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En segundo semestre estaría listo Plan de Política Criminal 2021-2025
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Andes

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Jaime Moreno. EL TIEMPO

En segundo semestre estaría listo Plan de Política Criminal 2021-2025

Nuevo borrador hace algunos ajustes frente a la versión que comenzó a discutirse el año pasado.

Aunque desde el año pasado comenzaron las discusiones para elaborar la guía de lo que sería la respuesta del Estado para la prevención y reacción del delito y sus consecuencias en el periodo 2020-2024, el Plan Nacional de Política Criminal aún no está listo.

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Van al menos dos borradores del documento. El último, que fue compartido con el comité técnico del Consejo Superior de Política Criminal –entidad que asesora en este tema al Gobierno– la semana pasada, amplió la fecha de aplicación de este plan, que ahora se proyecta para 2021-2025.

Desde el Ministerio de Justicia indicaron que siguen avanzando en la construcción conjunta del plan, el cual se trabaja en el examen de las observaciones presentadas por los miembros del Consejo de Política Criminal y se espera que se apruebe a finales del segundo semestre del 2021.

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El nuevo borrador del plan –conocido por EL TIEMPO– se divide en cinco componentes: prevención de la criminalidad, definición legislativa de los delitos y las penas, procesos de investigación y judicialización criminal, proceso de ejecución y cumplimiento de la sanción penal y resocialización.

En el primer punto, el borrador señala que el país ha tenido programas de prevención del delito que apuntan, la mayoría, a una prevención de tipo situacional. También añade que la pandemia de covid-19 demostró la necesidad de adaptar el sistema de política criminal por la reconfiguración del delito y para proteger a los grupos más vulnerables, como las mujeres, los menores de edad y los adultos mayores, a quienes el confinamiento los ha expuesto más a violencia intrafamiliar.

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El nuevo borrador tiene cinco partes: prevención de la criminalidad, definición legislativa de los delitos y las penas, procesos de investigación criminal,  ejecución de la pena y resocialización.


El plan propone implementar estrategias de prevención del delito de adolescentes, y se pone como meta estructurar un plan integral de prevención de violencias basadas en género con enfoque diferencial. Se incluyen acciones para prevenir delitos contra el medioambiente, de lavado de activos y financiación del terrorismo, así como delitos electorales, y se menciona un enfoque de justicia restaurativa.

En cuanto al segundo componente se resalta la necesidad de racionalizar el uso de la cárcel y evitar el populismo punitivo. Para ello se establecen, entre otras medidas, la realización de un estudio sobre la proporcionalidad en la determinación de las penas para los delitos de mayor impacto en el sistema judicial y penitenciario, y hacer un proyecto de acto legislativo que busque armonizar el sistema penal bajo principios de proporcionalidad.

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Se señala igualmente que se buscará un sistema de medidas alternativas para que no todo se sancione con la cárcel, para esto, el Ministerio de Justicia elaboraría un proyecto de reforma al Código Penal “que derive en la implementación de un sistema de penas y medidas alternativas a la privación de la libertad”.

En cuanto a investigación y judicialización –tercer componente–, se señala que debe haber una evaluación de las capacidades de obtener pruebas y una priorización para la persecución del crimen. En ese sentido, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía y la Policía estarán a cargo de hacer un diagnóstico de las falencias al respecto y plantear un plan de modernización de las herramientas técnicas, tecnológicas y metodológicas para ello.

Se plantea crear un sistema de responsabilidad para personas jurídicas, y hay una propuesta para que sea un nuevo delito la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Se plantean también medidas como hacer modelos de asistencia internacional, crear un mecanismo para la formulación de un sistema de responsabilidad para personas jurídicas, y hay una propuesta para que sea un nuevo delito la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.

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Incluso se consignan acciones para mejorar la congestión judicial como fortalecer la presencia efectiva de las instituciones del sector justicia para garantizar la realización de audiencias sin dilaciones y hacer un documento de propuestas de reformas normativas para garantizar el cumplimiento de los tiempos procesales.

Sobre la ejecución de las penas, se habla de hacer un plan maestro para el mantenimiento de infraestructura carcelaria, de fortalecer el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, y de hacer inteligencia para la reducción del crimen organizado en y desde las cárceles. También se plantea que la política penitenciaria debe adaptarse a los desafíos de la pandemia.

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Por último, frente a la oferta insuficiente de programas de educación, trabajo, deporte, recreación y otros que ayudan a la resocialización, se planea un plan nacional de resocialización, así como, de otro lado, un estudio sobre la reincidencia en el sistema penitenciario y lineamientos para prevenir que esto pase. Se hace hincapié en incluir programas dirigidos a jóvenes en la fase del postegreso, de tal manera que se garantice la continuidad del proceso de inclusión social.

MARÍA ISABEL ORTIZ
justicia@eltiempo.com
En Twitter: @MIOF_

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