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‘Hay que mejorar la calidad de vida de los jóvenes': fiscal Barbosa
Francisco Barbosa

El fiscal general Francisco Barbosa reitera que la muerte de cada defensor de derechos human

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Fiscalía General de la Nación.

‘Hay que mejorar la calidad de vida de los jóvenes': fiscal Barbosa

El fiscal general, Francisco Barbosa, dice que hambre y desempleo son causantes de la protesta.

La definición que hace el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, sobre los momentos de protesta, mezclados con una violencia feroz, que sufre el país, parece ser exacta: “Existe mucho dolor en la sociedad colombiana”.

Y el mismo fiscal Barbosa adjudica a la pandemia, al hambre y al desempleo “parte de las causas de la molestia social”. Para el alto funcionario, el diálogo es el camino para encontrar la solución de la crisis. 

Por otra parte, el Fiscal General entrega un aterrador balance de todos estos 47 días de paro, de vandalismo y destrucción. Sobre este tema, Barbosa es enfático en afirmar que “se ha descartado completamente la configuración del delito de desapariciones forzadas”.

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¿Cuál fue el balance que le entregó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?

Se les explicó el informe que realizamos acerca de las acciones de investigación, esclarecimiento de delitos y defensa de los derechos humanos que adelanta la Fiscalía en el marco de la protesta social.

¿Cuál es su opinión sobre esta visita de trabajo de la Comisión?

La Fiscalía respeta y valora profundamente la labor de los órganos del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.

¿Concretamente sobre qué investigaciones trató su informe a la Comisión?

Son lineamientos generales para la investigación de conductas punibles cometidas en el marco de la protesta social: homicidios, denuncias de desaparición, violencia sexual, detenciones arbitrarias, presuntas agresiones de civiles armados.

¿Qué resultados arrojan las investigaciones de la Fiscalía sobre ese vandalismo?

Contundentes. Hemos capturado y judicializado a quienes destruyeron los peajes de Irra y San Miguel, en Sibaté; a quienes quemaron el Palacio de Justicia de Tuluá, a varios delincuentes que en Cali, Palmira y Jamundí vandalizaron cajeros automáticos, bancos y estaciones de servicio. Llevamos a la cárcel a quienes de manera absolutamente criminal quemaron los CAI de Aurora, Socorro y Engativá, atentando contra la vida de los policías que estaban dentro.

Es claro que la Policía como institución no viola derechos humanos, pero sí lo hacen algunos de sus miembros. ¿A qué lo adjudica usted?

La Policía Nacional ha sido fundamental para sostener el Estado de derecho en Colombia. Su trabajo centenario y su evolución han sido reconocidos a nivel nacional e internacional. Los delitos realizados por algunos miembros que han actuado en contra de la ley son reprochables y merecen el mayor castigo. Siempre debe ponerse sobre la mesa que no puede ni generalizarse ni creer que las ovejas negras en las instituciones representan sus valores.

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¿A qué atribuye la ira que se observa en los atacantes civiles? Destruyen y asaltan con furia… y arremeten contra agentes de policía, sin piedad…

La destrucción no es admisible en una sociedad civilizada. La ira o la molestia pueden existir, pero cuando se comete un delito por cuenta de ese sentimiento, la Fiscalía General y la justicia actúan. Gran parte de los actos de destrucción que buscan producir zozobra y caos se llama terrorismo y así lo hemos defendido ante los jueces de garantía. El límite de la protesta social es el delito.

Pero muchos observadores adjudican el origen de esos ataques al hambre y el desempleo y la desesperación popular que está afectando a nuestro país…

El hambre y el desempleo son parte de las causas de la molestia social, no de la criminalidad. Existe mucho dolor en la sociedad colombiana. Hemos sido afectados por una pandemia, se han perdido empleos, empresas, se contrajo la economía, se ocultó el emprendimiento y se produjo sufrimiento. Han muerto más de 90.000 colombianos por el covid-19; eso no puede pasarse por alto.

Por esa razón deben reconocerse los fenómenos sociales como parte de la protesta pacífica, por eso debe escucharse a la gente y generar espacios de interlocución para dar solución a los problemas estructurales del país. La palabra siempre será una herramienta de convencimiento. La agresión no. La Fiscalía persigue el delito, no el diálogo social.

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¿Cuál ha sido el papel de la Fiscalía General durante el paro?

La Fiscalía General de la Nación se ha limitado a ejercer sus competencias constitucionales y legales, que se refieren a la investigación de los hechos que revisten las características de delitos y el ejercicio de la acción penal. Por supuesto, conscientes de que no estamos en un escenario de normalidad, de que el país enfrenta un especial contexto de violencia, zozobra y amenaza a las instituciones, que plantea nuevos desafíos y necesidades en lo que se refiere al combate de la criminalidad. Hoy, más que nunca, la delincuencia se reinventa y nuestro deber es actualizar sus abordajes investigativos, de conformidad con la constitución.

¿Qué tipo de fórmula podría proponer usted como eventual ‘buen componedor’ para remediar la situación?

El rol del fiscal no es el de buen componedor sino el de representar una entidad que es garante de la legalidad y la justicia en Colombia. Sin embargo, en aras de aportar soluciones en estos momentos aciagos, me atrevería a señalar que el único legitimado para liderar la construcción de un gran acuerdo nacional con los colombianos es el Presidente de la República. Nadie se puede arrogar la representación de los sectores a menos que sea elegido democráticamente. Ese es el sentido del sistema democrático, lo demás son entelequias.

¿Pero cómo podría definirse un camino de solución?

El acuerdo podría incluir varios tópicos, como la formulación de políticas públicas que ayuden a mejorar la calidad de vida de los colombianos y en especial de los jóvenes, un acuerdo irrestricto para recuperar el aparato productivo del país y continuar la vacunación para permitir la reactivación. Del mismo modo, persistir en la implementación del acuerdo de paz, fortaleciendo las inversiones en las zonas Pdet y Zonas Futuro. En esto, los resultados deben contarse en voz alta. Por nuestro lado, seguiremos persiguiendo la criminalidad y acompañando la institucionalidad colombiana. Con estos puntos, el país podría recuperar la senda de la confianza y, seguramente, esta crisis se convertirá en una gran oportunidad.

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¿Cuál es el balance que tiene la Fiscalía sobre más de 40 días de paro? ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos heridos? ¿Cuántos desaparecidos? ¿Cuántos establecimientos destruidos? ¿Cuántas investigaciones?

La Fiscalía tiene un consolidado de 51 personas fallecidas durante la jornada de paro nacional. Sin embargo, tras las verificaciones de rigor, se determinó que solo 21 de estos homicidios tuvieron lugar en el marco o con ocasión de la protesta, mientras que 19 no guardan relación con ella y 11 se encuentran en proceso de verificación. En cuanto a las desapariciones, a la fecha existen 4 denuncias por el delito desaparición forzada en el marco de la protesta. Están en indagación.

¿Pero qué hace la Fiscalía frente a las denuncias sobre desapariciones?

La Fiscalía ha activado el Mecanismo de Búsqueda Urgente, con un equipo de más de 700 investigadores que trabaja en las denuncias sobre desapariciones durante las jornadas de paro nacional. Al 6 de junio de 2021, se reportan 335 personas ubicadas y el mecanismo continúa operando frente a 84 casos.

¿Y en cuanto a civiles heridos?

La Fiscalía ha priorizado 498 casos de civiles heridos en manifestaciones violentas. Tenemos en curso 970 noticias criminales por lesiones a 1.063 policías.
Manifestantes muertos, desaparecidos, mutilados o gravemente heridos… policías muertos, quemados y también gravemente heridos. Los policías son de humilde origen. Muchos estudiantes también lo son. ¿Cómo detener semejante guerra?
Persiguiendo a los criminales que están detrás de la acción delictiva. Los diálogos son con los colombianos que respeten la legalidad y el Estado de derecho, allí no caben las competencias del ente acusador. Lo que quiero que quede claro es que la Fiscalía General es baluarte y guardián de la estabilidad democrática de Colombia.

¿Cuál es el balance que tiene la Fiscalía sobre ataques a establecimientos?

Tenemos el siguiente consolidado: 194 ataques a centros de atención inmediata (CAI), 203 a vehículos de la Policía Nacional, 62 a estaciones de servicio, 242 a sedes bancarias, 107 a cajeros automáticos, 318 a entidades públicas, 13 a sedes de la Fiscalía, 38 a peajes y 364 saqueos en almacenes.

Frente a semejante desastre, ¿cuántas personas son investigadas?

Han sido imputadas 224 personas, 80 de las cuales recibieron medida de aseguramiento. Lo anterior, por delitos como homicidio, violencia contra servidor público, daño en bien ajeno, obstrucción a vía pública que afecta el orden público, terrorismo, hurto, asonada, lesiones personales, perturbación en servicio de transporte colectivo u oficial, fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y fabricación y tráfico de sustancias u objetos peligrosos.

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Varias organizaciones sociales critican a la Fiscalía por el manejo de las cifras sobre desaparecidos y denuncian que el número de personas sin localizar es superior. ¿Cuál es el protocolo que emplea la entidad?

Una vez el Mecanismo de Búsqueda Urgente es activado, el inicio de las diligencias debe producirse en un término no mayor a 24 horas. La Fiscalía informa de inmediato a la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a la Policía Nacional y a las demás autoridades que tengan registrados datos de la presunta víctima, de personas desaparecidas o de cadáveres sin identificar, con el fin de que se crucen los datos pertinentes para recopilar información útil. Es importante señalar que en todos los casos de las personas que han sido ubicadas, se ha descartado por completo la configuración del delito de desaparición forzada.

¿Se puede hablar de excesos de la Fuerza Pública en las manifestaciones?

Claro que sí, han sucedido hechos puntuales que lo corroboran y que la Fiscalía tiene el deber de investigar, en tanto constituyan delito. Así lo hemos hecho, al punto de haber logrado capturas, formulaciones de imputación e imposición de medidas de aseguramiento contra miembros de la Fuerza Pública.

Y también excesos de los manifestantes. ¿Se ha confirmado infiltración?

Los elementos materiales probatorios recopilados, dentro de ellos interceptaciones, declaraciones, documentos, explosivos y dinero incautado, armas y municiones, dan cuenta de la participación de la ‘Segunda Marquetalia’, una disidencia que habría infiltrado las movilizaciones pacíficas con armas, dinero y explosivos para acciones terroristas en Cali. Lo mismo frente a la disidencia ‘Dagoberto Ramos’, relacionada con bloqueos en la misma ciudad, así como con transporte de armas y explosivos. También se ha constatado la operación de las disidencias de las Farc, estructura ‘Franco Benavides’, encargada de desplazamientos de diferentes comunidades hacia Cali y apoyar bloqueos a través del pago de dinero. En cuanto al Eln, el frente ‘José María Becerra’ ha liderado la Red de Milicias Urbanas en Cali y ha conseguido armamento para sus filas.

¿Por cuáles delitos serán investigados los civiles que fueron grabados utilizando armas durante las manifestaciones en Cali?

Eso dependerá de lo que arrojen las investigaciones en cada caso. Eventualmente, si no se trata de armas de fogueo, puede configurarse el porte ilegal de armas e incluso la tentativa de homicidio. Los policías involucrados, por su parte, responderían, cuando menos, por prevaricato por omisión: su deber era impedir que los particulares concurrieran a disparar.

¿Hay indicios de que gobiernos extranjeros estén impulsando los bloqueos y el clima de desestabilización que enfrenta el país?

No existen elementos materiales probatorios o evidencia física que demuestre alguna participación de gobiernos extranjeros.

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¿Qué va a pasar con la destrucción de monumentos nacionales?

Seguimos en la verificación de todos estos hechos y en la identificación de quienes participaron en ellos. El delito de daño en bien ajeno es agravado cuando se produce la destrucción o inutilización de objetos de interés histórico, cultural, artístico o sobre bienes que conforman el patrimonio cultural de la Nación.

YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO

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