La pausa judicial que rodea los 30 años del magnicidio de Pizarro

La pausa judicial que rodea los 30 años del magnicidio de Pizarro

JEP decidirá si asume el caso del escolta del DAS que estaba cerca de recibir sentencia.

Carlos Pizarro

El candidato presidencial Carlos Pizarro, líder del desmovilizado movimiento M-19, fue asesinado el 26 de abril de 1990.

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Archivo EL TIEMPO

Por: Juan David López Morales
26 de abril 2020 , 01:55 p.m.

En una terraza del otrora emblemático hotel Nutibara, en Medellín, y durante una reunión de notables de la sociedad colombiana de entonces, algunos de ellos todavía con figuración en la vida nacional, se habría tomado la decisión de asesinar al comandante desmovilizado del M-19 y candidato presidencial, Carlos Pizarro Leongómez.

Habrían sido hasta ocho personas las que determinaron no solo este magnicidio, sino también otros, como los de los líderes del partido de izquierda Unión Patriótica Bernardo Jaramillo Ossa y José Antequera.

Esa es la hipótesis sobre la que trabaja la Fiscalía para esclarecer el asesinato de Pizarro, ocurrido el 26 de abril de 1990, hace 30 años, en un avión de Avianca que cubría la ruta Bucaramanga-Bogotá-Barranquilla.

Por eso, entre diciembre y febrero, investigadores judiciales llegaron hasta el archivo histórico del hotel, en el sótano que lo conecta con las residencias Nutibara, en pleno centro de Medellín.

No es un archivo organizado ni está en las mejores condiciones, pero allí, en los libros de 1989 y 1990, buscan información de los huéspedes de aquella época, sobre todo de altas personalidades que hubiesen coincidido en algunas fechas. Además, sobre qué llamadas hicieron, cuántas veces fueron y si hay registro de sus actividades.

La hipótesis es que algunas de estas personas “ordenaban al brazo macabro del DAS, dirigido por Maza Márquez (entonces director de ese organismo de seguridad), que actuaba en conjunto con la casa Castaño Gil, ejecutar los crímenes” contra figuras de la izquierda política, dice el investigador a cargo del caso.

Aunque se reservan los nombres, los investigadores agregan que presuntamente se trataría de empresarios, industriales, políticos, altos oficiales de las Fuerzas Armadas y miembros del clero.

Esto ya lo había sugerido Carlos Castaño en la entrevista publicada como Mi confesión por el periodista Mauricio Aranguren, cuando habló de un grupo de la “crema y nata” de la sociedad, y también ‘don Berna’ en sus versiones ante Justicia y Paz, cuando habló del ‘Grupo de los Seis’, que servía como “consejero” de los paramilitares.

Aunque los paramilitares en sus versiones llegaron a mencionar los supuestos nexos del asesinado obispo de Cali monseñor Isaías Duarte Cancino con algunos jefes de las Autodefensas, la Fiscalía cree no se trataría de la persona que conoció del crimen de Pizarro y que sería otro prelado.

Tras su muerte, personas cercanas al caso señalaron que monseñor Duarte Cancino se reunió con el jefe paramilitar Carlos Castaño con autorización del Gobierno Nacional y en el marco de gestiones de paz. Por esto, la Fiscalía indaga sobre la hipótesis de la existencia de ese prelado que supuestamente era parte del círculo de los llamados notables y que pudo conocer de varios magnicidios.

Esta persona, dicen los investigadores, cuya identidad ya establecieron, murió, pero en vida habría mostrado su coincidencia ideológica con las Autodefensas.

Estas pesquisas tomaron fuerza para el caso Pizarro después de que, en 2016, un desmovilizado que tuvo poder dentro del M-19 y que para la Fiscalía tiene “plena credibilidad” diera dos nombres. El investigador describe a este testigo como “artífice de la Asamblea Nacional Constituyente” de 1991 y dice que habría llegado a esos nombres por sus propias indagaciones.

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Una vez comenzaron a averiguar qué estaban haciendo esas personas hace 30 años, encontraron conexiones y alianzas que parecen darle veracidad a la hipótesis de que ese grupo de alto poder existió. Sus miembros, sin embargo, nunca habrían sido investigados. “El interés es llegar a la parte más alta en el pináculo del aparato organizado de poder que ordenó los magnicidios”, dice el investigador.

Impunidad rampante

Las únicas condenas por el magnicidio de Pizarro Leongómez fueron contra los líderes paramilitares Fidel y Carlos Castaño Gil, ambos fallecidos.

En la última década, el proceso se movió más que en los primeros 20 años. Así lo reconoce María José Pizarro, hija del líder que se convirtió en símbolo de la difícil paz con la guerrilla del M-19 que llevó a la Constitución de 1991.

Ella llegó a Colombia después de ocho años de exilio en España, justo en 2010. Fue después de eso que se la reconoció legalmente como hija de Pizarro y fue admitida en el proceso como parte civil. Entonces, empezó a presionar y, ese mismo año, cuando se cumplieron dos décadas del asesinato, el crimen fue declarado de lesa humanidad.

Los primeros 20 años, el caso estuvo prácticamente cerrado”, dice ella, ahora representante a la Cámara. Ya en Colombia pudo “impulsar muchísimo el caso”.

Incluso, asegura que ella ha adelantado parte del trabajo que no hizo la Fiscalía en los primeros años, como conseguir los testimonios, y hasta su documental, Pizarro, fue incluido entre las pruebas del caso.

María José ha presionado para que, en la Fiscalía, el proceso no se ralentice, pues dice que en varios momentos ha llegado a puntos muertos. Fueron ella y sus acompañantes judiciales quienes pidieron que el caso de Bernardo Jaramillo –asesinado un mes antes– y el de Carlos Pizarro estuvieran en el mismo despacho por los patrones comunes entre ellos, pues las pruebas que se practiquen pueden ser útiles para ambas investigaciones.

El muchacho que asesinó a mi padre es casi que una víctima más de este sistema, una persona sumida en la miseria

Para ella, la expectativa siempre ha sido que la justicia llegue hasta las últimas consecuencias respecto a quién o quiénes ordenaron asesinar a Pizarro. “El muchacho que asesinó a mi padre es casi que una víctima más de este sistema, una persona sumida en la miseria”, reflexiona.

De quienes apretaron el gatillo se sabe más que de quienes ordenaron matar a Pizarro y a otros tantos personajes de la vida pública, críticos del Estado y de quienes hasta entonces detentaban el poder público.

Esa verdad “le aportaría más a la sociedad colombiana”, dice. Por eso, exige que el fiscal a cargo no sea relevado, pues tienen dudas de si continuará con el caso debido a que fue trasladado como encargado a una dirección seccional fuera de Bogotá.

También exige que todos los casos se investiguen por igual, tanto el de Álvaro Gómez –que mencionó el presidente Duque en la posesión de Francisco Barbosa como fiscal general– como el de Luis Carlos Galán, uno de los más avanzados, y el de su padre.

En manos de la JEP

Al exdirector del DAS Miguel Maza Márquez le compulsaron copias en 2017 por el crimen de Pizarro. Tanto el fiscal responsable como el abogado Juan Carlos Niño, representante de la parte civil en el proceso, coinciden en que no ha pasado nada con esa compulsa ante la Corte Suprema de Justicia.

Otros dos procesos se han surtido en los últimos años. En uno hay cuatro vinculados: los exfuncionarios del DAS Manuel Antonio González Henríquez, quien era director de protección, y Flavio Trujillo Valenzuela, encargado de Corporaciones Públicas; y dos particulares, el militar retirado Elías Hernando Salas, quien trabajaba para Carlos Castaño y habría llevado el arma homicida hasta el aeropuerto El Dorado, y el contratista de Avianca Ernesto Munarriz Salcedo, última persona en inspeccionar el vuelo antes de ser abordado, a pesar de que esto no estaba entre sus funciones. El arma se escondió en el baño de la aeronave.

El otro proceso es contra Jaime Ernesto Gómez, agente del DAS que integraba el cuerpo de protección de Carlos Pizarro en ese momento y que es acusado por la Fiscalía de haber matado al sicario en el acto para silenciarlo. Es el único que ha llegado a juicio y sigue preso en La Picota.

El proceso estaba a un par de testimonios de llegar a alegatos finales, pero el 5 de septiembre del 2019, un día antes de que se venciera el plazo, Gómez y su abogado pidieron sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como agente del Estado distinto a la Fuerza Pública. Entonces, quedó suspendido en la justicia ordinaria.

El 14 de enero de este año, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP asumió el estudio de la solicitud, pero le pidió a Gómez presentar su propuesta de régimen de condicionalidad, que es en la que debe adelantar cuál será su aporte de verdad plena y distinta a la conocida en la justicia ordinaria, así como su plan de reparación y no repetición para las víctimas.

EL TIEMPO se comunicó con el abogado y allegados a Gómez, pero manifestaron que no dirían nada respecto al caso por estar en curso.

Por su parte, el abogado Niño dice que, si la JEP lo acepta, debe argumentar “por qué un atentado contra una persona que está trabajando por la paz es un acto relacionado con el conflicto armado”.

“Estábamos ad portas de que el exagente del DAS recibiera condena”, dice Pizarro, y por eso le preocupa que el proceso se haya detenido tantos meses. Si la JEP decide que tiene competencia sobre el caso, “pediríamos que acelere, que no se pierda el ritmo”. Insiste en que presionarán ante cualquier instancia judicial que tengan qué hacerlo para que, más de 30 años después, se esclarezca la verdad sobre el magnicidio.

“No queremos tener que esperar a las decisiones que tome la justicia internacional, que es donde estamos hoy”, dice la hija del líder. El año pasado fue admitida la demanda contra Colombia por la impunidad en este caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que decidirá si lo lleva ante la Corte Interamericana.

Mientras tanto, la Fiscalía espera terminar la revisión del archivo del hotel Nutibara, suspendida por el aislamiento obligatorio, y además acceder al archivo de la época de una empresa que, por esos años, se encargaba de protocolos, banquetes, alimentos y bebidas en el hotel, para ver si tienen información sobre las reuniones en las que habrían decidido perpetrar este magnicidio que sigue sin justicia.

Esta vez los homenajes serán virtuales

Aunque este año no tendrán “ese momento de afecto tan necesario” que viven los allegados de Pizarro al encontrarse en cada aniversario, su hija, María José, cuenta que la conmemoración tendrá dos mensajes: uno sobre la impunidad y otro sobre su legado y la memoria como reivindicación social.

El sábado, en sus redes sociales, se transmitió un conversatorio con los abogados al frente del caso. Y este doingo, el Festival de Cine de Nueva York transmitirá el documental Pizarro a las 5 de la tarde, luego habrá un conversatorio entre María José Pizarro y el director del documental, y este será transmitido, de nuevo, a las 9 de la noche por Canal Capital.

JUAN DAVID LÓPEZ MORALES
Redactor de Justicia
En Twitter: @LopezJuanDa

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