Exsenador García pide que la JEP le condone pena por masacre

Exsenador García pide que la JEP le condone pena por masacre

Solicita que se lo reconozca como agente del Estado. Aceptaría delito de desplazamiento.

'parapolíticos' en deuda

El exsenador de Sucre Álvaro García, condenado a 40 años de cárcel por la masacre de Macayepo.

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Archivo EL TIEMPO

Por: Unidad Investigativa
22 de agosto 2018 , 12:05 p.m.

El primer congresista colombiano condenado por una masacre paramilitar se acaba de jugar una última carta jurídica para buscar su libertad inmediata en la órbita de la justicia especial para la paz (JEP).

En efecto, el exsenador de Sucre Álvaro García, condenado a 40 años de cárcel por la masacre de Macayepo, se postuló oficialmente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el miércoles pasado y pidió que se renuncie a la persecución penal por este caso.

La medida fue tomada luego de que, en junio pasado, la Corte Suprema le negó la misma solicitud, pero con otro argumento: que ya no es un peligro para la sociedad porque la organización a la que se lo vinculó, los paramilitares, ya no existe.

Ahora, lo que busca García es que la JEP lo reconozca como agente del Estado vinculado al conflicto y se acepte que, por esa vía, se involucró con los ‘paras’, autores de la masacre en 2000.

La defensa de García asegura que al estar preso desde el 2006 por este caso, cumple con el mínimo de cinco años en prisión que exige la JEP para otorgar la libertad inmediata y condicionada.

Además, que al ser un agente del Estado ya sentenciado, su caso debe ser catalogado como cosa juzgada.

“Las correspondientes consideraciones de la sentencia reflejan la participación del condenado García Romero como parte del conflicto armado de manera indirecta, siendo este al parecer un partícipe de las Autodefensas Unidas de Colombia para la época”, dice el texto que el apoderado del exsenador radicó el 15 de agosto ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.

Pero esta no es la única apuesta de García. También presentó oficios solicitando que se le permita postularse por el caso pendiente que tiene por desplazamiento.

Cambio de juego

Según estableció EL TIEMPO, García admitiría que tuvo nexos con las autodefensas que actuaron en Sucre. Busca ser reconocido como un actor político con quien ese grupo ilegal tenía contacto directo.

Según la defensa del ‘parapolítico’, ese nexo se evidencia con las grabaciones telefónicas que tiene la Corte y en las que se lo escucha hablar sobre la forma como se podría evitar la intervención de la Fuerza Pública en acciones planeadas por paramilitares. Una de ellas, la masacre de Macayepo y el desplazamiento de al menos 400 campesinos que huyeron de la zona tras el asesinato de 12 de sus vecinos.

Este caso, el de desplazamiento, está en etapa de juicio ante la Sala Penal, por lo que pide su trasladado a la JEP. Esto implica que –de ser admitido– reciba beneficios jurídicos a cambio de contar la verdad de los hechos.

Por eso, según los oficios conocidos por EL TIEMPO, solicitó “a la honorable Sala de Definición de Situaciones Jurídicas se sirva avocar conocimiento y ordenar a quien corresponda la suscripción de la correspondiente acta de compromiso y sometimiento a esa jurisdicción”.

Aquí lo clave es que por primera vez y tras casi tres lustros de negar todo vínculo con ‘paras’, García daría un viraje y admitiría dichos nexos en un contexto de confrontación entre autodefensas y la exguerrilla de las Farc.

Esto es lo que quiere enfatizar la defensa del excongresista de Sucre con el fin de que su postulación no resulte rechazada, como les pasó a los también exsenadores Álvaro Asthon y David Char. A los dos, la JEP no los admitió argumentando que su relación con paramilitares no necesariamente los hace partícipes en el conflicto y que si quieren esclarecer esos nexos deberían acudir a la Comisión de la Verdad.

Por ahora, García aguarda en una celda del pabellón de La Picota, en Bogotá, la respuesta a esta última jugada jurídica ante la Jurisdicción Especial para la Paz.

Las cuentas para salir de prisión

Álvaro García Romero está en la cárcel de máxima seguridad de La Picota, en Bogotá, desde el 20 de noviembre del 2006, por su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación y homicidio. Y allí mismo estaba cuando, en el 2010, la Corte lo condenó por la masacre de Macayepo. Para intentar quedar libre, le entregó a la JEP una certificación del Inpec con la que, según él, demuestra que cumple con los requisitos para optar a la libertad condicional. La Corte Suprema ya le había negado la libertad en junio pasado.

UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com
@uinvestigativa

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