Entre el 6 y el 21 de noviembre del año 2015, las justas deportivas más importantes del país tuvieron que moverse a lugares distintos a los definidos inicialmente porque los escenarios que se construirían para las competencias en Ibagué nunca tomaron forma.
De hecho, días antes de la fecha de inicio de los Juegos, se contempló la posibilidad de aplazarlos por un año por cuenta del saqueo del cual fue víctima el proyecto en la capital del Tolima.
Sin embargo, los organizadores siguieron adelante y la mayoría de actividades terminaron realizándose en Chocó, Valle del Cauca y Bogotá.
El complejo deportivo quedó en ruinas, mientras los miles de millones de pesos que se entregaron para las obras fueron a parar a los bolsillos de particulares y funcionarios públicos.
La investigación determinó que se cometieron irregularidades en tres contratos: la fase de estudios y diseños del Parque Deportivo de Ibagué, que se firmó por un valor de 11.000 millones de pesos; los estudios, diseños y construcción de la Unidad Deportiva de la calle 42 con quinta, por 37.299 millones, y los diseños y obras del estadio Manuel Murillo, que tenían un valor de 811 millones de pesos.
Hoy, tres años después de los Juegos, han sido procesadas judicialmente 16 personas, entre ellos el entonces alcalde de la capital tolimense, Luis Hernando Rodríguez.
El exfuncionario fue capturado en Espinal (Tolima) el 9 de noviembre del 2017 por investigadores del CTI y fue imputado por los delitos de prevaricato, peculado, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin el cumplimiento de requisitos legales.
Rodríguez es señalado de cometer varios delitos en la promoción y firma del contrato 074 del 11 de marzo de 2015, en el que fueron acordados los estudios, diseños, adecuación y construcción de la Unidad Deportiva La 42, que consistía en levantar distintos escenarios deportivos en un lote de 33 hectáreas. Así mismo, se encontraron irregularidades en la adjudicación del contrato por 811 millones para las adecuaciones del estadio.
"Como ordenador del gasto, habría direccionado al consultor para que usara diseños elaborados con anterioridad por un arquitecto con el que, supuestamente, fue acordado un pago", sostiene la Fiscalía.
Según los investigadores, Hernández recibió una coima de 2.150 millones de pesos por favorecer a ciertas personas y empresas con los contratos de esas obras.
De los 16 procesados, cinco eran funcionarios públicos. En total han sido impuestas cinco condenas.
Actualmente, Ibagué está adelantando un proceso con el que espera, en los próximos meses, adjudicar nuevos contratos para construir los escenarios que quedaron en planes o a medias.
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