En medio de una audiencia de exclusión de Justicia y Paz de Adán Rojas Mendoza, exintegrante del bloque Norte de las Autodefenas, el postulado puso en entredicho el proceso que se adelanta contra el exprecandidato presidencial Carlos Caicedo por los asesinatos de Hugo Elías Maduro, el 26 de mayo del año 2000; Julio Alberto Otero, el 14 de mayo del 2001 y de Roque Alfonso Morelli, ocurrido el 5 de septiembre del 2002.
Rojas Mendoza afirmó en la diligencia, que se llevó a cabo el 7 de marzo pasado en Barranquilla, que en el segundo semestre del año 2017 recibió ofrecimientos para declarar en contra de Caicedo.
El postulado afirmó que dos abogados enviados por Álvaro Cotes Vives, le ofrecieron a él y a su hermano José Gregorio Rojas Mendoza dinero para acusar a Caicedo. De hecho, dijo que le entregaron 100 millones de pesos con ese propósito.
“El abogado que fue donde nosotros es un abogado Alex Fernández y una abogada Dilia. Entonces nos han ofrecido un monto de plata que nos los daban en determinadas sesiones, en plazos, con el fin de que nosotros siguiéramos acusando a una persona, a un político de Santa Marta. A un señor Carlos Caicedo. Que dijera que él era el determinador directo”, afirmó Rojas Mendoza.
Afirmó, también, que las visitas por parte de los abogados ocurrieron entre agosto y septiembre del año pasado y que incluso alguien que se identificó como funcionario de la Fiscalía y que dijo que había sido enviado por los abogados, fue a tomarle una declaración.
El postulado a Justicia y Paz entregó dos grabadoras en las que supuestamente están algunas de las conversaciones porque, dijo, sabía que necesitaba pruebas. Los audios no fueron revelados en esa diligencia en la que se estaba estudiando si debía salir o no de los beneficios de la ley que desmovilizó a los paramilitares.
Tanto Adán como Gregorio están en proceso de ser excluidos de Justicia y Paz por, al parecer, haber entregado documentos de identificación falsos cuando fueron requeridos por las autoridades tiempo después de haberse desmovilizado.
Sin embargo, ahora, ambos están pidiendo que se tenga en cuenta su interés de colaborar con la justicia en este proceso de Caicedo como prueba de que están comprometidos con la desmovilización.
En la misma diligencia, Adán afirmó que su hermano denunció desde el principio frente al Inpec la supuesta oferta de sobornos por parte de los abogados y que tiene documentos del supuesto funcionario de la Fiscalía. Además dijo que recibió los 100 millones de pesos solo para probar las coimas y que se los entregará a la justicia.
La defensa del exprecandidato presidencial ya presentó denuncias penales en contra de Álvaro Cotes, y de los abogados Alex Fernandez –quien en el proceso judicial aparece como apoderado de víctimas y en otros procesos judiciales representa a Álvaro Cotes- y Dilia Barón, por los delitos de soborno y fraude procesal. También pidieron a la Judicatura que investigue esas conductas de los abogados disciplinariamente.
“Esto evidencia que hay un plan y no solo en el caso de los crímenes de la universidad del Magdalena con el que me querían enlodar sino con otras investigaciones que ellos han impulsado”, señaló Caicedo.
El también exalcalde de Santa Marta insiste en que detrás de este proceso ha habido intereses políticos y que una muestra de ello es que los exparamilitares no lo vincularon desde el principio a los hechos detrás de la muerte de los tres funcionarios de la Universidad del Magdalena, pero sí lo hicieron cuando fue candidato a la alcaldía.
"Yo terminé hace dos años mi trabajo en la alcadía y siguen incrementándose las investigaciones en mi contra. (...)", dijo Caicedo, al referirse a que hoy hay más de 30 procesos judiciales en su contra por lo que calificó de "una instrumentalización de la justicia".
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