Si hay un delito que tocó profundamente las fibras de la gran mayoría de colombianos, ese es el secuestro, que no repara en la condición de las víctimas. Desde el empresario, el ganadero, el agricultor, el tendero y el empleado hasta abuelos, niños, adolescentes y enfermos han padecido este flagelo.
Es una empresa criminal que no solo les deja réditos económicos a los grupos al margen de la ley que la utilizan, sino que también golpea y atemoriza todo el entorno familiar y social de quienes sufren en carne propia el cautiverio. Por tal razón, las familias de las víctimas han asegurado en muchas ocasiones que ellas también quedan secuestradas.
Y aunque en los últimos años las cifras tienen una vertiginosa caída en comparación con las presentadas entre finales del siglo pasado y principios de este, cuando los registros indicaban casi 10 casos por día, este delito aún sigue presentándose en el país.
A marzo de este año se habían documentado 29 casos, una cifra menor que la registrada en el mismo lapso de 2017 (54), según el documento ‘Logros de la política de defensa y seguridad Todos por un Nuevo País’, del Ministerio de Defensa. El año pasado, en total, se denunciaron 195 secuestros.
María Consuelo Jáuregui, exdirectora ejecutiva de País Libre, fundación creada a principios de los 90 por víctimas de secuestro y que cerró sus puertas en el primer trimestre de 2017, consideró que tristemente, este delito de lesa humanidad se llegó a convertir en “una marca país” y representó un riesgo para quienes se movilizaban por carretera o tenían una empresa o algún ingreso.
Jáuregui llama la atención por los casos de los secuestrados de los que hoy, tras casi dos décadas de cometidos esos plagios, aún no hay información acerca de qué pasó finalmente con ellos. La experta estima que “pueden llegar a unos 350 casos”, pero las familias que viven esa incertidumbre calculan que pueden ser 735.
El secuestro es el delito que realmente golpeó las clases medias y fue la forma como el conflicto se trasladó a las ciudades
El estudio ‘Una verdad secuestrada, cuarenta años de estadísticas de secuestro’, realizado por el Centro Nacional de Memoria Histórica y Cifras y Conceptos, documenta que entre 1970 y 2010 se cometieron 39.058 secuestros (18.410 por guerrillas), y no descarta que se hayan presentado más que no fueron de conocimiento de autoridad alguna. Por su parte, País Libre reportó en sus análisis 31.605 casos en 30 años.
La iniciativa ‘Adopta un secuestrado’, de la facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana, que nació con el fin de sensibilizar a la sociedad colombiana sobre estas víctimas y exigir su liberación, en su análisis sobre este flagelo llamó la atención por “la complejidad estadística del delito” y la “falta de claridad sobre el número de secuestrados”. De hecho, cada entidad que tiene que ver con el tema lleva sus propias cifras.
“El secuestro es el delito que realmente golpeó las clases medias y fue la forma como el conflicto se trasladó a las ciudades”, explica César Caballero, gerente general de Cifras y Conceptos y quien lideró el estudio ‘Una verdad secuestrada’.
Y el profesor universitario Rafael Mora, directivo de la Fundación Los Que Faltan y quien desde 1999 vive el drama del cautiverio de uno de sus hijos a manos de las Farc, coincide con Caballero y Jáuregui. En su opinión, el secuestro “no diferenció entre ricos y pobres. A todos nos afectó, y nos llevó a ver este país con otros ojos, en especial a las familias afectadas por esta situación”, insistió Mora.
Aunque el primer caso registrado en los medios de comunicación ocurrió el 31 de enero de 1933, y correspondió al de una niña de 3 años raptada en Cali por delincuentes, este delito empezó a tener mayor dimensión en los 60, con el surgimiento de las guerrillas de las Farc, Eln, Epl y M-19.
El estudio ‘Adopta un secuestrado’ indica que en la mitad de esa década, “el secuestro empieza a multiplicarse vertiginosamente” porque los grupos armados ilegales encontraron que esta práctica despiadada les permitía financiarse.
No obstante que a mediados de los 80 tuvo un repunte por la delincuencia común y carteles del narcotráfico, el secuestro encontró su mayor auge entre 1996 y 2003, particularmente durante los diálogos de paz en el Caguán (1999-2002). Para la historia queda que fue en el primer año del presente siglo cuando más se documentaron casos: País Libre reportó 3.577 y ‘Una verdad secuestrada’, 3.547.
“El secuestro no solo fue un mecanismo de las Farc para generar ingresos; también, un arma de desestabilización, un arma para generar miedo e intimidar a toda la sociedad”, señaló Mora.
De hecho, en uno de los informes presentados a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en mayo pasado, la Fiscalía General de la Nación reportó que durante el conflicto, la guerrilla de las Farc fue responsable de al menos 8.263 secuestros, por los cuales cobró extorsiones superiores a los 6 billones de pesos. El fiscal Néstor Humberto Martínez señaló que las investigaciones por esos casos han dejado 614 condenados.
Igual que lo hizo entre los 80 y principios de los 90 el narcotraficante Pablo Escobar, quien utilizó el plagio como una herramienta para influir en las decisiones de los órganos del Estado, las Farc convirtieron también el secuestro de políticos, militares y policías en un mecanismo para presionar la liberación de guerrilleros en prisión o su canje por uniformados. Los grupos paramilitares tampoco se quedaron rezagados con esta práctica, con el agravante de que muchas de sus víctimas terminaron desaparecidas.
Paradójicamente, en la medida en que aumentaron los casos también crecieron las quejas de los familiares de las víctimas, porque, según Jáuregui, no encontraban “una respuesta adecuada” de las instituciones. Ellos terminaron “revictimizados” y averiguando por su cuenta en cárceles y con jefes guerrilleros por sus seres queridos.
Pero el secuestro también tuvo un fuerte impacto en la economía del país. Según María Consuelo Jáuregui, la afectación fue muy grande, porque muchas familias debieron migrar hacia las ciudades, principalmente a Bogotá, y “empezaron a manejar desde allí sus negocios, y otras lo abandonaron todo y hoy aún no se han podido recuperar”.
Cabe destacar que en el estudio ‘El secuestro en Colombia: caracterización y costos económicos’, de Planeación Nacional, estima que entre 1996 y 2003, la época de mayor auge del flagelo, los costos para el país fueron del orden de 748.211 millones (a precios de 2003), es decir, 260,1 millones de dólares.
Solo el Estado colombiano invirtió 318.809 millones de pesos en la lucha contra este delito. En otras palabras, sin contar los recursos de cooperación internacional, por cada persona en cautiverio se invirtieron, en promedio, 15 millones de pesos, a precios de la época.
Y el costo que representó el tiempo que las víctimas estuvieron en cautiverio es calculado por Planeación Nacional en 137.886,6 millones de pesos (unos 47,7 millones de dólares) y el relacionado con la muerte temprana de secuestrados, en 128.805,8 millones, unos 44,6 millones de dólares).
En el mismo período, el secuestro les reportó a los grupos armados al margen de la ley y a la delincuencia común ingresos del orden de 162.709,6 millones (unos 56,5 millones de dólares).
GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ
EDITOR EL TIEMPO
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