El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió para estudio una demanda interpuesta por 120 uniformados que pretenden un reajuste en sus salarios y pensiones argumentando que entre los años 1996 y el 2004 (con excepción de 1998 y el 2000) el incremento de sus sueldos fue inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Los integrantes del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía sostienen que durante años dejaron de recibir un “salario justo”, porque no se tuvo en cuenta el incremento en el costo de vida del país para definir el aumento de sus honorarios año a año.
El Tribunal de Cundinamarca se opuso inicialmente a recibir la demanda al considerar que se había presentado de forma extemporánea, pero en el 2015 el Consejo de Estado ordenó que fuera admitida argumentando que los derechos salariales de los colombianos pueden ser reclamados en cualquier momento.
Las pretensiones de la demanda ascienden a los 40.000 millones de pesos, pero ese valor podría ser mucho más si se tiene en cuenta que uniformados que hayan sufrido esa misma situación podrían unirse a la reclamación o entablar nuevos procesos judiciales.
“Durante años, los miembros activos y pasivos de la Fuerza Pública han estado expuestos al fenómeno inflacionario propio y connatural de la dinámica de la economía colombiana, en una especie de desequilibrio económico injustificado e inentendible, al devengar un salario o asignación de retiro que ha sido afectado y menoscabado en forma notable por la omisión del Estado en garantizar el mantenimiento de su poder adquisitivo, su movilidad, valor real y en general su fijación justa y digna”, señala la demanda que fue presentada por los abogados Andrés Uribe-Holguín Zárate y Juan Carlos Acosta.
De acuerdo con la Procuraduría, en los últimos años, el reconocimiento del IPC en los incrementos salariales de uniformados representa cerca del 30 por ciento de los procesos que hay en juzgados y tribunales administrativos.
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