De 248 procesos para recuperar los baldíos que han sido indebidamente ocupados por particulares en las islas del Rosario y el archipiélago de San Bernardo, la Agencia Nacional de Tierras ya ha tomado decisiones sobre 162 casos.
Así lo indica un informe del Gobierno conocido por EL TIEMPO y que da cuenta de cómo han avanzado las labores de esa entidad para que los baldíos pertenecientes a la Nación y que hoy están en poder de terceros, aunque son públicos e inadjudicables, puedan retornar al Estado.
El balance indica que en las islas del Rosario, en 120 predios ya hay una decisión. Al menos 58 de esos casos terminaron y son decisiones ejecutoriadas, por lo que deben volver al Estado. Además, en 26 procesos se les reconocieron las mejoras a quienes las estaban ocupando de manera indebida.
Entre los predios que ya tienen un fallo administrativo culminado por la Agencia de Tierras, y que están listos para recuperarse, se encuentran la isla Gloria, El Peñón, la isla Majayura, la isla San Antonio de Pajaral, San Quintín, María del Mar, Kaloa, San Juan de Pajarales, isla Bonaire, isla Fiesta, Santa Lucía de los Pajarales, San Martín de Pajarales, Yomarah, isla Macabi, entre otros.
Y en el archipiélago de San Bernardo ya se han tomado decisiones sobre 42 baldíos, mientras que en otros 59 se está en la etapa probatoria para demostrar que se trata de bienes públicos y no privados.
De los casos en las islas del Rosario, al menos 19 tienen una acción de revisión ante el Consejo de Estado, que tiene la última palabra sobre si se trata de ocupaciones indebidas o no.
Entre los expediente que revisa el alto tribunal están el de Gente de Mar. En ese predio, desde el 2007, particulares construyeron un resort y aunque ya hay fallos judiciales que indican que debe retornar al Estado, los ocupantes han interpuesto toda clase de recursos para continuar en la playa.
Entre las dificultades que ha encontrado el Gobierno para recuperar esos predios están los malos manejos que se le venían dando a este tema dentro del extinto Incoder, entidad que fue reemplazada por la Agencia de Tierras. La agencia ha encontrado que las resoluciones que declaran la indebida ocupación y que fueron expedidas por el Incoder “carecen de una redacción de linderos que identifique físicamente los bienes, circunstancia que impide la ejecución material del acto administrativo”, dice el informe del Gobierno.
Otro caso polémico ha sido el del caserío Orika. En el 2013, la Corte Constitucional determinó que esos predios se le debían adjudicar a los habitantes de esa comunidad, ya que allí han vivido ancestralmente, por lo que tienen el derecho de la posesión.
El caso se inició el 14 de noviembre del 2007, cuando los apoderados del Consejo Comunitario de Comunidades Negras del caserío Orika presentaron una acción de tutela contra el Incoder para reclamar la titulación de esos predios y frenar el proceso de recuperación que venía adelantando la entidad.
En este caso, el Gobierno asegura que se “requiere identificar con exactitud el polígono de adjudicación efectuada a título colectivo a la comunidad Orika, para efectos de excluir predios objeto del proceso de recuperación que presenten traslape con lo titulado”.
El Gobierno también documentó que por lo menos 20 expedientes sobre playas y baldíos ocupados en las islas del Rosario y tres en el archipiélago de San Bernardo no fueron entregados por el Incoder a la Agencia de Tierras.
Esa omisión llevó a que la Agencia de Tierras tuviera que iniciar desde ceros la reconstrucción de todos esos procesos.
Para cumplir con esa tarea, desde este año, la Agencia inició un levantamiento topográfico en cada predio.
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