24 de noviembre del 2015 se ordenó la liquidación de la EPS.

Para la Contraloría, aunque los superintendentes no estaban habilitados para ejercer gestión fiscal sobre Saludcoop, sí les correspondía “emitir órdenes de inmediato cumplimiento necesarias para que se suspendieran las prácticas ilegales y disponer la toma de posesión de Saludcoop, o la suspensión de pagos que no fueran pertinentes”.

En el caso de Grosso, la Contraloría dice que sería responsable de utilizar recursos de la salud en fines “ajenos a la destinación específica de los dineros parafiscales”. Entre los supuestos pagos irregulares están los que se hicieron entre el 2011 y 2013 a Ricardo Calvete & Abogados Asociados.

En total, el abogado recibió 226 millones de pesos, pero la Contraloría consideró que esa asesoría y representación en materia penal “es ajena a las actividades de aseguramiento a cargo de Saludcoop EPS, y por ende, no podía sufragarse con los dineros del sistema general de seguridad social”.

También hay pagos por 360 millones de pesos al abogado Uriel Alberto Amaya, para defender a Saludcoop del fallo de responsabilidad fiscal de la Contraloría, lo que tampoco tiene relación con la prestación del servicio de salud.

En el expediente también aparecen pagos para atender otras investigaciones y la compra de una clínica. Además, 74 leasings para mejorar clínicas que hacían parte de la red y la compra de equipos, “lo que tenía como destino el fortalecimiento de la red propia prestadora de Saludcoop, y no el cumplimiento de su función de aseguramiento en salud”.

Asimismo, autorizaciones de pagos por 32.754 millones de pesos para cancelar deudas de Saludcoop.

Exsúper niega irregularidades

Frente a la investigación de la Contraloría, el exsuperintendente Gustavo Morales ha dicho que lo que hay es una discusión técnica sobre los tipos de contratos que pueden o no hacer las EPS y que consideró que ordenar la suspensión de algunos pagos que venía haciendo Saludcoop podría perjudicar a los pacientes. Dijo que los superintendentes no tienen que responder por decisiones gerenciales de sus vigilados.

Según Morales, en su caso "no se trata de una investigación por corrupción o enriquecimiento indebido", sino de una "discusión  sobre si las EPS pueden o no incurrir en obligaciones financieras para adquirir equipos o infraestructura médica".

Y en este sentido, afirma que, en su concepto, "sería muy inconveniente para el sistema de salud que un Superintendente pudiese súbitamente ordenar el cese de pagos al sector financiero , que se han hecho tradicionalmente, más aun cuando esos equipos e infraestructuras están usándose al servicio de los pacientes".


También aseguró que la circular que emitió cuando era superintendente sobre la legalidad para las EPS de invertir en activos fijos, "sigue vigente por la sencilla razón de que está plenamente conforme a la ley del 2011 que reguló la materia".

"En mi caso, la investigación nada tiene que ver con actos corruptos y sobornos", putualizó Morales. 


JUSTICIA 

CREA UNA CUENTA


¿Ya tienes cuenta? INGRESA

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.