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En medio de violencia, estrategia clave de justicia está desfinanciada
Modelos de Justicia Local y Rural

El primero Modelo de Justicia Local y Rural comenzó en noviembre de 2019 en El Charco, Nariño, y fue presentado en una visita de la entonces ministra, Margarita Cabello.

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Ministerio de Justicia

En medio de violencia, estrategia clave de justicia está desfinanciada

Para 2021, hay un déficit de casi $ 20.000 millones para Modelos de Justicia Local. 

En medio del difícil panorama en el país por cuenta de la escalada de violencia en los últimos meses, que ha incluido, solo este año, 55 masacres según la organización Indepaz, el futuro de una herramienta importante para atender conflictos locales es incierto.

Los Modelos de Justicia Local y Rural (MJLR), que comenzó a implementar el Ministerio de Justicia a finales de 2019 como una apuesta para promover el acceso efectivo a la justicia, atender la conflictividad local, y contribuir a la construcción de la paz y la estabilización, entre otros, están desfinanciados.

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Se busca implementarlos en 150 municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), entre 2020 y 2022, para lo que se requieren 52.500 millones de pesos, pero para 2021 hay un hueco presupuestal de 19.821 millones para la implementación en 64 municipios. Y para la vigencia 2022, el déficit llega a 42.221 millones de pesos, según cifras que el Ministerio de Justicia presentó ante la Cámara de Representantes hace algunos días.

Camilo González Posso, director de Indepaz, dijo que existe una “relación directa entre la debilidad y ausencia de mecanismos de justicia en el territorio y las dinámicas de conflicto”, y añadió que cuando los mecanismos de justicia comunitaria no funcionan, “los conflictos se regulan por la fuerza”, lo que “produce una desprotección de la gente frente a sus problemas”.

Existe una relación directa entre la debilidad y ausencia de mecanismos de justicia en el territorio y las dinámicas de conflicto

En muchas zonas son los grupos ilegales los que imparten normas y justicia, como sucedió en Arauca el 21 de agosto pasado, cuando asesinaron a 5 personas y dejaron un folleto firmado por la Comisión Uriel Londoño de las disidencias de las Farc, al que las autoridades dieron credibilidad, que decía que con la masacre se “ajustició a unos cuatreros por robo de ganado”.

Ya que los MJLR son para municipios Pdet, su aplicación incompleta puede afectar también la ya lenta implementación del acuerdo de paz firmados con las Farc, señaló González.Según el último informe del Instituto Kroc –único autorizado para el seguimiento–, a noviembre de 2019, el 25 por ciento de las disposiciones del acuerdo de paz ya se habían implementado completamente, frente al 36 por ciento con avance mínimo, y el 24 por ciento que no habían comenzado.

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La representante a la Cámara de Alianza Verde Juanita Goebertus comentó que los municipios Pdet tienen un índice de pobreza multidimensional del 45,3 por ciento, frente al de 17,5 por ciento nacional, y también son las zonas con más victimización y mayor presencia de economías ilegales.

“Mientras que en el país la tasa de homicidios entre 2017 y 2019 creció tan solo un 2 por ciento, en los municipios Pdet este incremento fue del 25 por ciento. Sin garantías básicas de seguridad territorial, administración de justicia e inversión en bienes y servicios públicos, se trunca todo el proceso de construcción de confianza, de transformación de estos territorios, y se repite la violencia”, dijo.

Sin garantías básicas de seguridad territorial, administración de justicia e inversión en bienes y servicios públicos, se repite la violencia

En eso coincidió González, quien señaló: “No se puede pensar en construir paz en los territorios sin una justicia respaldada. Son territorios donde han reinado la arbitrariedad y los violentos. Una de las maneras de construir paz es que llegue justicia”.

Aunque en el país hay en promedio 11 jueces por cada 100.000 habitantes, en los municipios Pdet son seis jueces, dijo la congresista, que añadió que el 80 por ciento de estos territorios no tienen investigadores de policía judicial, y el 35 por ciento no tienen fiscales.

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“Estos modelos, si se implementan en serio y se financian con los recursos que requieren, tienen el potencial de prevenir la comisión de estas masacres”, agregó.

Los MJLR deben financiarse con recursos de inversión del Presupuesto General de la Nación y con recursos de cooperación internacional. No obstante, según las cifras que el Minjusticia presentó a la Cámara, para 2021 hay recursos para implementar los MJLR en 22 municipios, financiación que dará el Fondo Multidonante de la ONU para el sostenimiento de la Paz.

Los MJL son una estrategia articuladora de la oferta local de justicia en los territorios, no la reemplazan

Pero Goebertus señaló que en el presupuesto para 2021 el Gobierno no le está asignado suficiente dinero a este programa. Al respecto, desde el Ministerio de Justicia dijeron que no pueden hablar del tema presupuestal aún, pues se está trabajando con el Ministerio de Hacienda y el Congreso.

La cartera de Justicia también explicó que los MJL “son una estrategia articuladora de la oferta local de justicia en los territorios, no la reemplazan”, y que en Nariño, donde en 2019 comenzó el piloto de los modelos, han capacitado a personas en métodos alternativos de resolución de conflictos, como la conciliación, y apoyado procesos de justicia restaurativa y transicional, entre otros.

También dijeron que entre 2020 y 2021 se trabajará por fortalecer el sistema local de justicia presente en el territorio.

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MARÍA ISBEL ORTIZ FONNEGRA
Redactora de Justicia
En Twitter: @MIOF_
justicia@eltiempo.com

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