El Tribunal Superior de Bogotá no avaló la petición de la Fiscalía para imputar cargos al general (r) Mario Montoya Uribe, excomandante del Ejército, por ejecuciones extrajudiciales.
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El Tribunal consideró que "es innegable" la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre las personas vinculada a delitos relacionados con el conflicto cometidos antes del 1 de diciembre de 2016.
El magistrado Fabio David Bernal Suárez indicó que la Fiscalía tiene un poder limitado en ese tipo de casos, que puede seguir investigando y acompañando a las víctimas, pero no imputar cargos. Añadió que los resultados de esas investigaciones se deben entregar a la JEP en el marco de la cooperación armónica.
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Añadió que la Fiscalía solo podrá indagar e investigar y no llegar a la imputación que ya se convierte en una audiencia en la que se expone un juicio de presunta responsabilidad del procesado.
El magistrado enfatizó en que la JEP debe continuar el proceso en las etapas que lleven a decisiones de fondo sobre la responsabilidad de las personas investigadas. Esto lo argumentó en los puntos acordados en La Habana y los pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre el tema.
El miércoles 25 de agosto comenzó la diligencia, pero en esta no se realizó la imputación, a la espera de definir si la justicia ordinaria sí es competente sobre este proceso, puesto que Montoya está sometido a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dentro del macrocaso 03, por 'falsos positivos'.
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El magistrado al que le correspondió el proceso, se tomó unos días para analizar el tema sobre si permitía o no, realizar la imputación que pidió tanto la Fiscalía como los representantes de víctimas.
En la otra orilla, la Procuraduría y el defensor de Montoya dijeron que esta imputación no podría realizarse pues habría un conflicto de competencias con la JEP.
El general (r) Mario Montoya fue el comandante del Ejército hasta noviembre del 2008.
Claudia Rubio
En su decisión el magistrado Bernal Suárez tuvo en cuenta la documentación presentada por la defensa del oficial en retiro sobre su sometimiento a la JEP y las audiencias que ya ha tenido en esa jurisdicción.
Añadió que en la JEP incluso ya se han tomado decisiones ante la petición de las víctimas.
Insistió que en la justicia ordinaria solo se pueden continuar las diligencias de carácter probatorio, es decir indagación e investigación.
La Fiscalía y la Procuraduría no interpusieron ningún recurso frente a la decisión. Los representantes de las víctimas indicaron que se están violando los derechos de las personas afectadas por los 'falsos positivos' y presentaron recurso de reposición.
Este martes a las tres de la tarde el juez resolverá ese recurso.
Desde que el general Montoya Uribe asumió el mando del Ejército Nacional, el 21 de febrero de 2006, instauró en todas las unidades de la institución, desde divisiones hasta pelotones y tropas que no estaban bajo su control operacional, “una política basada en la presión por resultados operacionales, en la que las muertes en combate eran el único criterio para evaluar y comparar a las unidades”.
Por cuenta de esa política, asegura la Fiscalía General, los “comandantes de sus unidades subordinadas sabían que Montoya no pedía (sino) exigía muertes en combate”.
Y, como consecuencia de ello, se produjeron al menos 104 ejecuciones extrajudiciales de personas, incluidos cinco menores de edad, por parte de unidades de la Primera, Segunda, Tercera, Quinta y Séptima División del Ejército entre noviembre de 2007 y noviembre de 2008.
Así lo aseguró la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema en un documento, en poder de EL TIEMPO, en el que plasmó las razones y hechos jurídicamente relevantes para llamar a imputación de cargos al excomandante del Ejército Nacional, uno de los oficiales más condecorados del país, quien fue protagonista de hechos de connotación nacional como la operación 'Jaque', en la que fue rescatada de manos de las Farc la excandidata presidencial Ingrid Betancourt en 2008.
La imputación que, según la Fiscalía y apoderados de víctimas, sí se puede realizar de acuerdo a las normas vigentes así el oficial se haya acogido a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), versará sobre casos que ocurrieron después de la entrada en vigor de la directiva 300-28 de 2007 del Comando General de las Fuerzas Militares, que ordenó privilegiar, como medición de los resultados operacionales, las desmovilizaciones sobre las capturas y estas sobre las muertes en combate.
Esa circular ordenó cambiar las prioridades operacionales como consecuencia de las denuncias que, al menos desde mayo de 2006, el Ministerio de Defensa y el general Montoya, como comandante del Ejército, estaban recibiendo sobre que las tropas estaban reportando falsamente civiles como muertos en combate.
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