“El sueldo de magistrado es mi único sustento. No tengo más ingresos. Mi esposa está mal y les aseguro que las acusaciones contra mi hija Yara Milena y contra mí son una infamia”.
Con 5 kilos menos y visiblemente agotado, Gustavo Malo ha intentado por todos los medios frenar la solicitud unánime de los 22 magistrados de la Corte Suprema de que renuncie.
Pero evidencia abrumadora lo compromete con dos capítulos oscuros de corrupción, uno de los cuales atenta incluso contra la estabilidad del alto tribunal.
Ya está probado que el poderoso senador de Córdoba Musa Besaile pagó 2.000 millones de pesos para que le frenaran la orden de captura por ‘parapolítica’, un expediente en manos de Malo desde el 2014.
Y aunque Malo solo había sido tocado por las esquirlas del escándalo –que ya tiene bajo investigación a su padrino para llegar a la Corte, Francisco Ricaurte, y al también exmagistrado Leonidas Bustos–, dos hechos llevaron al alto tribunal a dar el paso que el país estaba esperando: exigir la renuncia de Malo ante la gravedad de los cuestionamientos.
Uno de los puntillazos fue el testimonio de su exmagistrado auxiliar José Reyes, quien dijo desde Guatemala que, desde el 2015, había evidencia suficiente para dictarle a Besaile medida de aseguramiento. Pero Malo no procedió. De hecho, Reyes aseguró que su salida de la Corte, en el 2015, se dio por ser considerado la piedra en el zapato.
A eso se unió la notificación de la Fiscalía de que le imputará cargos por extorsión agravada a la hija de Malo por un escándalo que EL TIEMPO reveló desde agosto: ser la emisaria de cobros ilegales a funcionarios de la Fiscalía a los que ayudaron a ubicar.
Ambos expedientes despedazaron la confianza de algunos magistrados en Malo e hicieron que se convocara al comité de crisis de la Corte, que citó a una sesión extraordinaria.
En efecto, el martes, a las 8 de la mañana en punto empezó una acalorada e histórica discusión en la que los magistrados Patricia Salazar, José Luis Barceló y Luis Antonio Hernández fueron los más vehementes. Le dijeron a Malo que aunque no eran sus jueces naturales, ni se trataba de un tema personal, creían que debía renunciar de inmediato.
Al coro de se unió el magistrado Fernando Castro. Y aunque otros callaron, incluido Eugenio Fernández, amigo personal de Leonidas Bustos, todos votaron por su salida.
De hecho, ventilaron escándalos similares, como el del exmagistrado de la Judicatura Henry Villarraga y el de la Corte Constitucional Jorge Pretelt.
Ante la contundencia de sus compañeros de sala, Malo pidió unas horas para pensarlo, pero no regresó.
Al día siguiente llegó con la excusa de que su mujer tuvo una emergencia médica y con la tesis de que renunciar era aceptar que era culpable. Y se dedicó a desvirtuar las declaraciones de su exmagistrado Reyes, diciendo que venían de un exempleado resentido.
A pesar de sus intentos por defenderse, el magistrado investigador Luis Hernández le reviró y le hizo un anuncio que lo descompuso. Le dijo que de inmediato compulsarían copias para que la Comisión de Acusación de la Cámara lo investigue, porque las declaraciones del exmagistrado Reyes solo habían servido para ratificar lo que la Corte ya investigó y sabía.
Y junto con Barceló le expresaron que la institución, que enfrentó a la mafia, el proceso 8.000, la ‘parapolítica’ y las chuzadas ilegales, estaba por encima de las personas.
Barceló le exigió, además, que les pusiera la cara a los medios y se apartara de los expedientes de Musa Besaile y del también político cordobés Julio Manzur, otro que declaró que le habían pedido plata.
El jueves, en sala plena de la Corte, se le reiteró la solicitud de que se fuera. Tan solo una voz, la de un magistrado de la Sala Laboral –la misma que dominó Francisco Ricaurte–, pidió que se le respetara la presunción de inocencia y se contemplara la posibilidad de que su hija hubiera ‘pecado’ a sus espaldas.
Pero, por el contrario, la situación de Malo tiende a agravarse. Una investigación de EL TIEMPO encontró el eslabón entre el magistrado y Fonade, el botín burocrático de los ‘Ñoños’, con el que pagaban favores.
Según registros de la Corte (que sus integrantes aún desconocen), en enero del 2013, Malo contrató como auxiliar judicial o pasante al abogado cartagenero Carlos Andrés Bula Dumar y lo mantuvo en el cargo hasta febrero del 2014.
Este resultó ser hermano de Alfredo Bula Dumar, la ficha de los ‘Ñoños’ en Fonade, y vecino de casa de Malo en Cartagena.
Cuando Carlos Bula Dumar entró a la Corte, Besaile empezó a ser asediado por Gustavo Moreno, quien le pedía plata a nombre de Leonidas Bustos.
Por esas fechas, según el exmagistrado Reyes, otro auxiliar de Malo, de nombre Camilo Ruiz, empezó a abordar a los senadores ‘Ñoño’ Elías y Besaile.
EL TIEMPO estableció que Ruiz es un viejo amigo de Malo, con quien trabajó en el Tribunal de Cartagena como asistente. Luego, el entonces magistrado Ricaurte lo enganchó como abogado de tutelas y Malo lo graduó de magistrado auxiliar.
En mayo pasado, Malo le informó a la Sala Penal que había prescindido de los servicios de Ruiz “porque se portó mal”. Sin embargo, el miércoles, en la sala ordinaria, fue más explícito y dijo que lo había echado porque se reunió con dos investigados.
Aunque no dio nombres, su exmagistrado Reyes se encargó de identificarlos: “(...) vieron a Camilo Ruiz almorzando una tarde en el Corral Gourmet, cerca del Palacio de Justicia, con los ‘Ñoños’ ”, dijo.
Pero Camilo Ruiz niega sus reuniones con los senadores investigados, y le acaba de instaurar una denuncia a su excompañero José Reyes.
En todo caso, la fecha del supuesto almuerzo coincide con el inicio de la repartija de contratos en Fonade para Francisco Ricaurte, compadre de Malo, e incluso para el compañero sentimental de su hija Yara Milena Malo.
Además, Carlos Bula Dumar saltó de la Corte a una oficina de abogados y luego a la Fiscalía, en donde hoy funge como delegado ante los jueces de Cartagena.
En esa misma ciudad, Adriana Benítez Camacho, sobrina de Malo, tuvo un ascenso en la rama: pasó de oficial mayor de un juzgado a fiscal. Y Abelardo Malo Fernández, hermano del magistrado, es fiscal delegado ante el Tribunal del Atlántico. El poder tanto de Malo como de Ricaurte es tal que en la región dicen que antes de presentar su hoja de vida a alguna entidad judicial, se tiene que contar con su bendición.
El tema encaja con el expediente por extorsión contra su hija Yara Milena.
Ante sus compañeros de la Sala Penal, Malo aseguró que la fiscal que la acusaba, Angélica Padilla, tiene graves problemas emocionales. Lo que el magistrado cartagenero ignora es que el testimonio de Padilla es solo una de las evidencias.
Hay fotos y chats en los que Yara Malo dejó el rastro de las exigencias de plata: “Si no me cumples, voy a ser una piña debajo del brazo”, escribió.
Y cuando Padilla le dijo que no tenía dinero, Yara le respondió: “No tenemos que ver con tus gastos, eso fue algo de lo que usted (sic) se comprometió. Simplemente debe cumplir”, dice un chat que salió de su celular.
Inicialmente, le pidió un millón y medio de pesos del sueldo y luego lo dejó en un millón. Además, le pidió reclutar a otras amigas para engancharlas en la Fiscalía o en Fonade, aprovechando el cargo de su padre.
“Si a mí me llega a pasar algo, los únicos a los que hago responsables de mi muerte son Yara Malo Benítez y Gustavo Malo. Yo no tengo enemigos ni nada”, dejó consignado en un audio la fiscal Padilla. Y de hecho, alegando razones de seguridad, planea salir del país no sin antes entregar la lista de otros funcionarios que también llegaron a la Fiscalía por la palanca de los Malo.
Lo que todo indica hasta ahora, a pesar de la indignación nacional y de la presión de sus colegas, es que Malo le va a seguir apostando a la ineficiencia de la Comisión de Acusación, su juez natural y el de Leonidas Bustos.
Pero la suerte de Ricaurte es muy diferente. Su caso está en la Fiscalía porque los hechos de los que habla Besaile ocurrieron cuando él ya no tenía el blindaje de magistrado. Incluso no descartan su captura en próximos días.
Por ahora, Malo insiste en su plena inocencia. Hace 48 horas emitió un comunicado en el que asegura que es ajeno a cualquier acto de corrupción y actividad delictiva. Además, explica las demoras en el caso Besaile.
“Es falso que la investigación previa contra el senador Besaile haya estado engavetada o inactiva durante el tiempo que ha estado a mi cargo (...). Se adelantaba un estudio pormenorizado del expediente, el cual valga advertir conlleva mucho tiempo por su volumen considerable”, explicó.
Y agregó: “Nunca me he reunido con los exmagistrados Francisco Ricaurte y Leonidas Bustos ni con ninguna otra persona para conversar o tratar lo concerniente a la investigación contra el senador Musa Besaile”.
Aún le falta explicar por qué tampoco se movió el expediente por ‘parapolítica’ contra Otto Bula.
En cuanto a su hija Yara afirmó que su conducta ha sido intachable y que confía en que ante las autoridades judiciales se demuestre la falsedad de las imputaciones en su contra.
El exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons ya empezó a rendir declaración desde Miami, dentro del acuerdo de colaboración que busca con la Fiscalía.
Acaba de confirmar que, como lo reveló EL TIEMPO, él contribuyó con 600 millones de pesos a una ‘vaca’ para pagar el soborno que frenó la captura en la Corte por parapolítica del senador Musa Besaile. Y dijo y que la plata salió del saqueo a Córdoba, lo que desmorona la coartada de Besaile de que se pagó con dinero lícito, de un préstamo.
Además, detalló cómo el exmagistrado Camilo Tarquino le pidió 20.000 millones de pesos, para repartir en un equipo grande donde estaba Leonidas Bustos, y frenar así las investigaciones en su contra. Gustavo Moreno, ya como fiscal anticorrupción, le confirmó a Lyons que exmagistrados, entre ellos Tarquino, estaban presionando en su caso.
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