El caso de Walfrando Adolfo Forero, uno de los ‘caciques’ políticos más poderosos de la Sabana y actual alcalde de Tocancipá, está en la mira de la justicia tanto por los protagonistas del proceso penal como por las extrañas circunstancias en las que este se ha venido desarrollando.
Para el viernes pasado estaba programada la audiencia de acusación contra Forero por supuestas irregularidades cuando ocupó por primera vez la alcaldía de ese municipio de Cundinamarca.
El proceso arrancó en diciembre, cuando por una investigación del grupo Anticorrupción que encabezaba el hoy preso Luis Gustavo Moreno se ordenó su captura bajo cargos de corrupción en un millonario contrato de mantenimiento de los carros oficiales.
De forma coincidente, el abogado del alcalde resultó siendo José Eduardo Saavedra Roa, uno de los más polémicos alfiles del exmagistrado Leonidas Bustos y actual abogado de su bufete.
Saavedra salió salpicado en la famosa grabación de la DEA de las conversaciones entre Leonardo Luis Pinilla, ‘Porcino’, y el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons. Fue jefe del CTI en Bogotá, que hasta el año pasado fue uno de los fortines burocráticos del expresidente de la Corte investigado hoy por el escándalo del ‘cartel de la toga’.
Pero varios inusuales sobrevinientes frenaron la diligencia del viernes contra Forero. En la audiencia se conoció que el alcalde visitó al juez penal, ante quien se efectuaría la acusación. También, que estuvo en las oficinas de la Fiscal y el Procurador del caso. El primero en exponer estos eventos fue el juez penal de Zipaquirá Gabriel Darío Hincapié, quien aseguró que a mediados de marzo, Forero se apareció en su despacho.
“En el entendido de que se trataba de una formalidad lo atendí en mi oficina. Tuve con ese funcionario una conversación privada, y, debo decirlo, no hubo más personas presentes. Intercambiamos una conversación, entre otras, sobre dificultades logísticas que tenían los juzgados, que era una problemática generalizada, y de asistencia de algunos fondos o recursos que tiene la administración municipal para el apoyo a la labor, entre otras, de la Judicatura. Debo reconocer que con ingenuidad intercambié teléfonos con ese burgomaestre y a los pocos días recibí en mi oficina el escrito de acusación en su contra”, aseguró.
Y reconoció además que tuvo una relación “estrictamente laboral” hace años, cuando el abogado Saavedra Roa era juez y él, secretario. Hincapié consideró que no estaba impedido para conocer el proceso, a pesar de que también es cercano al abogado de otro procesado por el supuesto desfalco, Marco Antonio Cepeda Acosta.
El procurador del caso también declaró que un colega le presentó al alcalde de Tocancipá en una conversación que, según él, “no demoró dos minutos” en una fecha que no recordaba.
Y la fiscal reveló que el alcalde llegó un día a su oficina. “Me dijo: ‘Vengo a presentarme y a ofrecerme para lo que se necesite en el proceso’”, narró. “Nadie me ha ofrecido dinero en este proceso. Nadie me ha notificado de una denuncia por corrupción”, dijo después de remarcar que ella no había tenido nada que ver con el inusual retiro de la solicitud de captura del alcalde de Tocancipá en diciembre pasado, episodio que la Fiscalía investiga y que llevó al relevo del funcionario a cargo de ese proceso.
En escrito dirigido a este medio de comunicación, el abogado Jose Eduardo Saavedra Roa manifiesta haber ejercido la defensa del Alcalde Walfrando Adolfo Forero, sin que dentro del desarrollo de la misma su gestión hubiese contribuido a obstaculizar o frenar el curso de la etapa de juicio. Así mismo, en cuanto a la mención de su nombre en la grabación efectuada por la DEA a la conversación entre Leonardo Luis Pinilla 'Porcino' y el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, afirma haberse dado de manera circunstancial, así como salieron a relucir otros tantos nombres.
El 9 de diciembre de 2016, un fiscal anticorrupción tramitaba la legalización de captura del alcalde de Tocancipá y del exsecretario de Obras Cepeda Acosta por los supuestos delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público, en calidad de coautores y en modalidad de dolo.
La audiencia se efectuó ante el juzgado penal municipal de Mosquera, Cundinamarca, y en ella el fiscal Hernán Javier Olarte Alcántar pidió expresamente que tanto el alcalde Walfrando como el exsecretario fueran preventivamente a prisión porque podrían afectar, en su concepto, el curso de la investigación.
De un momento a otro, el fiscal pidió un receso “para hablar con la defensa técnica de los indiciados”, entre ellos el abogado y exfiscal Saavedra. Luego, al reanudarse la audiencia, echó totalmente para atrás todo lo que había venido sustentando. “Este delegado retira esa solicitud (de captura) y solicita disponer la libertad de los imputados”, dijo.
La situación fue tan irregular que el juez dejó constancia de su sorpresa: “Este despacho no ve con buenos ojos que la Fiscalía esté pidiendo orden de captura para terminar en no pedir la medida privativa de la libertad (...) Pero usted decide dejar a esa persona en libertad, y este despacho no tiene de otra sino aceptar el retiro de la medida”, cuestionó el juez al fiscal Olarte.
Y agregó que “no se explica cómo la Fiscalía dice que hay riesgo de que obstruya el proceso, pero pide que se le dé una medida no privativa de la libertad”.
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