El viejo dicho de que la justicia tarda pero llega acaba de ser revalidado por el concepto de la Corte Suprema que le dio, a dos años de la fuga del procesado, el sí definitivo a la extradición de ‘Jesús Santrich’ a los Estados Unidos.
Este martes fuentes del Gobierno Nacional señalaron que se intenta verificar la versión sobre la muerte del exguerrillero de las Farc 'Jesús Santrich' en Venezuela.
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Algunos dirán que lo importante es que la justicia por fin apareció, aunque sea en el mundo de la ficción jurídica
Algunos dirán que lo importante es que la justicia por fin apareció, aunque sea en el mundo de la ficción jurídica. Pero vale cuestionarse, empezando por los magistrados, cuál es el mensaje que se le envía al país con una decisión que llega –a pesar de la crisis institucional que en su momento generó el caso– demasiado tarde. Tan tarde que en todo este tiempo ‘Santrich’ no solo huyó aprovechando la libertad que logró gracias a polémicas actuaciones de la misma Corte y la JEP sino que se ha convertido en cabeza de una de las disidencias de las Farc que amenazan la seguridad de los colombianos.
(En contexto: Dos años después de su fuga, la Corte avala extradición de 'Santrich')
La excesiva tardanza de su justicia le pasa una factura muy costosa al país y alimenta la mala imagen que tienen los colombianos sobre la Rama (79 %, según Gallup). Investigaciones penales que, sin razón aparente, ‘reviven’ después de lustros de inactividad y fallos que se demoran años inciden en la extendida percepción de que la nuestra puede ser una justicia no solo ineficiente, sino selectiva. Además, como lo pueden testimoniar quienes conocen el sistema, no hay caldo mejor para la corrupción que un proceso penal o disciplinario que dura años sin resolverse.
Lo más grave es que ni en la anunciada reforma de la justicia, que todo indica no arrancará en el Congreso este semestre, ni en la agenda de las cortes se ven propuestas para atacar ese mal crónico y creciente que para nuestra democracia representa la mora de su aparato judicial.
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Entre 2016 y 2019, señala la Corporación Excelencia en la Justicia, la congestión en la jurisdicción ordinaria pasó del 46 al 50 por ciento. Estadísticas de la Judicatura dicen que la etapa de juicio, que debía durar 108 días corrientes, tarda en promedio 925,4 días: casi 8 veces el máximo establecido en la ley. Y para llegar a fallo de primera instancia en un homicidio con capturado en flagrancia –o sea, en pleno crimen y con todas las pruebas a mano– nuestra justicia se puede tardar hasta 3 años.
Esta semana, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá decidirá en segunda instancia el caso de Laura Moreno y Jessy Quintero. Ambas fueron absueltas hace ya más de 4 años por la muerte de Luis Andrés Colmenares, que ocurrió hace casi 11 años y sobre la que aún no hay verdad judicial. Es la misma Sala que lleva más de 10 años sin resolver uno de los procesos claves del Palacio de Justicia: la absolución del general Iván Ramírez Quintero, quien es para la Fiscalía el principal responsable de la desaparición forzada de la guerrillera del M-19 Irma Franco tras la retoma del edificio, en 1985.
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Los procesos que duran abiertos años, incluso décadas, van contra la imagen de seguridad jurídica que debe proyectar un país. También afectan derechos fundamentales de los que reclaman justicia, y los de los procesados que tienen que cargar indefinidamente el inri de un expediente judicial sin punto final.
JHON TORRES
Editor de EL TIEMPO
En Twitter: @JhonTorresET
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