Electricaribe no cuenta con la capacidad para realizar los niveles de inversión requeridos y por tanto no está en condiciones de prestar el servicio de energÃa con la calidad y continuidad.
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Vanexa Romero / Archivo EL TIEMPO
Electricaribe usó subsidios de 600.000 usuarios para cubrir pérdidas
Una auditoría de la Contraloría General determinó que Electricaribe usó indebidamente 78.500 millones de pesos que le había girado el Gobierno, dinero que debía ser destinado para subsidiar los servicios de energía de 600.000 usuarios de estratos bajos.
La Contraloría Generalanalizó 19 millones de facturas entre el 2015 y el 2016 y encontró esas irregularidades en 16 millones de los documentos estudiados.
El dinero, según la investigación, fue usado en un objeto distinto y "presuntamente ilegal", pues la millonaria cifra fue destinada por Electricaribe para disminuir sus pérdidas.
La investigación determinó que los 78.500 millones de pesos que la empresa empleó para reducir sus pérdidas hacen parte del subsidio otorgado por el Fondo de Energía Social (FOES), dinero que debía usarse para aliviar el pago de la factura de energía de usuarios de estratos 1 y 2.
Este es el 99 por ciento del beneficio FOES que debieron recibir los usuarios afectados que hacen parte de la población más pobre de los siete departamentos de la Costa Atlántica.
Al analizar factura por factura, la Contraloría detectó casos como el de un usuario que, a pesar de que el FOES debía subsidiar por lo menos 1.978 pesos del total del servicio que se le cobró en el mes, ese subsidio s0lo apareció por 19,80 pesos.
"Debido a que el sistema es programado en una forma estándar para realizar la aplicación de los beneficios y el cálculo de los demás factores en la factura, la situación se repite en todos los usuarios con las mismas características, es decir, aquellos donde en su recibo aparecen los conceptos 'consumo distribuido' y 'aporte empresa'", dice la auditoría.
Según la Contraloría, cada mes Electricaribe afectó entre el 64 por ciento y el 80 por ciento de las facturas, que equivalen a 600.000 usuarios mensuales.
Este irregularidad será enviada a la FIscalía y Procuraduría para que investiguen posibles delitos o sanciones disciplinarias por estos hechos.
El contralor Edgardo Maya ordenó realizar nuevas investigaciones para indagar si estas mismas irregularidades se presentaron en facturas de años anteriores al 2015.
