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Un año después, así va el caso por muerte de hija del general Cabrera
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Así va el caso por muerte de hija del general CabreraAsí va el caso por muerte de hija del general Cabrera
María Andrea Cabrera

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Un año después, así va el caso por muerte de hija del general Cabrera

Familia pide imputación de cargos. Abogado de compañeros de rumba dice que caso debe ser cerrado.

Un fiscal de la Unidad de Vida está a punto de decidir si archiva la investigación por la  trágica muerte por intoxicación con drogas de María Andrea Cabrera o si, como lo pide la familia, imputa cargos criminales contra tres de los compañeros de rumba de la joven. 

María Andrea era hija del general Fabricio Cabrera, quien desde el primer momento aseguró que en la muerte hubo manos criminales. Casi un año después de los hechos, como en su momento ocurrió con el caso de Luis Andrés Colmenares, se mantiene la intensa polémica entre las partes y la justicia no parece haber encontrado una 'prueba reina' que demuestre un homicidio. 

“No hubo ningún crimen: fue una trágica situación pero no hubo delito”. Así lo afirma el abogado José Gregorio Beltrán, que representa a Jaime Esparza, uno de los acompañantes de María Andrea en la noche del 4 de febrero.  

Por su parte, Jaime Granados, abogado de la familia, asegura que hay evidencias suficientes para avanzar en una audiencia de imputación de cargos y señala que es hora de que se tomen decisiones de fondo: “Hemos sido respetuosos de la investigación de la Fiscalía, pero no tenemos dudas de que se cometieron delitos y es hora que la Fiscalía le dé una respuesta a las víctimas y a la sociedad”.

Medicina Legal encontró éxtasis en el cuerpo de la joven. Lo que dice Granados es que “terceros” pusieron la droga en su bebida y que “esa sustancia, mezclada con el alcohol y  no consumida voluntariamente, generó la intoxicación que produjo su deceso”.

En la investigación por la muerte de la hija del general Fabricio Cabrera los investigadores escucharon en versión a varias de sus amigas, examinaron mensajes de texto y de voz de la noche de los hechos y entrevistaron a los jóvenes que según los representantes de la familia la habrían drogado. 

Granados Peña pidió en su momento que se investigara por homicidio a Jaime Esparza, Mauricio Ladino y Luis Miguel Flórez. 

El abogado Beltrán, que hace parte de la oficina del exfiscal Mario Iguarán, sostiene que el caso debe precluirse. “Se realizaron todos los actos posibles de investigación, la Fiscalía fue diligente y desarrolló el proceso examinando cada evidencia. Hoy no queda duda de que no hubo ningún delito y lo que corresponde es cerrar el caso”, afirma.

Añade que lo último que estaba pendiente en el proceso era el dictamen de peritos de un laboratorio de los Estados Unidos, pero dice que esa evidencia no llegó aunque fue anunciada por los representantes de la familia de la joven hace meses.

Al respecto, Granados anuncia que no habrá dictamen desde EE. UU. : “Lamentablemente la muestra que nos entregaron era muy pequeña y no se pudo avanzar en el proceso para realizarle pruebas y llegar a conclusiones, por lo que no se podrán aportar al caso elementos nuevos en materia técnica”.

Se realizaron todos los actos posibles de investigación, (...) y hoy no queda duda de que no hubo ningún delito y lo que corresponde es cerrar la investigación

Beltrán dice que aunque Esparza no fue escuchado en interrogatorio y no fue vinculado como indiciado, no puede estar indefinidamente con el caso abierto sin una decisión de fondo del ente acusador: “Él acudió al llamado de la Fiscalía y fue escuchado por los investigadores en versión juramentada y contó lo que le constaba de lo sucedido en la noche en la que se registraron los hechos”.

Granados responde que la Procuraduría ha acompañado la tesis de que sí hay evidencias en el caso para llevar a juicio a varias personas que le habrían suministrado la droga a la estudiante.

Entre tanto, el sitio de rumba donde los jóvenes consiguieron la droga, que inicialmente fue cerrado, cambió de nombre y hoy sigue funcionando en el mismo exclusivo sector del norte de Bogotá. 

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JUSTICIA
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