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Investigación

El caso del magistrado en encargo por más de 14 años / Opinión

Los hechos ocurrieron en la Sede Judicial de Pichanaqui, distrito de la provincia de Chanchamayo, en Perú.

Los hechos ocurrieron en la Sede Judicial de Pichanaqui, distrito de la provincia de Chanchamayo, en Perú.

Foto:iStock

Nombrar en encargo a funcionarios es uno de los mayores cuestionamientos sobre nuestra justicia.

Jhon Torres
La práctica de nombrar en encargo a funcionarios de la Rama Judicial, como ya se ha dicho varias veces desde estas líneas, es una de las que más cuestionamientos generan alrededor de la transparencia y la eficiencia de nuestra justicia.
Aunque se supone que las vacantes deben ser ocupadas cuanto antes por los que aparecen en los primeros lugares en las listas de elegibles, pasan meses y hasta años con magistrados y jueces interinos que son designados en pequeños comités por magistrados de altas cortes y tribunales. Es por esto que muchos funcionarios de carrera denuncian que la meritocracia puede ser en nuestra justicia –como en general en el Estado colombiano– una flor exótica.
En ese debate sobre los nombramientos provisionales hay un caso que llama la atención y que debe dar lugar a urgentes explicaciones. Es el del magistrado Olimpo Castaño Quintero, quien el 20 de junio del 2006 pasó de su despacho como juez 26 penal del circuito de Medellín a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de esa capital. Castaño completa más de 14 años como magistrado encargado –lo que en la práctica le ha representado en este tiempo recibir más del doble de su ingreso normal en el juzgado– y no renunció al cargo de juez, a pesar de que la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia establece un máximo de dos años para las licencias judiciales.
Su historia es particular porque en el 2008, el Tribunal de Medellín decidió interpretar la norma y le concedió la solicitud de quedarse indefinidamente como magistrado porque –dijo– a las plazas de Justicia y Paz no les aplicaban las reglas para llenar las vacancias temporales o definitivas. Sin embargo, el mismo tribunal acudió a la Ley Estatutaria para negarle en 2013 la extensión de la licencia de dos años a otro magistrado encargado en Justicia y Paz, Juan Guillermo Cárdenas Gómez. Y en 2017 le negó la solicitud que sí le fue aceptada a Castaño a Benjamín Yepes Puerta, quien pedía prolongar su licencia para seguir como magistrado de Tierras.
¿Por qué la misma norma dio pie al Tribunal de Medellín para conceder una licencia indefinida y negar otras dos? ¿Por qué la vacante que ocupa el juez Castaño como magistrado en Justicia y Paz no ha salido a concurso, en cumplimiento de la meritocracia?
JHON TORRES
Editor de EL TIEMPO
En Twitter: @JhonTorresET
Jhon Torres
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