El escándalo por la fallida construcción del Centro de Rehabilitación de la Policía en el norte de Bogotá, contrato adjudicado en el 2010, tiene un nuevo capítulo.
El juzgado 12 administrativo de Bogotá solicitó a la Contraloría un informe completo del curso de la investigación en la que se le responsabiliza al contratista Julio Gómez, condenado a 10 años de cárcel por el ‘Carrusel’ de los contratos en Bogotá, de haberse apoderado de los millonarios recursos.
Gómez es señalado de haber dilapidado más de 5.774 millones de pesos que recibió para la ejecución de la obra. Una primera parte de estos recursos fueron girados por el Fondo Rotatorio de la Policía a la firma Arkgo Ltda. y el resto del dinero a Édgar Oswaldo Hidalgo Acero Construcciones EU, que terminó siendo una cesión de Gómez a uno de sus maestros de obra.
La edificación que debió estar lista en diciembre del 2012 hoy tiene varias columnas en concreto y una plancha, corroídas por el abandono, en un predio ubicado en el kilómetro 20 de la autopista Norte, sentido La Caro-Bogotá. Hasta el momento, nadie ha sido llamado a responder por el descalabro económico.
De acuerdo con el expediente, hubo un cúmulo de irregularidades desde el momento en que se refrendó el contrato en el que aparece la firma del entonces director del Fondo Rotatorio coronel Saúl Torres Mojica. El proyecto Centro de Rehabilitación Valentina Aos se inició sin los estudios y licencias de construcción. No se tuvo en cuenta que el predio está a pocos metros del río Bogotá y esto lo expone a inundaciones futuras, además, no se revisaron las vías de acceso, lo que elevó el costo del proyecto.
En las especificaciones del contrato se estableció que el proyecto no incluía vías de acceso e internas, “así como el diseño de un jarillo” –para evitar inundaciones– . En la documentación que radicó la Dirección de Sanidad de la Policía estas obras iban a ser contratadas por el Fondo Rotatorio en el mes de mayo del 2012, es decir, después de que Julio Gómez entregara la edificación principal.
Finalmente, el proyecto se frenó a pocos meses de haberse iniciado y a ello se sumó el escándalo del ‘carrusel’ de los contratos.
El 22 de septiembre del 2011 se declaró la caducidad del contrato al consorcio Conexión, una derivación de la firma Arkgo Ltda. Para entonces, Julio Gómez se había declarado insolvente para cubrir sus obligaciones y continuar con la edificación y decide, en una faena corrupta, cederle su compromiso a quien en ese momento era su empleado de confianza, Édgar Hidalgo Acero, su maestro de obras, en procura de que la Policía desembolsara los recursos.
Esta figura se ejecutó sin tener en cuenta que Hidalgo Acero estaba inhabilitado porque pesaba en su contra dos procesos jurídicos por embargo, situación a la que el Fondo Rotatorio le otorgó tres meses para solucionar el escollo jurídico.
El dinero que recibió Hidalgo, quien no contaba con ningún respaldo bancario para el manejo de anticipos a su recién creada firma contratista, se dispuso para cubrir los salarios atrasados con los trabajadores de Julio Gómez y no para sacar adelante la obra. La actual firma contratista, Édgar Hidalgo Acero, ha dicho que no tuvo recursos para continuar la obra.
En el proceso investigativo también serán llamados a responder los de la entidad que ejecutó el contrato interadministrativo de interventoría, en este caso el personal de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, que asumió la responsabilidad de salvaguardar los recursos públicos.
JUSTICIA
Comentar