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Investigación

Comisión de la Verdad recibe informe sobre empresas y conflicto

El sacerdote jesuita Francisco de Roux encabeza la Comisión de la Verdad, que comenzó a funcionar a finales de noviembre del 2018.

El sacerdote jesuita Francisco de Roux encabeza la Comisión de la Verdad, que comenzó a funcionar a finales de noviembre del 2018.

Foto:Carlos Ortega / EL TIEMPO.

Fue elaborado por el Colectivo de Abogados José Alvear y reseña violaciones de Derechos Humanos.

Alicia Liliana Méndez
El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo le entregó en la mañana de este jueves a la Comisión de la Verdad un informe titulado: El rol de las empresas en el conflicto armado y la violencia sociopolítica".

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El documento de 42 páginas describe 9 patrones de violación de derechos humanos, durante los 50 años de conflicto, que vinculan "prácticas antisindicales, el comportamiento ilegal en la adquisición de tierras, y la represión de la protesta social y uso de la fuerza contra las comunidades". 
El Colectivo de Abogados fundamenta su trabajo en documentos, archivos y testimonios de víctimas, y como poderosos sectores empresariales (extractivo, mineroenergético, alimentario, industrial y ganadero), tuvieron directa incidencia en la violación de los Derechos Humanos de la sociedad civil, lo que llevó a la  "profundización del desplazamiento forzado y al debilitamiento de la democracia".
Otro de los objetivos es "encontrar caminos para establecer garantías de no repetición (...) al develar todas las malas prácticas empresariales que terminaron en violaciones de derechos humanos".
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Para el Colectivo, de esta manera se podrá avanzar de manera coherente "en la construcción de una paz estable y duradera que transforme las condiciones que dieron impulso al conflicto armado y la violencia socio política que ha soportado el país".
'Tenemos que priorizar la información más indispensable del conflicto'‘Nos preocupa que personas que dejaron las armas sean perfiladas’Comisión de la verdad pide le entreguen información sobre espionaje

Empresas deben incorporar como política el respeto a los Derechos Humanos

El informe concluye que el Estado y las empresas, sin importar su tamaño y sector, deben incluir prácticas "cotidianas, mecanismos y políticas de derechos humanos, debido a las consecuencias negativas que, a través de dolorosos ejemplos, estas ocasionan en el medio ambiente y los derechos humanos".
Destacan y llaman la atención que dentro del contexto de conflictos armados internos como es el caso de Colombia, el panorama se hace más difuso y "el lenguaje de la Responsabilidad Social Empresarial se convierte en un mecanismo de distracción para ocultar que, por acción y omisión, existe complicidad en delitos que inclusive pueden constituir crímenes internacionales, tal y como los definen el derecho penal internacional y el derecho internacional de los derechos humanos".
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Resaltan que en el documento se evidenció la conexión de grupos paramilitares, aceptados en relación directa con los integrantes de la Fuerza Pública, lo que incidió directamente en patrones de abuso y violación de Derechos Humanos.
Frente a estos hechos el Colectivo hace varias recomendaciones, como que se ubiquen a los determinadores de estos hechos de violencia para que  sus testimonios sirvan para conocer y esclarecer "casos de desapariciones forzadas y asesinatos individuales por la colusión entre grupos paramilitares, unidades de la Fuerza Pública y la empresa".
Otro ítem, hace referencia a que se llame a declarar a todas aquellas personas representantes empresariales que no lo hagan por voluntad propia. Anexar y buscar en los expedientes judiciales, en investigaciones independientes, en archivos de
inteligencia y bases de datos de diferentes instituciones estatales los documentos que dan cuenta de la complicidad empresarial en el conflicto armado.
Además de hacer la georreferenciación de los hechos, y hacer seguimiento a las amenazas, hostigamientos y "persecución judicial en contra de liderazgos sociales y sindicales", 
(Le recomendamos leer: 'Tenemos que priorizar la información más indispensable del conflicto').
Proponen crear una asignatura en la educación pública que aborde el conflicto armado y la violencia sociopolítica. Entre otros temas, que reflexione sobre la complicidad empresarial "según la verdad histórica y el conocimiento del Acuerdo Final para la terminación del conflicto armado".
JUSTICIA
En Twitter: @JusticiaET
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Alicia Liliana Méndez
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