Los casos de invasión de tierras vienen creciendo en diferentes zonas del país, situación que ha generado problemas de orden público.
Por eso el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, lanzó esta advertencia: "Son prácticas inaceptables para este Gobierno, de manera que las fuerzas de Policía deben actuar para impedir la ocupación de esos terrenos y dentro de las 48 horas siguientes, como lo consagra la ley, tomar las medidas y realizar las acciones necesarias para desalojarlos".
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En esa línea se pronunció en la noche de este miércoles el general Javier Josué Martín Gámez, jefe nacional del servicio de la Policía, quien reconoció que en los últimos días se ha presentado un incremento en la ocupación ilegal de bienes (predios).
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"Sin desconocer que es un problema de vieja data. Hablamos que del 2014 a la fecha tenemos una afectación de 485 predios que han sido invadidos y en la actualidad algunos de ellos continúan con este inconveniente", aseguró el general Martín, quien añadió que "en los últimos días se han registrado 54 eventos de invasión de tierras, 12 de ellos de alguna relevancia".
El oficial señaló que ante esta situación están establecidos los protocolos. "Un protocolo que privilegia de manera inequívoca el diálogo con los diferentes actores", en el que deben participar los entes territoriales, ya sea Gobernación o Alcaldía, al igual que el Ministerio Público "para garantizar los derechos humanos y para que sean veedores efectivos de esta negociación", puntualizó el director del servicio de la Policía.
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¿Aplican las 48 horas?
El general Martín explicó que se habla de 48 horas, "pero aquí se trata es de interpretación de la norma", y señaló que el Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana "habla de 48 horas por la facultad directa que tiene la Policía Nacional para recuperar un predio que ha sido invadido".
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A lo que un tiempo después viene la actuación por parte de los inspectores de Policía a quienes deben dirigirse las víctimas para recuperar sus predios, "el artículo 82 refiere el derecho a la protección del domicilio mediante querella por parte del propietario ante el inspector de policía", puntualizó Martín.
El jefe nacional de servicio de la Policía afirmó que el inspector pide la mediación de la Policía "para él poder hacer la recuperación de la tierra y entregársela a su propietario", y que después vienen, inclusive, "actuaciones judiciales porque muchos de esos casos ya están en estrados judiciales a la espera de un veredicto la decisión de un juez de la República".
Diálogo sobre la fuerza
Las autoridades ya han documentado 19 casos con patrones similares.
Archivo Particular
De acuerdo con el general Martín, en este momento se esta incentivando "para que nos sentemos a negociar, al diálogo para poder solucionar sin la necesidad de llegar al uso de la fuerza".
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El uso de la fuerza "sería en últimas el recurso que nos quedaría después de agotar todas las posibilidades de dialogar. Inclusive para el uso de la fuerza también tenemos unos protocolos, la idea es que no sea con la intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad); sino que antes de eso intervenga la fuerza disponible con el fin de disuadir, inclusive seguir conversando".
El general aclaró que si ante esta situación son objeto de ataques por parte de los invasores, con elementos contundentes, "como desafortunadamente ha sucedido, pues ya habría una necesidad de actuar y de intervenir con el Esmad, como último recurso", reiteró.
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Aseguró que el Esmad entraría con la consigna de utilizar en menor escala la fuerza "pendientes de no generar daños a los manifestantes", sobre la base de que tampoco agredan a "nuestras unidades policiales".
Señaló que en ese caso se utilizarían elementos no letales, que están autorizados como los gases o las granadas de aturdimiento "que serán bien utilizadas por nuestras unidades que están totalmente capacitadas para evitar daños colaterales", puntualizó el general Javier Martín Gámez.
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