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El Contralor anuncia plan de acción para ‘salvar’ a 827 elefantes blancos
Felipe Córdoba

Felipe Córdoba, contralor general de la República.

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Abel Cárdenas. Archivo EL TIEMPO

El Contralor anuncia plan de acción para ‘salvar’ a 827 elefantes blancos

Felipe Córdoba, contralor general de la República.

Felipe Córdoba señala que se buscarán sanciones y soluciones. Lupa a casos de corrupción.

Por primera vez se anuncia un gran propósito de solución para centenares de obras de beneficio popular que hay en el país y que están abandonadas o paralizadas por falta de recursos o por corrupción. Se trata de salvar construcciones parciales, obras iniciadas que no concluyeron y que hoy son refugio de maleza, de suciedad, centros de residuos de obras sin terminar. Ahora se buscará recuperarlas y salvarlas, en la medida de lo posible.

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El Contralor General de la República, Felipe Córdoba, lo resume así: “El ciudadano quiere que se sancione a los corruptos, pero también quiere que la obra se termine”. Y anuncia con énfasis: “El objetivo es buscar salidas para su terminación”.

Actualmente se investigan 827 infraestructuras de 1.779 que hay en total y que comprometen recursos por 24,5 billones de pesos. El propósito de la Contraloría, con apoyo de Fiscalía y Procuraduría, es que la obra se termine. “La sanción debe ir acompañada de soluciones”. El contralor Córdoba va más allá de los anuncios. “Los gobernadores y alcaldes –dice– tienen el deber de ejecutar los proyectos, recuperar e intervenir las obras inconclusas”. Y explica que no se trata de que los funcionarios públicos cumplan instrucciones de la Contraloría. “Esos deberes los impone la ley 2020 de 2020”.

¿Qué es un elefante blanco?

Es una obra de infraestructura financiada con recursos públicos que no presenta utilidad pública o social por abandono, está sin terminar o es inservible. Esas obras son un verdadero monumento a la corrupción en algunos casos y a la desidia.

¿Cuántos hay en el país?

Cerca de 1.779 infraestructuras entre proyectos críticos paralizados, obras inconclusas y elefantes blancos, que son 900. Todas comprometen recursos por 24,5 billones de pesos y están afectando la prestación de servicios públicos en el país.

¿Por qué afectan los servicios públicos?

Pues porque la infraestructura y obra civil están dispuestas precisamente para atender necesidades de los ciudadanos, generar competitividad y mejorar las condiciones de vida. Una obra de alcantarillado o un acueducto sin funcionamiento afecta a un servicio público esencial. Igualmente, los corredores y las concesiones viales que por años han estado en los mapas de Colombia, pero que solo son trochas son una limitación al desarrollo, la conectividad y la competitividad.

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¿Cuántos elefantes investiga la Contraloría?

La Contraloría adelanta actuaciones con respecto a 827 infraestructuras. La ley 2020 nos ha dado la facultad para hacer el registro de obras inconclusas y con ello el objetivo es buscar salidas para su terminación, pues la sanción es importante, pero debe ir acompañada de soluciones para el ciudadano.

¿Qué supone esa afirmación?

Le doy un ejemplo: en el estadio Guillermo Plazas Alcid, en Neiva, y por los escenarios de los Juegos Nacionales de Ibagué se profirieron fallos con responsabilidad fiscal sancionando a alcaldes y contratistas y se decretaron embargos. No obstante, el trabajo no puede quedarse solo en la sanción; seguimos apostándole a la prevención para lograr que estas obras se entreguen y de esta manera satisfacer las necesidades de nuestros deportistas.

En el estadio Guillermo Plazas Alcid, en Neiva, y por los escenarios de los Juegos Nacionales de Ibagué se profirieron fallos con responsabilidad fiscal sancionando a alcaldes y contratistas...

El ciudadano quiere que se sancione al funcionario corrupto, pero también que la obra se termine para que beneficie a las familias. Por eso buscamos que las obras se terminen y sirvan.

¿Cómo se producen los elefantes blancos?

Sin duda alguna, el mayor factor es la corrupción, presente en la adjudicación irregular de contratos, encarnada en contratistas sin idoneidad y reflejada en proyectos sin planeación, improvisados y huérfanos de diligencia. Por ejemplo, en Uribia –La Guajira– fue construida una terminal de transportes sin la existencia de empresas y sin la suficiente demanda de pasajeros. En San Pelayo, municipio cordobés de sexta categoría, fue edificado un escenario para el Festival Nacional del Porro, que en este momento no cuenta con recursos para su sostenimiento.

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¿Por qué la construcción de planteles educativos parece ser nido de corrupción?

Hemos identificado que este tipo de infraestructuras presentan grandes dificultades en su ejecución especialmente por falta de planeación. Son proyectos que se conciben sin tener claridad en el tema de licencias, obras complementarias, cofinanciación y, adicionalmente, se adjudican a contratistas sin la idoneidad necesaria. Actualmente, por ejemplo, en infraestructura educativa se adelantan procesos por 559.000 millones de pesos.

¿Quién o quiénes son los culpables?

Los responsables directos se encuentran tanto entre los gestores públicos como entre los contratistas e interventores. La responsabilidad es solidaria.

¿La responsabilidad mayor es de funcionarios públicos?

A quien ejerce el papel de gestor público le asiste la responsabilidad de gestionar adecuadamente los proyectos, de promover su culminación y de asegurarse de que tendrán utilidad para las comunidades.

¿Qué tanta culpa les cabe a personas o entidades privadas?

Quisiera responder esta pregunta con dos ejemplos. Para garantizar la jornada única escolar en el país fue concebida, inicialmente, la ejecución de 541 instituciones educativas en el país. A través del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa fue adjudicada la ejecución de varios de estos colegios a la empresa Motta Engil. Sin embargo, las obras nunca fueron terminadas y el contratista incumplió sus obligaciones.

Como consecuencia de ello, fueron fallados 130 procesos de incumplimiento en contra de la compañía. Se perdieron tiempo y recursos públicos. En los escenarios para los Juegos Nacionales de Ibagué, en 2015, la falta de idoneidad del contratista y la permisibilidad de la administración territorial permitieron, en su momento, la pérdida de esos recursos y la ausencia de escenarios para los deportistas. Tratándose de elefantes blancos, la responsabilidad es compartida.

¿Qué sanciones serán aplicadas a los responsables?

Sin perjuicio de las competencias de Fiscalía y Procuraduría, es importante que estos contratistas no vuelvan a contratar con el Estado. Por ello es urgente el ejercicio del establecimiento de la responsabilidad fiscal, y recuperar también los recursos públicos perdidos por desidia y corrupción.

¿Pero sí son recuperables todos los recursos perdidos en elefantes?

Con la ley 2020 de 2020, se genera la responsabilidad de los gestores públicos de intervenir o recuperar las infraestructuras fallidas. Algunos podrán recuperarse y en otros definitivamente tendrán que surtir el trámite de la responsabilidad fiscal.

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¿La impunidad por elefantes es casi total?

Es dramático hablar de recursos comprometidos por 24,5 billones de pesos que se encuentran en riesgo en estos proyectos críticos. Avanzamos en la visibilidad de esta problemática, pero tenemos que llevar soluciones a los ciudadanos para recuperar estas infraestructuras, sin dejar de lado las sanciones a los responsables.

Cite ejemplos de elefantes que lo han asombrado.

En Yopal encontramos un proyecto de vivienda llamado Torres del Silencio que contempla 400 apartamentos e inversiones por 14.366 millones de pesos. Las familias que deberían beneficiarse de la obra aún no tienen su vivienda, pese a que debían estar listas en el primer semestre del año 2013. Algunas familias que aún permanecen allí están en situación de riesgo por la mala calidad de la obra.

Nuestro objetivo es buscar una solución dentro de nuestras facultades de control preventivo para el beneficio de esas familias que tienen invertido todo su patrimonio allí, pero estamos en un proceso de responsabilidad fiscal, para que los responsables paguen. En Quibdó, una ciudad con tantas necesidades, se encuentra el esqueleto de lo que se proyectaba como la Unidad Intermedia de Salud del barrio El Caraño, con una inversión de 4.944 millones de pesos. Debía ser entregada en 2019, pero su avance quedó apenas en un 24 por ciento.

En Quibdó, una ciudad con tantas necesidades, se encuentra el esqueleto de lo que se proyectaba como la Unidad Intermedia de Salud del barrio El Caraño, con una inversión de 4.944 millones de pesos

La variante San Francisco-Mocoa tiene recursos comprometidos por 400.000 millones de pesos y un avance del 60 %. Su construcción fue iniciada sin contemplar oportunamente los problemas ambientales y sin contar con claridad de sus costos. Se encuentra suspendida desde 2017 y la selva está consumiendo lo ya construido. Culminarla supone una inversión mucho mayor a la inicialmente contemplada.

¿Y qué pasó con el escándalo de la institución educativa de Aipe?

El Megacolegio Ciudadela Educativa de la zona urbana de Aipe, que finalizó en 2014 y tuvo una inversión por 20.448 millones de pesos, presenta una dificultad: no tiene recursos para su mantenimiento y pone en riesgo la seguridad de los estudiantes por deficiencias de construcción del cielo raso y en el montaje de las baterías sanitarias.

¿Son dirigentes políticos los responsables de los elefantes blancos?

El deber que le asiste a gobernadores y alcaldes es fundamental porque son ellos los primeros responsables de ejecutar los proyectos, asegurar la prestación de los servicios públicos, recuperar e intervenir las obras inconclusas y cumplir con los deberes que le impone la ley 2020 de 2020, o ley de registro de obras civiles inconclusas. Les asiste el deber a los mandatarios territoriales de evitar los elefantes blancos en el país.

¿Hasta dónde están comprometidos grandes electores?

La responsabilidad de generar infraestructura adecuada para garantizar la prestación de los servicios públicos es de todos. Hacerlo con calidad está por encima de cualquier favoritismo político o electoral. Las obras son de los ciudadanos, y no de los políticos. Acá no miramos electores o no electores, sino quiénes son los gestores públicos, los contratistas o los interventores. Es una verificación técnica de responsables.

¿La práctica de elefantes blancos sigue vigente?

Ha sido necesario el apoyo tecnológico para realizar un seguimiento en tiempo real y, así mismo, darle herramientas a la ciudadanía para que denuncie y realice control social a las obras. Hay que salvar lo existente y generar obras de utilidad.

Como la Contraloría no tiene facultades penales, ¿habrá acusación ante la Fiscalía sobre los elefantes?

El trabajo es de todos y cada quien, desde su competencia, tiene el deber de establecer la responsabilidad por la infraestructura fallida.

¿Cuántas denuncias sobre elefantes ha enviado para que sean investigados y sancionados los responsables?

Las actuaciones están en proporción con los proyectos críticos identificados. Por ejemplo, en los traslados a responsabilidad fiscal, se investigan las irregularidades en 311 instituciones educativas.

¿Cuáles son los sectores más afectados por la corrupción de los elefantes?

En educación, agua potable, vivienda y transporte encontramos el mayor número de proyectos y recursos comprometidos que presentan dificultades.

YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO

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