En el largo listado de buenas intenciones que trajo la Constitución del 91 hay una, la meritocracia, que sigue siendo letra muerta en casi todo el Estado colombiano.
Los funcionarios y servidores públicos en condición de provisionalidad –o sea, ocupando cargos que deberían ser para quienes están no solo en la carrera pública, sino que han obtenido los mejores puntajes en concursos– se cuentan por miles. Esa práctica, que en plata blanca permite nombramientos a dedo en puestos millonarios, pelecha en todas las instituciones. Y, cómo no, en la Rama Judicial.
En teoría, frente a vacantes temporales o definitivas en los despachos judiciales, lo que debería hacerse es recurrir al primero en la lista de elegibles de los concursos hechos por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Lo que pasa en la realidad es que los nombres de los mejor calificados (tanto por conocimientos como por las estadísticas de su despacho) suelen demorarse en llegar a los magistrados, de alta corte o tribunal, que deben hacer la selección.
Mientras tanto, se designa un encargado que, durante el ‘palomazo’, recibe los sueldos y primas destinados al cargo. Que en el caso de magistrados de Tribunal superan los $ 20 millones al mes.
Hasta la famosa sentencia de la Corte Constitucional que les puso coto a las megapensiones, los encargos a dedo no solo podían asegurar sueldos millonarios sino jubilaciones indebidas. Eso pasó con el famoso, y nunca castigado, ‘carrusel de pensiones’ de la Judicatura.
El nombramiento temporal de secretarios de salas de las altas cortes y tribunales es una práctica común. Esto sin importar que esos funcionarios no necesariamente están en la lista de elegibles y, además, que tienen trato directo con los magistrados encargados de nombrar.
En este momento hay quejas contra la Judicatura y hasta tutelas porque jueces y funcionarios de carrera consideran que hubo esguinces a la meritocracia para llenar plazas en tribunales de Popayán, Cartagena y Neiva. Que se sepa, ninguno de esos recursos ha prosperado.
La falta de transparencia en las funciones electorales de las cortes es uno de los temas recurrentes en las propuestas de reforma de la justicia. Pero nadie, salvo los funcionarios afectados por la inequidad, parece preocuparse por el incumplimiento de la meritocracia en los nombramientos internos de la Rama. Y deberíamos.
JHON TORRES
Editor de ELTIEMPO
En Twitter: @JhonTorresET
