Luego de las votaciones del pasado 29 de mayo, el país se prepara para una segunda vuelta presidencial entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, que desde orillas distintas buscan ser elegidos para llegar a la casa de Nariño.
Entre los puntos más importantes en sus programas de gobierno están propuestas en temas de seguridad y de justicia, dos de las preocupaciones diarias de los colombianos.
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En su plan de gobierno, Rodolfo Hernández dedica cinco páginas aproximadamente para hablar de estas propuestas, y Gustavo Petro expone en cerca de siete páginas estos temas.
Le contamos algunas de las propuestas claves de ambos candidatos, que irán a segunda vuelta presidencial el próximo 19 de junio.
Una de las mayores preocupaciones de los colombianos hoy tiene que ver con la seguridad ciudadana que, en la percepción general, ha empeorado. De hecho, según la encuesta Pulso Social, del Dane, en 20 meses, hasta abril de 2022, la percepción de inseguridad en el país subió del 37,1 al 53,7 por ciento.
En este frente, Hernández propone generar ingresos en la población porque, dice, “la manera de acabar con la inseguridad se basa en que los ciudadanos tengan una fuente de recursos fija”. Así mismo, habla de que haya “cero impunidad” para delincuentes.
Señala también que hay que definir una política clara que integre no solo las necesidades de compra y modernización del equipo militar -a través del impulso a la investigación y el desarrollo de proyectos nacionales-, sino mecanismos alternativos para la estabilidad social de zonas “donde actores armados ejercen formas de control político y territorial”.
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Otra propuesta tiene que ver con conformar en las instituciones armadas del Estado equipos especializados contra la deforestación -en el gobierno actual hay una estrategia similar llamada ‘Artemisa’-, el desplazamiento forzado, la caza ilegal, la explotación minera ilegal, entre otros.
Su programa de gobierno propone así mismo revisar el sistema de ascenso en la Fuerza Pública y aumentar los sueldos y prestaciones sociales, así como implementar “una estrategia de fortalecimiento de la imagen institucional de las fuerzas armadas” y una depuración en la Policía para que “recupere la confianza ciudadana y se minimicen los abusos de autoridad”. También señaló como un objetivo fortalecer el sistema de justicia de la fuerza pública y generar garantías que permitan la cabal aplicación de la JEP para sus miembros.
Patrullajes de la Policía en Cali. Imagen de referencia.
Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo
Petro, por su parte, dice que habrá una reforma progresiva de las Fuerza Militares y ajustes de los roles, las misiones y la llamada “doctrina de seguridad nacional”. También propone que el servicio militar deje de ser obligatorio, señala que se ajustará la política de ascensos por la vía de la meritocracia, y que se hará un ajuste en términos salariales y reconocimiento de pensión. También asegura que se impulsará la eliminación del fuero penal militar.
Además, propone sacar a la Policía del Ministerio de Defensa y dejarla en el de Interior o el de Justicia para recuperar su carácter civil, lo cual incluye redefinir sus funciones y prioridades y el desmonte del Esmad. Señaló en este punto que la nueva Policía no cumplirá funciones exclusivas de las fuerzas militares, ni prestará servicios de escolta, o administrativos no relacionados con sus funciones.
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En tono con lo anterior, su plan de gobierno propone reestructurar la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que su principal objetivo sea la previsión y prevención de los ataques a líderes sociales.
El candidato del Pacto Histórico también propone más acceso a justicia restaurativa como apuesta por el reconocimiento de las víctimas, la responsabilidad de los victimarios u ofensores, la reparación del daño y su reintegración social, por ello habló de crear cárceles restaurativas municipales y promover sanciones pedagógicas restaurativas.
Cultivo de coca. Imagen de referecia.
Archivo EL TIEMPO
Frente al narcotráfico, un tema que ha sido crítico para el país, que es el mayor productor de cocaína en el mundo, con 143.000 hectáreas de coca sembrada al 2020, según la medición de la ONU, los candidatos también expusieron sus puntos.
En este aspecto, Hernández tiene dos objetivos: uno habla de crear centros de atención para adictos; y “asegurar la protección de la ciudadanía en poblaciones fronterizas, la preservación de la soberanía nacional y controlar el delito transnacional con énfasis en el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas”.
Por su parte, Petro dice que la llamada "guerra contra las drogas" fracasó, y señala que para desmantelar los grupos ‘multicrimen’, articulados en su mayoría al narcotráfico, se combatirán los grandes capitales, financiadores, procesadores y exportadores, y se abrirán espacios de negociación judicial y sometimiento colectivo a la justicia para el desmonte de sus actividades.
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Así mismo, habla de articular el plan de sustitución de cultivos ilícitos a una nueva política de economía productiva para salir de la economía ilegal de la cocaína “a una economía basada en el trabajo y la producción de alimentos”, y propone que se prohiba la aspersión aérea de exfoliantes como el glifosato, por razones de salud pública y ambiental.
Entre sus propuestas también está impulsar la regulación e investigación de usos benéficos de plantas como el cannabis y la coca; e implementar una política de educación, prevención, tratamiento y atención de las personas con consumo de sustancias psicoactivas con enfoque de reducción de riesgo y daño.
Otro de los dolores de cabeza de los colombianos es el sistema judicial, en el cual la congestión es una de las mayores quejas. De acuerdo con cifras de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), para 2020 la congestión en la jurisdicción ordinaria fue del 62,4 por ciento, lo que significa que de cada 100 procesos que hubo ese año, 62 no se evacuaron.
Además, por la lentitud de los procesos, las libertades por vencimiento de términos son usuales. Según la CEJ, en 2021 hubo 5.004 libertades por ese motivo.
Para enfrentar estos problemas, el exalcalde de Bucaramanga Hernández habló de una reforma constitucional para transformar la justicia, y de reformar la Fiscalía en el corto plazo, para que en el nombramiento del Fiscal General haya una revisión de las hojas de vida y la Corte Suprema de Justicia -que elige al fiscal de una terna enviada por el Presidente de la República- tenga poder de veto; y en mediano plazo, para que la elección del Fiscal sea a través de un mecanismo que no involucre al ejecutivo ni a los políticos: "Puede ser elegido popularmente, o a través de procesos de meritocracia ampliamente convocantes y que incluyan a la academia”.
Habló también de implementar cero tolerancia con el vencimiento de términos, de aumentar el número de jueces y fiscales, y de descongestionar los juzgados entregando las pequeñas causas a los consultorios jurídicos de las universidades.
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En este frente, Gustavo Petro tiene propuestas como una reforma a la justicia con pilares como independencia judicial, meritocracia, autonomía administrativa y presupuestal, lucha contra la corrupción, acceso expedito de la ciudadanía al sistema judicial mediante herramientas tecnológicas y fortalecimiento de los mecanismos alternativos para solución de conflictos.
También propone que el mecanismo de elección del fiscal general esté basado en los méritos y la total independencia del gobierno de turno.
Su programa señala así mismo que propondrán una reforma a la Procuraduría y la Contraloría, respetando el sistema de pesos y contrapesos y el equilibrio de poderes, “para lo cual deben eliminarse la duplicidad de funciones, las grandes, ineficientes y costosas nóminas nacionales y territoriales”.
El hacinamiento carcelario es una de las mayores problemáticas del sistema carcelario Imagen de una visita de la Defensoría a un centro de detención transitoria en Cali.
Defensoría
En cuanto al sistema carcelario, Hernández propuso reestructurar el Inpec y mejorar la infraestructura carcelaria del país, y dijo que dentro de las prisiones no habrá tratos preferenciales.
Petro, por su lado, propone que la cárcel no sea más un espacio de violación de derechos, sino uno de resocialización y que la privación de la libertad sea una oportunidad para la construcción de proyectos de vida. En ese sentido, su programa habla de “oportunidades de acceso a programas integrales de resocialización y de educación al interior de un sistema carcelario modernizado, ampliado y dignificado con enfoque de género”.
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Otro de los temas de mayor preocupación entre los ciudadanos, según encuestas, es la corrupción, y de acuerdo con la encuesta de Cultura Política del Dane, a 2019, para los ciudadanos el mayor factor que motiva la corrupción en Colombia es la falta de sanción a los responsables.
En este aspecto, Hernández propone impulsar una norma que exija “revisar la vida económica de los servidores y funcionarios del Estado, con sanciones ejemplares a los miembros de los entes de control, dejándolos de por vida inhabilitados para tener vínculos con el Estado”.
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Además, el plan de gobierno del ingeniero también incluye propuestas como pagar el 20 por ciento de la plata recuperada a los ciudadanos que denuncien a los corruptos; crear un sistema central de control fiscal para disminuir la corrupción, revisando las funciones y resultados de las contralorías.
En materia de corrupción, Petro propone asegurar un mayor nivel de participación de la ciudadanía en las decisiones públicas sobre todo el ciclo de gestión de los recursos en todos los niveles del Estado en la perspectiva de garantizar el carácter público de las finanzas.
Así mismo, habla de fortalecer la vigilancia efectiva a la contratación pública para garantizar transparencia, economía y eficacia. “Promoveremos una legislación de protección al denunciante de la corrupción”, añade su programa de gobierno.
Movilización en Medellín a propósito de los cinco años de la firma del acuerdo de paz.
Jaiver Nieto Álvarez / ETCE
Frente a temas de proceso de paz, Rodolfo Hernández propone promover la implementación del Acuerdo con las Farc y cumplir con su cronograma, así como dar a los reincorporados de la exguerrilla un trato digno, por lo que "la fuerza pública se ocupará de defender a los firmantes que siguen con la voluntad de legalidad, sus vidas y sus negocios”, se lee entre sus propuestas.
El ingeniero también habló un proceso de acercamiento del Eln al acuerdo firmado con las Farc, “basta un otrosí en el que se incluya a esta organización como firmante del acuerdo. No se establecerán nuevas mesas de negociación que impliquen interminables conversaciones”, dice su programa de gobierno.
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Frente al acuerdo de paz, Petro, el candidato del Pacto Histórico señaló que darán prioridad a la reforma rural integral y a impulsar Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), entre otras cosas. Su programa de gobierno incluye dar garantías a la Comisión de la Verdad, la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) para sus funciones. Así mismo, dice que crearán las condiciones para una negociación eficaz con el Eln “para finiquitar la existencia de la insurgencia armada en Colombia a partir del diálogo político”.
También refirió que cesará la violencia contra los firmantes de la paz, garantizarán los recursos necesarios para ampliar y continuar con la reparación integral a las víctimas.