Segovia es un hervidero. Sus habitantes completan cinco semanas sostenidas al vaivén de violentos enfrentamientos de mineros artesanales con la Policía.
Las protestas, a las que algunos manifestantes les han incluido armas de fuego y barras de explosivos, tienen paralizado el comercio, en una crisis alimentaria a sus habitantes y preocupados a los gobiernos departamental y nacional.
“Desde finales de julio, los niños dejaron de ir a la escuela. Y los jornaleros no han podido producir ni una pepita de oro para el mercado diario”, le dijo a EL TIEMPO un alto oficial de la Policía, apostado en el pueblo. Además, las estadísticas las completan 3 muertos y 50 heridos.
La protesta la generaron dos decisiones del Gobierno Nacional que buscan controlar la minería ilegal, el lavado de activos y el uso del mercurio, un veneno plateado usado para la extracción de oro y que enferma a mineros y mata los ríos.
El Gobierno tiene sustentadas legalmente sus decisiones e insiste en el diálogo. De hecho, el Ministerio de Minas propuso abrir una oficina minera de soluciones y llevar a Naciones Unidas para garantizar el respeto a los derechos humanos.
Pero el presidente de la mesa minera, Eliober Castañeda, le dijo a EL TIEMPO que si bien están dispuestos a ceder en cuanto al uso del mercurio y en formalizarse, los límites y requisitos para la extracción del oro que les quieren imponer los podrían acabar.
“Los decretos están hechos para favorecer a las multinacionales, porque quien no tenga títulos va a ser tratado peor que un narcotraficante. Las comercializadoras ya no nos van a comprar si no se acredita el origen del oro, pero eso no va a detener a los ilegales”, explicó el vocero.
En juego hay una producción anual de 126.000 onzas de oro en 2016, que le han dejado más de 162 millones de dólares a la multinacional canadiense Grand Colombia Gold, dueña de las cuatro minas más productivas a lo largo de 2.871 hectáreas.
Y, aunque este viernes la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Segovia, voceros de los mineros y la multinacional –que tiene como accionistas a exmiembros de la desaparecida Pacific Rubiales– estaban a punto de llegar a un acuerdo, dos petardos que explotaron en la madrugada volvieron a alterar los ánimos.
Yeison Atehortúa, personero de Segovia, aseguró que uno de los principales obstáculos es que los mineros y la Grand Colombia Gold no se han podido poner de acuerdo en unos contratos para operar.
El lío es monumental si se tiene en cuenta que el 95 por ciento de la población depende directa o indirectamente de la minería. De hecho, 26 de los cerca de 30 miembros del cuerpo de bomberos alternan sus actividades con el socavón.
Pero hay otro actor que aviva la crisis.
“Se trata de una franquicia del ‘cartel del golfo’. Son cerca de 25 hombres con armas cortas que regulan la minería ilegal y extorsionan a comerciantes y mineros en toda la región, incluidos Remedios y Amalfi. Además están detrás de una gigantesca operación de lavado de activos”, explicó un investigador del caso.
Además, la Fiscalía tiene cuatro líneas de investigación abiertas sobre lo que sucede en Segovia, una de estas sobre un gigantesco tráfico de explosivos para la extracción ilegal del metal.
“Tenemos audios y videos que prueban cómo un puñado de mineros están adquiriendo barras de indugel legalmente, incluso en Indumil, y se las venden a los cabecillas del ‘cartel del golfo’. En ese grupo hay al menos dos personas que estarían vinculadas al cuerpo de bomberos”, reveló uno de los investigadores.
Por otra parte, dijo que las declaraciones del gobernador Luis Pérez en torno a esa complicidad están sustentadas en un informe de policía judicial que ya tiene el fiscal del caso y fue revelado en un consejo de seguridad de hace 10 días.
La Dijín, en cabeza del general Jorge Vargas, ha sido clave en la investigación sobre el blanqueo de capitales. Gracias a sus oficiales, en septiembre irán a juicio varios comerciantes que lavaron 1,3 billones de pesos utilizando a falsos proveedores de oro. Establecieron cómo se registraban millonarias y ficticias transacciones, legalizadas con cédulas de habitantes de la calle y hasta muertos.
“Algunos buscan un principio de oportunidad, que incluye la entrega de otros miembros de la red”, explicó un investigador.
Con ese violento ruido, con el de los petardos y con más de 35 denuncias de mineros por supuesta violencia de miembros del Esmad, la mesa sigue intentando llegar a un acuerdo.
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