Este martes, la Fiscalía realizó una serie de declaraciones en las cuales habría un capítulo más en el escándalo de corrupción conocido hace algunos meses y que involucran al exfiscal Luis Gustavo Moreno.
El ente acusador reveló que se conocieron unas grabaciones en las cuales al parecer Moreno seguía el mismo 'modus operandi' del caso que se le sigue con el exgobernador Alejandro Lyons: pedir dinero a cambio de frenar investigaciones, en este caso de algunos de sus representados. Según el Fiscal, en las conversaciones se mencionan los nombres de Hernán Andrade, Musa Besaile y Luis Alfredo Ramos, entre otros. Estos son algunos de los investigados.
El caso se agrava esta vez porque los audios involucrarían a tres presidentes de la Corte Suprema de Justicia:
José Leonidas Bustos y Francisco Javier Ricaurte. La Fiscalía también salpica a Camilo Tarquino, quien fue presidente del alto tribunal en el año 2011. Sin embargo, los hechos a los cuales se le vincula no serían en su papel de magistrado, sino de abogado.
Considera que la corrupción en la Corte Suprema de Justicia es:
Contra el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, se sigue un proceso ante la Corte Suprema de Justicia por parapolítica, en el que se ha declarado inocente.
Ramos, ya en libertad, fue detenido en el 2013. La reunión que enreda a Ramos es un encuentro que se dio en la casa del ‘Patrón de Bello’, Hugo Albeiro Quintero, en la que exjefes paramilitares se entrevistaron con congresistas. Esa reunión, según el proceso, se dio presuntamente en Bello, Antioquia, y en esta habría participado el exparamilitar Iván Roberto Duque Gaviria, alias Ernesto Báez.
Mientras exparamilitares afirman que el encuentro fue clandestino y se dio en el 2005, la defensa de Ramos sostiene que ocurrió en el 2004, en medio de las negociaciones de la Ley de Justicia y Paz. En contra de Ramos pesan declaraciones de ‘Báez’ y ‘don Berna’, cuyos testimonios le sirvieron a la Corte Suprema para condenar por ‘parapolítica’ al exsenador de Antioquia Óscar Suárez Mira.
El senador del Partido de ‘la U’, Musa Besaile, congresista de ese partido que más votos obtuvo en los pasados comicios legislativos, es uno de los grandes caciques electorales del Caribe. Tiene especial influencia en Córdoba, su departamento.
Su influencia local creció después de haber sido de los congresistas más beneficiados por los llamados cupos indicativos o ‘mermelada’ (asignaciones de la Nación a las alcaldías y gobernaciones por indicación de los legisladores) en el primer gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2014). Las asignaciones a su favor habrían superado los 115.000 millones de pesos durante ese periodo.
Besaile, de 47 años, natural de Sahagún (Córdoba), llegó al Congreso en el 2002 como representante a la Cámara del Partido Liberal. Para la campaña del 2010 se unió al Partido de 'la U' y logró una curul en el Senado.
En el 2010 fue elegido senador de ‘la U’ con 62.059 votos. En el 2014 duplicó sus votos, alcanzando una cifra de 145.402, la segunda votación más alta de un senador en ese año. Su nombre es vinculado con millonarios contratos ejecutados por el Invías y el Departamento para la Prosperidad Social en Córdoba.Desde el 2010, la Corte Suprema de Justicia le ha abierto indagaciones preliminares por supuestos vínculos con la parapolítica y por irregularidades en el manejo de los recursos de la salud en su departamento.
El senador conservador Hernán Andrade fue investigado ante la Corte Suprema por sus supuestos nexos con los hermanos Cabrera Polanco, saqueadores de Cajanal.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró la preclusión de la investigación contra Andrade, la sentencia fue proferida por el 10 de septiembre del 2014 y con ponencia del magistrado Luis Guillermo Salazar Otero.
El alto tribunal llegó a la conclusión de que no había suficientes pruebas que respaldaran las denuncias en su contra y decidió archivar el caso.
Andrade era señalado de haber recibido 250 millones de pesos por parte del abogado Armando Cabrera Polanco, dinero que aparentemente habría sido parte del millonario desfalco a la entidad.
Expresidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Llegó al alto tribunal en el 2008 y terminó su periodo en el 2016.
Su trayectoria profesional ha estado ligada al ejercicio independiente de la profesión y a la academia.
Es ibaguereño, con maestría en Derecho Procesal y especialista en Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica de la Universidad Libre, especialista en Ciencias Penales y candidato a doctor en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas de la Universidad Externado. También culminó estudios de maestría en Derecho en la Universidad Nacional.
En el 2008, con apenas 45 años, fue elegido presidente de la Corte Suprema y se le recuerda porque empezó a buscar entendimientos con la Corte Constitucional para resolver el famoso ‘choque de trenes’ por la tutela contra sentencias judiciales.
Su presidencia en la Corte coincidió con uno de los momentos más críticos de la relación con el gobierno de Álvaro Uribe. Ricaurte fue uno de los magistrados que más criticó la dilación de ese tribunal para elegir al sucesor de Mario Iguarán en la Fiscalía –15 meses–, pero sus críticos señalan que esa interinidad le sirvió también para lograr ubicar a fichas suyas en puestos claves.
Expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Fue magistrado de la sala de casación laboral de la Corte Suprema de Justicia, juez 15 laboral del circuito de Bogotá y juez municipal de Soacha (Cundinamarca).
JUSTICIA
justicia@eltiempo.com
Comentar