La Policía Nacional está en el ojo del huracán y en medio de fuertes cuestionamientos nacionales, e incluso internacionales, por las denuncias de abuso de autoridad y excesos en los procedimientos que se han desarrollado durante el paro nacional.
Entre el 28 de abril y el 18 de mayo se han abierto 142 investigaciones disciplinarias contra los uniformados.
De estas, 68 son por abuso de autoridad; 10 por homicidio; 28 por agresiones físicas y 14 por lesiones personales.
Según la Fiscalía, en medio de hechos relacionados con la protesta han muerto 15 personas, mientras que el Ministerio de Defensa reporta 979 civiles y 966 policías herido. Esta situación ha llevado a que varios sectores insistan en acabar o reestructurar la Policía.
El general Jorge Luis Vargas, director de la institución, respondió a los cuestionamientos y le afirmó a EL TIEMPO que “la Policía Nacional sí se va a reformar”.
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El general de la Policía Jorge Luis Vargas.
Milton Dìaz
El oficial señaló que con el apoyo de un grupo de congresistas se presentó hace dos meses ante el legislativo un proyecto de reforma policial integral que se sustenta en cuatro ejes. Con los recientes hechos, se buscará que avance en su trámite en el Congreso.
El punto más importante para Vargas es el que se refiere al fortalecimiento de los derechos humanos, con nuevas reglas y exigencias dentro del estatuto de carrera. “Es decir que para poder seguir como policías deben estar certificados en derechos humanos y cumplir las reglas que señalan el proyecto”, aseguró.
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Resaltó que la reforma exige a los uniformados cumplir con unos estándares muy altos. “El policía tiene que pasar exámenes para poder trabajar y seguir en la institución; habrá procedimientos unificados, regulados” dijo el general al explicar que esos procedimientos serán públicos.
Dijo que con los estándares homologados, por ejemplo, se mejorará el proceso de captura y judicialización de las personas, siempre sobre la base del respeto a la ley y el cumplimiento de los preceptos de derechos humanos.
Otro aspecto hace referencia al nuevo estatuto disciplinario con el que se busca dar celeridad a los procesos investigativos por faltas y comportamientos, “en ética policial y derechos humanos”, puntualizó.
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Esa reforma, manifestó Vargas, también se refiere a un nuevo diseño organizacional para atención y control del crimen en torno a la seguridad ciudadana.
Precisamente, en este nuevo organigrama entra la figura de una especie de veedor, una persona independiente de la Policía, para verificar el cumplimiento de las directrices en derechos humanos.
Sobre el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), el director de la Policía reiteró que es una “herramienta necesaria”, aunque no descartó “ajustes”, por lo que aseguró que se va a certificar en derechos humanos “y a fortalecer con una actualización de sus procedimientos”, resaltó.
Afirmó que "están abiertos a mejorar en los temas que hacen referencia al Esmad", aunque resaltó que cuentan con estándares de supervisión de la Defensoría del Pueblo y que “toda acción de un miembro del Esmad puede estar bajo control de la Procuraduría y de la misma ciudadanía”
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El director dijo que el proyecto nació tomando experiencias como las de septiembre del 2020, por lo que se hizo “una evaluación del pasado y del presente escuchando a la comunidad y a los policías”, lo que se traduce en que la reforma se está planteando con las lecciones aprendidas de lo acontecido en los últimos años.
El oficial se mostró contrario a la idea de sacar la Policía de la línea del Ministerio de Defensa y dijo que sería un “riesgo” porque se podría llegar a “una interferencia politiquera” y que se podría “perder lo alcanzado en un país con narcotráfico y violencia procedente de dineros del narcotráfico”.
ALICIA LILIANA MÉNDEZ
SUBEDITORA JUSTICIA
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