El Código de Procedimiento Penal establece en el artículo 307 que <b>las personas tienen derecho a que se le reestablezca su libertad de inmediato </b>en tres casos:<br><br>1. <b>Cuando hayan transcurridos 60 días contados a partir de la fecha de imputación</b> y no se hubiere presentado el escrito de acusación o solicitado la preclusión. <br>2. <b>Cuando hayan pasado 120 días contados a partir de la fecha de presentación del escrito de acusación</b> y no se haya dado inicio a la audiencia de juicio.<br>3. Por último, <b>cuando transcurridos 150 días contados a partir de la fecha de inicio de la audiencia de juicio</b>, no se haya celebrado la audiencia de lectura de fallo o su equivalente. <br><br>Estos escenarios son muy comunes en el sistema judicial colombiano, en esta galería le contaremos sobre <b>algunos personajes polémicos que han quedado en libertad por vencimiento de términos.</b>

El caso más reciente que se conoció fue el <b>Ómar Ambuila</b>, un&nbsp; exfuncionario de la Dian que <b>fue dejado en libertad el pasado jueves por vencimiento de términos.</b><br><br>El&nbsp;juzgado 5 penal del Circuito de Cali ordenó su libertad y, la de su hija y esposa, al considerar que <b>pasaron más de 240 días entre la presentación del escrito de acusación y aún no ha iniciado el juicio en su contra, </b>por lo que no podían permanecer más tiempo privados de la libertad.<br><br>Ambuila y su familia están siendo investigados por lavado de activos provenientes de actividades de contrabando. <b>El dinero que de allí provenía lo utilizaban para comprar&nbsp;lujos como carros de alta gama, ropa de marca y viajes.&nbsp;</b><br>

<b>El 9 de octubre del año pasado el juez le concedió la libertad a Julián Villarraga,</b> investigado por presuntamente participar en una red de interceptaciones ilegales por la que también es procesado en general <b>Humberto Guatibonza. </b><br><br>Si bien Villarraga no fue funcionario público, el juicio contra el hombre <b>llamó la atención de la opinión pública por los nexos con Guatibonza. </b><br><br>A pesar de que la Fiscalía argumentó que al imputado se le debía aplicar la ley 1908 del 2018 por pertenecer a un grupo delincuencial organizado y el término era de 500 días, <b>el argumento fue desatendido y en la juez le otorgó la libertad con condicionamientos:</b> prohibición de salir del país y seguir atendiendo al proceso. <br>

El 20 de agosto del año pasado el exmagistrado de la Corte Suprema <b>Francisco Ricaurte</b>&nbsp; salió en libertad por haber pasado más de 240 días sin que se hubiera iniciado el juicio oral en su contra. El escrito de acusación contra el magistrado se presentó el 12 de diciembre de 2017, lo que quiere decir que ya habían pasado 616 días. <br><br>En primera instancia el juzgado 22 penal municipal le dio la razón a la Fiscalía pero, luego de 3 meses, en la apelación <b>el juez 29 del circuito revocó la decisión y dejó en libertad a Ricaurte a pesar de que la Fiscalía dijo que esto se trató por dilaciones de la defensa. </b><br>

En agosto del 2019 <b>el juzgado 59 de garantías de Bogotá otorgó la libertad a César Mondragón</b> a cofundador y exdirectivo de la firma Estraval que fue señalada de captar dinero de personas de forma ilegal a través de libranzas. <br><br>La juez avaló la solicitud de la defensa que había sido intentada en dos ocasiones anteriores: mayo de 2019 y septiembre de 2018. En ambas ocasiones fueron negadas pero a <b>la tercera la juez consideró que el exempresario no debía seguir privado de la libertad aunque siga siendo parte del proceso. </b><br>

<b>En agosto del 2019 quedó en libertad el expresidente de Saludcoop Carlos Palacino,</b> señalado por la Fiscalía de supuestos malos manejos de los recursos de los pacientes de la desaparecida EPS.<br><br>Un juez de Bogotá atendió la apelación de la defensa que había sido negada en primera instancia y consideró que, efectivamente, <b>habían pasado más de 240 días después de formulada la acusación y aún no había iniciado e juicio oral en su contra. </b><br><br>La Fiscalía argumentó que 39 de los días habían pasado por dilaciones de la defensa pero los magistrados de Tribunal Superior de Bogotá consideraron que “<b>aún con los 39 días de dilación atribuibles a la defensa, es claro que ya feneció el término máximo de vigencia de la medida de aseguramiento.</b>”<br>

<b>En agosto de 2019 un juez de Paloquemao le concedió la libertad a expresidente de Reficar Reyes Reinoso</b> procesado por corrupción. El juzgado consideró que se habían superado los términos de ley para que Reinoso fuera juzgado en la fase de juicio oral. <br><br><b>El expresidente estuvo detenido desde el 17 de enero del 2018 hasta el 14 de agosto de 2019 en casa por cárcel</b> y la defensa solicitó su libertad inmediata por considerar que llevaba 300 días más de lo que establece la ley. La solicitud fue apoyada por el ministerio público. <br><br>

El 10 de marzo de este año <b>la juez 79 de Control de Garantías ordenó la libertad inmediata de Laude José Fernández,</b> exdirector de inteligencia del DAS, por vencimiento de términos. La funcionaria argumentó que, ya habían pasado los 120 días que dicta la ley para que se instale la audiencia de juicio oral y la misma no había iniciado. <br><br>La Fiscalía y los representantes de víctimas argumentaron que en el proceso existe pluralidad de acusados y por lo tanto el tiempo debía ser el doble.<b> La juez no acogió dicha postura y Fernández salió en libertad luego de haber pasado 146 días privado de la libertad. </b><br><br><b>La decisión aún no ha quedado en firme</b>, la apelación de la Fiscalía deberá ser resulta por la sala penal del Tribunal Superior de Bogotá, por lo pronto Fernández está libre.&nbsp;<br>

<b>En junio del 2018 quedó en libertad la polémica exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto</b>. La decisión fue tomada por un juez de garantías de la capital. <br><br>Aunque<b> la exgobernadora se encontraba en casa por cárcel </b>por ser cabeza madre de familia, el juzgado consideró que los 371 días que han pasado desde que se formuló la acusación en su contra, <b>claramente sobrepasan el término legal. </b>En ese entonces la decisión fue apelada pero la decisión se confirmó en segunda instancia. <br>