EL TIEMPO tuvo acceso hace dos semanas al escrito de acusación que la Fiscalía General presentó como prueba contra 10 personas capturadas, a las que se sindica del atentado al Centro Comercial Andino, que cobró la vida de tres mujeres, otros actos terroristas y de ser militantes del Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP).
Son 267 pruebas con las que el ente acusador ha tejido el papel de cada uno de los sindicados con los nueve ataques con explosivos registrados desde el 2015 que involucra al MRP, y al más reciente hecho, la bomba del pasado 17 de junio que se activó a las 4:53 de la tarde en el Andino.
El documento señala que Violeta Arango Ramírez (prófuga) y Alejandra Méndez Molano ingresaron el 13 de junio al café internet Siberfull, ubicado en la calle 31 sur n.° 10 C -33, para consultar los planos del Centro Comercial Andino Bogotá y los barrios aledaños.
“Revisaron e imprimieron los locales de Caja Social, Nicolukas y Dolce & Gabbana, que están en la ruta que accede a los baños de mujeres del segundo piso donde ocurrió el nefasto hecho que nos ocupa”, dice la acusación.
“El MRP hizo vigilancias al centro comercial Andino, verificaron vías de acceso y escape, rutina de la autoridad policial, CAI cercanos, horas propicias para ingresar y salir, tipo de vestuario para pasar desapercibido y a mano alzada el mapa de la ruta que da al baño objeto del atentado”, añade.
La Fiscalía señala que el ataque es un “hecho abominable que segó la vida de tres mujeres jóvenes y heridas a diez personas más, sin contar con que hubo heridos que no se reportaron en algún sistema de salud, además de los destrozos a la construcción. Se causó terror, zozobra e indignación en la ciudadanía en general”. Se ratifica que el explosivo usado para el ataque fue una mezcla de nitrato de amonio y nitrato de potasio.
El documento afirma que se constató la existencia del Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP) como un grupo “conformado por estudiantes y egresados de universidades públicas, con cierta afinidad ideológica a movimientos revolucionarios existentes en nuestro país, el cual tiene sustento de su lucha el antagonismo con el Gobierno, con las diferentes autoridades públicas, con la clase dominante económicamente en el país y la clase política, arrogándose la defensa de las clases populares y supuestamente oprimidas”.
Por estos hechos, la Fiscalía acusó por concierto para delinquir, terrorismo, homicidio agravado, homicidio agravado en tentativa, falsedad material en documento público y fabricación de explosivos y armas de fuego a Lizeth Johanna Rodríguez Zárate, Lina Vanessa Jiménez Numpaque, Alejandra Méndez Molano, Natalia Trujillo Nova, Boris Ernesto Rojas Quijano, César Andrés Barrera Téllez, Andrés Mauricio Bohórquez Flores, Juan Camilo Pulido Rivero, Iván Darío Ramírez León y Cristian Sandoval.
Se encuentran en prisión en la cárcel El Buen Pastor y La Modelo. De ser condenados, las penas pasarían de los 30 años.
El escrito resalta que Boris Ernesto Rojas, alias Mao, estaba “en la cima de la organización” como el ideólogo y coordinador de las actividades. En segundo lugar estaban Mateo Gutiérrez León y Violeta Arango Ramírez en la parte ideológica y operativa; y les seguían los demás en labores de logística, consecución de elementos, recolección de información, vigilancia de las autoridades y explosivistas.
La investigación, adelantada por la Fiscalía y el grupo de terrorismo de la Sijín, contiene inspecciones al lugar de los hechos, búsquedas selectivas con base en datos, entrevistas, interceptación de comunicaciones, vigilancias y seguimientos a personas.
En los allanamientos a las viviendas de los acusados, dice el ente acusador, se encontraron “los componentes para armar los artefactos explosivos improvisados, tanto de carga explosiva como de los sistemas de activación, mapas de los sitios y de los que tenían planeado atentar en el futuro, fotografías de baños de diferentes lugares, documentos electrónicos con panfletos y labores de vigilancia a comunidades religiosas, particulares a edificaciones donde funcionan autoridades del Estado, a centros comerciales y estaciones y portales de TransMilenio”.
La investigación comenzó el 8 de abril de 2015 cuando, dice la Fiscalía, se conocieron panfletos con la frase “ni Santos ni Uribe son la opción para el pueblo, la paz de los ricos no es la paz del pueblo Movimiento Revolucionario del Pueblo M.R.P”. “Se vislumbraba la aparición de una organización al margen de la ley que pretendía llamar la atención a través de acciones de afectación a la seguridad pública y derechos de los ciudadanos”, dice la acusación.
La Fiscalía asegura que los ataques en Bogotá y Pereira venían de la misma organización (MRP) y señala estas coincidencias: en 9 de los 10 ataques aparece “su ícono, que es la bandera de forma rectangular, con dos franjas de colores amarillo con azul y en el centro una estrella de color rojo de 5 puntas, colores primarios de la bandera nacional”.
Segundo, los panfletos muestran “la posición ideológica de esa organización, que no es otra que la oposición al estamento estatal, al Gobierno, a los estamentos públicos, a la clase política y a la clase dominante”.
Tercero, en nueve de los ataques se consignan en los panfletos sus frases: “ni Santos ni Uribe son la opción para el pueblo” y “la paz de los ricos no es la paz del pueblo”. Cuarto, las sustancias de los artefactos explosivos son de la misma naturaleza: “de bajo poder, que convergen en la utilización del amonal”.
Quinto, los sistemas de activación son de la misma característica: por temporizador electrónico, bien por frecuencia remota o tipo reloj digital.
Sexto, en cinco de los ataques los artefactos fueron ubicados en baños: “uno de sus ‘modus operandi’ favoritos, dada la alta vulnerabilidad de estos lugares, donde a nadie se le ocurriría dejar algún medio electrónico de vigilancia, como cámaras de seguridad, pues atentarían contra la dignidad humana”.
Violeta Arango (por quien se ofrecen 20 millones de pesos por información que permita su captura y es investigada por la explosión en el Andino) seguiría en el país.
Los ataques documentados son: el 8 de abril de 2015, a las 8:25 a. m., en la carrera 4 n.° 12B- 49, se encuentra colgada en la parte extrema del inmueble una bandera de color amarillo y azul; en el centro, una estrella roja de 5 puntas.
Para el 23 y 30 de agosto de 2016 se encontraron cargas explosivas acompañados de panfletos donde se consignan arengas contra el sistema general de salud del país, en contra de Cafesalud y Saludtotal.
A finales del 2016, el 21 de diciembre, se instalaron artefactos explosivos en la Dirección Nacional de Impuesto Nacionales (Dian) haciendo alusión a la reforma tributaria. El 16 de marzo pasado, la Policía sorprendió a dos personas del MRP en el sector de Colsubsidio, los cuales tenían en su poder un artefacto explosivo improvisado listo para ser instalado. “No contentos con la sensación de zozobra e inseguridad que venían sembrando en nuestra capital, trasladaron su accionar a Pereira, donde en uno de los baños de la EPS Cafesalud, el 16 de mayo en horas de la madrugada, se activa un artefacto explosivo improvisado”, dice la Fiscalía.El último ataque fue el del Andino, que cobró la vida de Ana María Gutiérrez, Lady Paola Jaime Ovalle y de la ciudadana francesa Julie Thimai Hyunh.
El pasado 10 de noviembre, el juez 48 de control de garantías de Bogotá ratificó la medida de aseguramiento en centro de reclusión de los sindicados de pertenecer al MRP; entre ellos, los vinculados a la explosión del centro comercial Andino en junio de este año.
El juez consideró que los implicados son un peligro para la sociedad. “Cuando la gente deja de ir a los centros comerciales por temor a que le vayan a poner una bomba se traduce en una alerta que se llama zozobra, que se define como terrorismo”, dijo.
JUSTICIA
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