‘Están claras las facultades de Procuraduría ante elegidos por voto’

‘Están claras las facultades de Procuraduría ante elegidos por voto’

El procurador Carrillo habló sobre si las sanciones de la institución violan derechos políticos.

Fernando Carrillo, procurador general

Fernando Carrillo, procurador general de la Nación.

Foto:

Rodrigo Sepúlveda / EL TIEMPO

Por: María Isabel Ortiz Fonnegra
23 de noviembre 2019 , 10:07 a.m.

A comienzos del próximo año se conocerá el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que será clave en la facultad de la Procuraduría de sancionar a personas elegidas por voto popular.

Ese tribunal internacional estudia una demanda del senador Gustavo Petro contra una inhabilidad que en 2013 le impuso la Procuraduría por su esquema de basuras. Petro argumentó que la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) dice que solo autoridades penales, y no las administrativas (como la Procuraduría), pueden limitar derechos políticos de elegidos por voto.

Si en su fallo el tribunal internacional ratifica esa posición, el caso no solo tendría incidencia frente a la demanda de Petro, sino que, además, reabriría el debate interno sobre las facultades de la Procuraduría, una de cuyas principales funciones es investigar y sancionar con destitución e inhabilidad a funcionarios, incluyendo a los elegidos por voto.

El procurador general, Fernando Carrillo Flórez, defendió las facultades de la institución que encabeza y señaló que Colombia está obligada a actuar contra la corrupción.

En 2017, el Consejo de Estado anuló la sanción a Petro y dio un plazo de dos años (que se vence este mes) para que se ajusten las normas internas, de modo que no se viole la CADH. Aunque la carga más grande de esos cambios de leyes estaría en el Congreso, ¿está de acuerdo La Procuraduría con que se cambien sus facultades?


Las facultades sancionatorias las determinaron el Constituyente de 1991 y las Convenciones Internacionales de Lucha contra la Corrupción. La Procuraduría acata las decisiones de las altas cortes, que han reconocido su rol en materia disciplinaria, segura de que su labor es perfectamente compatible con los principios que rigen el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Por lo demás, dicho sistema se ha venido actualizando a las realidades de los Estados y a los nuevos retos que enfrentan los países en temas como criminalidad internacional y corrupción.

En su informe presentado a la Corte IDH, la Comisión IDH dijo que sí se violaron tratados internacionales con la sanción a Petro. ¿Cree que la Corte siga en su fallo esa interpretación?

Creo que la Corte IDH podría armonizar el sistema con las convenciones contra la corrupción y reafirmar lo que está sucediendo hoy, como son las decisiones garantistas e independientes de la Procuraduría, que es un órgano absolutamente autónomo frente al Poder Ejecutivo.

Lo que hemos defendido es la potestad del Estado de investigar y sancionar a quienes violan la ley disciplinaria y también a quienes cometen actos de corrupción, sin exclusión de quienes son elegidos popularmente, que, por demás, representan un porcentaje muy importante de los servidores territoriales. Los alcaldes, gobernadores, concejales y diputados son servidores reconocidos por el voto popular, pero a la vez con altas responsabilidades a la hora de demostrar que obran con transparencia y probidad.

Este año, un fallo de la Corte Constitucional dijo que las funciones de la Procuraduría no violan la CADH, ¿considera que ante decisiones disímiles entre dos altas cortes sea necesaria una aclaración de las facultades de la Procuraduría?

No vemos enfrentamiento de fondo en las posturas. Es clara, constitucionalmente, la potestad disciplinaria a cargo de la Procuraduría. El análisis sobre estándares del Sistema Interamericano debe hacerse a la luz de las decisiones de nuestras cortes, sin olvidar que todas las decisiones de la Procuraduría tienen control judicial por las cortes. Hemos acogido las recomendaciones de la Comisión IDH, y las decisiones judiciales internas de la Corte y el Consejo de Estado han sostenido nuestras competencias.

El Estado no puede seguir llegando tarde a levantar el cadáver de desconfianza, saqueo e ilegalidad y a contabilizar el impacto de la acción de los corruptos

Si la Corte IDH llega a decir que solo autoridades penales pueden limitar derechos políticos, ¿qué pasaría con la Procuraduría?

No especulemos sobre hipótesis. Los Estados tienen autonomía soberana para regular sus esquemas sancionatorios. Colombia está obligada no solo por el Sistema Interamericano, sino por instrumentos globales y regionales en materia de lucha contra la criminalidad y la corrupción.

Es impensable que figuras como la pérdida de investidura se perdieran por aplicar a rajatabla preceptos que se escribieron hace más de cinco décadas, cuando América Latina estaba en manos de dictadores, y que hoy deben interpretarse conforme a las circunstancias vigentes, como los tratados internacionales contra la corrupción. Es un falso dilema, y no contemplamos esa posibilidad de marginarnos de la institucionalidad, porque las autoridades tenemos que cumplir la Constitución y las leyes.

¿Qué pasaría con los fallos que ya ha tomado la Procuraduría si, eventualmente, la Corte IDH toma esa decisión?

De nuevo, es una hipótesis sobre la que no quiero especular, pero que entraría en contradicción con los fallos de nuestra Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la propia Convención Interamericana de Lucha Contra la Corrupción.

¿Por qué es importante que haya una autoridad como la Procuraduría en términos preventivos de faltas?

Porque el Estado no puede seguir llegando tarde a levantar el cadáver de desconfianza, saqueo e ilegalidad y a contabilizar el impacto de la acción de los corruptos. Hay que enfrentarlos antes de que actúen, con prevención, razón por la que estamos modernizando la Procuraduría para aplicar esquemas de inteligencia artificial.

En otros países no existe la Procuraduría, sino que esas funciones las tiene la Fiscalía, y muchas faltas disciplinarias son también de tipo penal, ¿cuál es la importancia de mantener la Procuraduría?

Ya se quisiera en otros países contar con una institucionalidad como el Ministerio Público. Nuestro rol es diferente al de las fiscalías. La Procuraduría nace en el siglo XIX como la conciencia y la magistratura moral de la sociedad, los ojos de los ciudadanos en la vigilancia de la conducta de sus servidores y en la defensa del interés común. Somos además intervinientes a nombre de la sociedad ante la justicia, nuestro interés es general.

MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA
REDACCIÓN JUSTICIA@JusticiaET

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