Por el fuero parlamentario que tienen los congresistas, la Fiscalía envió copias compulsadas el martes a la Corte Suprema de Justicia para que investigue la presunta participación de los senadores Bernardo Miguel Elías Vidal, Musa Besaile Fayad y Antonio Guerra de la Espriella, así como del representante a la Cámara, Ciro Rodríguez y del exsenador Plinio Olano, en el entramado de corrupción de Odebrecht.
Aunque la Fiscalía no tiene la competencia para determinar cuáles delitos podría atribuirle a los congresistas, señala que dentro de las evidencias recogidas se advirtió la presunta comisión de tráfico de influencias por parte de los congresistas Elías Vidal y Ciro Rodríguez, delito que tiene penas de entre 5 años y 12 años de cárcel; además de multas que van desde los 98 millones de pesos hasta los 221 millones.
En los demás procesos vigentes por el escándalo de sobornos de Odebrecht, la Fiscalía ha coincidido en imputar enriquecimiento ilícito por el aumento irregular del patrimonio de quienes recibieron coimas.
Así, si los congresistas mencionados por la Fiscalía en el proceso fuesen encontrados responsables, podrían recibir condenas de entre 7 y 15 años de prisión y multas equivalentes al doble del valor del enriquecimiento ilícito sin que supere el equivalente de 50.000 salarios mínimos (36.950 millones de pesos).
Al exsenador Otto Bula –cuyo proceso sí está en manos de la Fiscalía por tratarse de delitos cometidos cuando ya no era congresista–, el ente investigador le imputó también el delito de cohecho por dar u ofrecer que, de acuerdo con el Código Penal, tiene sanciones de cárcel de entre tres y seis años y multas de entre 36 y 72 millones de pesos. La investigación de la Corte podría, eventualmente, determinar la responsabilidad de los congresistas o excongresistas en ese delito.
En todos los casos también se impone la inhabilidad para el ejercicio de cargos públicos por el mismo tiempo de la pena que considere la Corte.
La semana pasada, la Fiscalía radicó ante el Congreso un proyecto de ley para que las personas procesadas por corrupción también respondan por el delito de concierto para delinquir. Si la Corte llegase a imputar cargos por ese comportamiento, los funcionarios tendrían que pagar entre 3 y 6 años de cárcel.
JUSTICIA
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