Esta es la evidencia que halló Pizano sobre giros oscuros de Odebrecht

Esta es la evidencia que halló Pizano sobre giros oscuros de Odebrecht

Un exdirectivo de la ANI y un poderoso contratista costeño están detrás de 2 de los 6 contratos.

Jorge Enrique Pizano

Jorge Pizano documentó desde 2015 giros sospechosos y se lo reveló a sus superiores.

Foto:

Mauricio Moreno / Archivo EL TIEMPO

Por: Unidad Investigativa
18 de noviembre 2018 , 11:09 a.m.

Para Medicina Legal, la muerte del ingeniero Jorge Enrique Pizano, el ‘controller’ o supervisor especial de la controvertida concesión Ruta del Sol II, se debió a un infarto y no al cianuro que acabó con la vida de su hijo Alejandro, en un episodio aún por aclarar.

Esa doble tragedia, ocurrida entre el jueves 8 y el domingo 11 noviembre, no solo tiene devastada a la familia sino que, además, terminó sacudiendo al país y a un expediente que muchos creían en su recta final: el escándalo por los millonarios sobornos que pagó en Colombia la multinacional Odebrecht.

Los 11 millones de dólares de los que habló inicialmente el Departamento de Justicia, en 2016, ya iban en 32 millones de dólares. Y la Fiscalía había logrado poner tras las rejas a 14 pesos pesados, como los exsenadores Bernardo ‘Ñoño’ Elías y Otto Bula; el exviceministro de Transporte Gabriel García; José Elías Melo, expresidente de Corficolombiana (socia de Odebrecht en la Ruta del Sol), y Roberto Prieto, exgerente de las campañas Santos Presidente.

Pero Pizano estaba convencido de que aún faltaban por rastrear al menos 24.000 millones de pesos de contratos sospechosos de los que Odebrecht no le habló ni al FBI ni a la Fiscalía
, con la que insiste en firmar un principio de oportunidad que libre de cargos a sus ejecutivos.

El ‘controller’ los detalló en varios informes que le pasó a la Concesionaria Ruta del Sol desde 2015, a José Elías Melo y al hoy fiscal general, Néstor Humberto Martínez, su amigo y entonces abogado de Corficolombiana.

Así lo prueban varios audios que hizo de las reuniones con Martínez, en las que entregó nombres de implicados y cifras, aunque no tenía certeza de que se tratara de sobornos.

La información fue tan precisa, que varias de esas conversaciones, reveladas por Noticias Uno y El Espectador tras la muerte del ingeniero (que padecía de un cáncer linfático), pusieron esta semana a dar explicaciones al Fiscal General
en torno a una eventual omisión de denuncia.

En los audios se escucha a Pizano y a Martínez barajar hipótesis que iban desde el pago de coimas a gobiernos hasta giros a paramilitares.

De hecho, la Fiscalía abrió, desde hace 16 meses, una nueva línea de investigación para establecer si ese dinero quedó en manos de poderosos políticos de regiones donde Odebrecht tenía intereses.

Ante el convencimiento de que sus informes habían sido sepultados, Pizano dedicó sus últimos meses de vida a contactar a periodistas y a agentes del FBI para revelarles sus hallazgos.

Y estaba listo a jugársela en su rol de testigo de la defensa del expresidente de la Agencia Nacional de Infraestrctura (ANI), Luis Fernando Andrade
(quien también dice que solo se conoce un 25 por ciento de los sobornos), y en el de Melo. En audios, documentos y correos, a los que EL TIEMPO tuvo acceso, consta que Pizano fue el primero en descubrir que Eder Ferracuti, el brasileño presidente de la concesionaria, se reunía con el siniestro Otto Bula, quien después terminó confesando cómo repartió los sobornos.

El hombre de la ANI

Documentó, además, reuniones con el empresario Federico Gaviria, el encargado de la repartija de coimas al grupo de ‘los buldóceres’, seis congresistas que habrían presionado decisiones a favor de Odebrecht.

Además, Pizano tenía bajo la lupa a empresas que habrían recibido giros millonarios sin aparente justificación
: Presoam S. A. S., la Concesionaria Torrosa y las firmas RGQ Logistic, Desimpro S. A., Consultores Unidos y Profesionales de Bolsa, entre otras.

Y si bien las dos últimas aparecieron en el expediente, de las indagaciones sobre las otras el ‘controller’ no tenía noticia.

En el caso de Presoam, Pizano estaba aterrado de que la empresa, creada con un millón de pesos en 2010, bajo el nombre de Sky Blessed S. A. S., para confeccionar ropa, hubiera cambiado su objeto social cuatro años después y facturara 11.900 millones de pesos con la Ruta del Sol II, en estudios para la compra de predios.

Además, descubrió que Édgar Chacón Hartmann, exgerente predial de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), tenía nexos con esa empresa.
Y sospechaba que involucrados en la compra de predios para la vía, robaron al Estado inflando sus precios. Así lo dijo en las conversaciones con Martínez.

EL TIEMPO estableció que, en efecto, una persona de nombre Édgar Alfonso Chacón Lozano aparece como accionista único de Presoam. Además, que Hugo Chacón Carreño, supuesto hijo del funcionario de la ANI, fue gerente administrativo.

Además, el Humberto Sánchez Verano que firmó los contratos, se encargó de cambiar el nombre a la firma y de pasarla del reglón de la confección de ropa al de la consultoría predial.

“Cuando estalló el escándalo, Chacón Hartmman salió de la ANI. Pero meses después lo contrataron como asesor externo.
En julio de 2017, la Fiscalía inspeccionó a Presoam y el exfuncionario fue citado a versión”, dijo un investigador.

Y aseguró que ahora se indaga si los giros están relacionados con el hecho de que la ANI accediera a firmar los otrosíes 7 y 9 que, entre otras cosas, contemplaron que a la concesión ya no se le pagara por hitos (obras ejecutadas) y se mejoraran las condiciones del contrato. El exministro García Morales y Eduardo Zambrano, de Consultores Unidos, ya accedieron a hablar de cómo los brasileños obtuvieron esas gabelas y uno ya mencionó a Presoam.

Hace 14 meses, la Fiscalía también ordenó realizar una inspección a la Concesionaria Torrosa, que aparece en los reportes de Pizano de 2015 recibiendo 9.300 millones de pesos de la Ruta del Sol II
por la ejecución de estructuras y drenajes del tramo 7.

Torres, el eslabón

Tras varios hallazgos, hace un mes, Javier Mauricio Torres Vergara, representante de Inversiones Torrosa y miembro de una poderosa casta de contratistas barranquilleros, fue llamado a interrogatorio como indiciado. Sin embargo, la audiencia se frustró por compromisos de su abogado, Iván Cancino.

“Acá no se cometió ningún delito y vamos a dar las explicaciones del caso”, le dijo Cancino a EL TIEMPO, y agregó que estaba pendiente de la nueva citación.


Ahora se indaga si Torres, quien reemplazó en el Congreso al ‘parapolítico’ Jaime Cervantes, del partido Cambio Radical, entre 2002 y 2003, sacó el dinero que le entregó Odebrecht a través de Invertor, su firma en Panamá.

“Torres es hijo de Sergio Torres Reátiga, que es muy influyente en Barranquilla y le heredó el negocio”, dice un político costeño.

Dentro de ese mismo paquete de indagaciones, el 13 de marzo pasado se escuchó en declaración jurada a la representante de RGQ Logistics, Liz Aura Peña Rojas, y a Álvaro Andrés Quimbaya Noches.

RGQ aparece recibiendo 4.905 millones de pesos de la Concesionaria Ruta del Sol II para supuestamente mover productos asfálticos desde la refinería de Barrancabermeja
hacia las plantas de Consol, en Torcoroma y Puerto Boyacá.

Pero una indagación interna de la concesionaria reportó que se le efectuaron pagos a esa compañía por servicios no prestados.

Dentro de esa misma línea de investigación, también fue citado a la Fiscalía Andrés Sanmiguel Castaño, socio de Gistic Soluciones Integrales. Se le tomó declaración jurada el 12 de julio, luego de que esa empresa fuera mencionada (aunque con una imprecisión en el nombre) por los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe. En efecto, en agosto de 2017, estos pidieron que se indagara si por medio de socios de esa firma se habrían entregado 3.800 millones de pesos de Odebrecht a la campaña presidencial de Santos.

La auditoría

Los empresarios citados han negado hasta ahora cualquier tipo de irregularidad. Pero la Fiscalía dice que alista medidas de fondo en al menos dos casos.

Pero Pizano no lo sabía y empezó a quejarse de que sus denuncias no habían sido tenidas en cuenta.

Las demoras en las investigaciones llevaron incluso a Pizano a sospechar que nadie le había creído y que, por el contrario, existía un plan de desprestigio para vincularlo con irregularidades en una obra de la Empresa de Acueducto de Bogotá, de la que fue su gerente.

Ahora se sabe que además de las indagaciones de la Fiscalía, Corficolombiana le exigió a Odebrecht que se nombrara un comité de ética para que explicara los desembolsos
detectados por Pizano y por Javier Mejía, gerente de la obra.

Y aunque ese comité concluyó que todo estaba en orden y los brasileños nunca admitieron irregularidades, terminaron aceptando que en efecto había un desfase por 33.000 millones de pesos en los giros cuestionados. Según Corficolombiana, para resolver ese desfase se suscribió un contrato de transacción el 11 de marzo de 2016, que además contemplaba un nuevo sistema de gobierno corporativo y sistemas de vigilancia, seguimiento, auditoría y cumplimiento, lo que obligó a cambiar los estatutos del acuerdo consorcial.

Bajo esas nuevas reglas, los brasileños se comprometieron a presentarles a Episol y Corficolombiana un informe de un auditor independiente, pero el escándalo les estalló.

Tras la revelación de los audios de Pizano, Corficolombiana emitió un comunicado en el que dijo que nunca supo para quiénes iban dirigidos los dineros extraídos por Odebrecht
de la concesionaria ni que su destino fuera el pago de sobornos. Además, que pidieron ser reconocidos como víctimas dentro del caso y reiteraron su respaldo a las investigaciones y su disposición de colaborar con las autoridades que lo requieran.

Voceros de Odebrecht, por su parte, salieron a reclamar que fueron ellos los que salieron a confesar y denunciar, con lo cual se puso a andar la investigación que hoy tienen tras las rejas al exviceministro Gabriel García y al exdirectivo de Corficolombiana José Elías Melo.

Pero no se refirieron a los contratos detectados por Pizano, que tampoco aparecen en su proceso de colaboración, lo que podría poner a tambalear el acuerdo que ellos firmaron con la justicia de Estados Unidos.

UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.co
En Twitter: @uinvestigativa

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