En 8 años solo han vendido dos de 1.330 bienes para reparar a víctimas

En 8 años solo han vendido dos de 1.330 bienes para reparar a víctimas

Hay desde whiskerías hasta un islote que se inunda 9 meses. Valen 364.000 millones de pesos.

Bienes incautados

En esta esquina de Santa Marta (izq.) funcionaba la whiskería del extraditado Hernán Giraldo. En el piso 20 de este edificio de Medellín (der.) está uno de los bienes de ‘exparas’ sin vender.

Foto:

Archivo particular

Por: Unidad Investigativa
16 de junio 2019 , 03:57 p.m.

Funcionarios de la Unidad de Víctimas, fiscales y miembros de la Fuerza Pública, llegaron hace una semana a un populoso y ‘caliente’ barrio de Santa Marta a tomar posesión de una whiskería, camuflada bajo la fachada de un billar.

Ese mismo grupo tuvo que atravesar el cauce del río Meta –algunos nadando– para tomar control sobre dos islotes que permanecen inundados 9 meses al año.

La whiskería era del extraditado narcoparamilitar Hernán Giraldo y los islotes, de José Delfín Villalobos, excomandante de las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada.

Ambos son parte del paquete de bienes que exparamilitares y narcos le entregaron al Estado para reparar a sus víctimas en el marco de la ley de Justicia y Paz. Pero, 8 años después de iniciado ese proceso, el balance es negativo.

EL TIEMPO empezó a indagar el tema, desde hace un mes, y la conclusión es que la monetización de estos bienes no ha sido exitosa: se han recibido 1.330 predios, tasados en 364.000 millones de pesos. Pero, a la fecha, solo se han vendido 2, por 1.578 millones de pesos. La suma es pírrica si se tiene en cuenta que el Estado ha invertido 11 billones de pesos, desde 2011, en procesos de reparación.

“La situación nos afecta en el rubro de funcionamiento, porque hay que garantizar que los bienes se tengan listos para un posible arrendamiento y, luego de su extinción, para monetizarlos”, admitió Ramón Rodríguez, director de la Unidad de Víctimas.

Hoy, solo 302 tienen sentencia de extinción de dominio, y si bien su venta significaría el ingreso de 100.000 millones de pesos, la mayoría es catalogada de difícil comercialización.

Sobre algunos pesan millonarias deudas (por administración o impuestos) y avalúos con precios comerciales que no tienen en cuenta su origen, algo que sin duda juega en contra.

En la Unidad de Víctimas admiten que el hecho de que sus anteriores dueños sean narcos o ‘paras’ les resta valor, también, que algunos estén en zonas rojas, con ocupaciones ilegales o en franco deterioro, por la demora en su venta.

A ese paquete se une otro más de bienes inservibles. Allí clasifican desde un cementerio en Sonsón (Antioquia) hasta un osario en Jardines de la Eternidad, en Puerto Colombia (Atlántico), que Miguel Mejía Munera entregó para reparación.

Además, medallas en oro con las que las autodefensas condecoraban a sus asesinos o el reloj de lujo de alias ‘Diego Vecino’.

El estigma ‘para’

El apartamento 1031 del edificio Cartagena Princess, de Bocagrande, del narcoparamilitar extraditado Daniel Rendón, es uno de los que registra líos. Vale 1.234 millones de pesos, pero nadie está interesado en vivir allí.

Algo similar pasa con la casona que el ‘expara’ Luis Eduardo Cifuentes, alias el Águila, tenía en el barrio Alsacia (sur de Bogotá), avaluada en 330 millones de pesos. Allí funciona de manera ilegal una peluquería.

Otro bien de difícil venta es la mansión de Salvatore Mancuso, en Córdoba; y el lujoso apartamento 2006 del edificio Entre Pinos, en Medellín, tasado en 939 millones de pesos. Era de los ‘paras’ Carlos Mario Ospina, alias Tomate, y Jorge Agudelo, el ‘Ruso’. Los pocos oferentes aseguran que su precio es elevado.

Pero la Unidad de Víctimas advierte que ninguna de estas propiedades puede venderse por debajo del avalúo comercial, así resulte más costoso administrarlas. Por eso, sus abogados trabajan en una propuesta para que la Central de Inversiones (Cisa) pueda acudir a una fórmula alterna en la que no prime el valor comercial, sino el beneficio que se obtendría. Incluso, ya se busca prorrogar la norma.

Por ahora, la monetización de estos bienes aparece en el balance en rojo de la ley de víctimas, 8 años después de promulgada.

‘Sanear un bien tarda hasta 5 años’

El director de la Unidad de Víctimas, Ramón Rodríguez, le dijo a EL TIEMPO que sanear un bien, después de la sentencia de extinción, tarda entre 4 y 5 años. Explicó que la demora se debe a que se tienen que hacer ajustes jurídicos, estructurales y fiscales para que pueda salir a la venta.

“La problemática la conoce el Gobierno central, que ha dado su visto bueno para agilizar las reuniones que se necesiten con la Fiscalía y otras entidades para acelerar estos procesos”, precisó Rodríguez.

De hecho, aseguró que para que no se repita esta historia con los bienes que han entregado las exFarc para la reparación a sus cientos de víctimas, en el Plan de Desarrollo se estableció que primero serán monetizados para que los recursos lleguen directo a la Unidad de Víctimas y la entidad no tenga que administrar esas propiedades, con los líos que eso conlleva.

Pero también fue enfático en que, tras 8 años de vigencia de ley de víctimas, no solo hay problemas. Dijo que durante la administración Duque se han pagado 294.000 millones de pesos a 42.197 víctimas y que en cinco municipios se lograron potenciar plantaciones agrícolas y forestales, en un par de bienes de ese inventario, que han tenido impacto positivo sobre la vida de al menos 160 familias.

En Tarazá, Mapiripán, Puerto Gaitán, Simití y San Pedro de Urabá se han impulsado estas plantaciones, que derivaron en “importantes fuentes de empleo”. Y en Caucasia se desarrollará, con apoyo estatal y extranjero, un proyecto de siembra industrial de yuca que beneficiará a más de 450 víctimas.

“Estos son solo unos ejemplos, porque estamos haciendo la tarea”, dijo.

UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com
En Twitter: @uinvestigativa

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