“Se les veía el brazalete del Eln, portaban fusiles e intentaron leer unos nombres, lista en mano, pero todos empezamos a correr y abrieron fuego de manera indiscriminada. Cuatro de los muertos tienen tiro de gracia; otro, al parecer, se ahogó mientras huía”.
Ese es el reporte que tiene, basada en los testimonios de los sobrevivientes, la Defensoría del Pueblo sobre la masacre perpetrada el sábado en la tarde en Carrá, un pequeño caserío del municipio de Litoral de San Juan, Chocó, en el que viven apenas 14 familias.
El lugar fue abandonado esa misma noche por sus 52 habitantes, la mayoría familiares entre sí. Llegaron el domingo a Docordó (la cabecera municipal) y algunos siguieron de largo hacia Buenaventura, Valle. La zona es uno de los corredores naturales más usados por los traficantes que usan el río San Juan como salida hacia el Pacífico. Allí se ha vivido en los últimos meses la disputa territorial entre el Eln y el ‘clan Úsuga’, que en la región se hace llamar Autodefensas Gaitanistas.
“Fue una retaliación porque hace unos 15 días hombres del ‘clan’ estuvieron en Carrá, pasaron la noche, y por eso nos sindicaron de ser auxiliadores”, contó un sobreviviente a las autoridades.
En la región del río San Juan hacen presencia histórica dos frentes del Eln: Cimarrones y ‘Che Guevara’, que integran el frente de guerra Occidental. Con base en informes de inteligencia, la masacre se podría atribuir al ‘Che Guevara’, que cuenta con unos 40 hombres y ha llevado la ofensiva ‘elena’ contra ‘los Úsuga’ en la disputa por la coca y sus rutas.
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“Un joven de 14 años se salvó porque se tiró al río:al parecer, hacía parte de la lista porque estando en el agua le dispararon. A él lo trasladó la Armada a Buenaventura, donde se recupera de una herida, pero él no vuelve por acá”, dijo el testigo.
El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, señaló que la primera hipótesis que manejan las autoridades es que la masacre tendría relación con la intención de copar los territorios desalojados por las Farc y quedarse con rentas ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal.
“No estamos dispuestos a tolerar estos hechos demenciales: el país no puede volver a ver masacres, esa es una página de la historia de Colombia que entendíamos superada”, indicó Martínez Neira.
Igualmente, insistió en que la situación fue informada a los negociadores de paz con esa guerrilla, y dijo que pidió a los delegados en Quito analizar la “sinceridad” del grupo guerrillero. “La Fiscalía debe registrar los hechos. Nosotros tenemos el deber frente a la nación de revelarlos sin artilugios, con la plenitud de cómo acontecieron, para que el país y en la mesa de negociación se tome atenta nota de lo que está ocurriendo”, agregó el Fiscal. Y señaló que lo que esperan los colombianos es “un diálogo que permita desescalar el conflicto y evidenciar hechos de paz”.
Ayer hacia el mediodía se realizó un consejo de seguridad en Docordó, donde se anunció una recompensa de 20 millones de pesos por información que permita ubicar y dar captura a los responsables del múltiple crimen.
El coronel Héctor Restrepo, comandante de la Brigada de Infantería de Marina n.° 2, dijo que se incrementó la presencia de la tropa en la región.
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“Apenas tuvimos conocimiento de esta situación se enviaron unidades de la Armada al sector para hacer el acompañamiento, generar los espacios de seguridad para que las autoridades pudieran hacer el levantamiento de los cuerpos”, afirmó el oficial.
La Fuerza Pública permanecerá en el lugar para garantizar la seguridad en el retorno de los desplazados, mientras continúan las labores de persecución de los responsables de la matanza. El defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, pidió al Gobierno y al Eln agilizar un acuerdo de cese del fuego bilateral, “por el bien de Colombia”.
Por su lado, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, rechazó la masacre y le dijo al Eln que si con ese tipo de ataques buscaba “presionar un cese del fuego bilateral como el que han venido planteando, está escogiendo el camino equivocado”.
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