El caso de chuzadas a pilotos terminaría en un pleito millonario

El caso de chuzadas a pilotos terminaría en un pleito millonario

Avianca pidió audiencia de conciliación con poderosa consultora de EE. UU. Esta semana, nueva cita.

Laude José Fernández Arroyo.

Laude José Fernández Arroyo, no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía.

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Por: Justicia
13 de julio 2019 , 08:36 p.m.

En un pleito millonario con capítulos en Colombia, e incluso en Estados Unidos, podría terminar la investigación de la Fiscalía por las chuzadas ilegales que se habrían hecho a integrantes de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) en medio de la dura negociación laboral de 2017 de los pilotos con Avianca.

En el hecho más reciente de la investigación penal fue capturado, imputado y enviado a casa por cárcel el exdirector de inteligencia del DAS Laude José Fernández Arroyo, quien es procesado por tres delitos.

Durante la imputación de cargos de esta semana, la Fiscalía dijo que había evidencias suficientes para considerar que Fernández Arroyo, vinculado a BRG Consulting Colombia, participó en los seguimientos ilegales a los pilotos. Por estos hechos ya habían sido capturados el fiscal Fabio Augusto Martínez y Luis Carlos Gómez, exjefe de la Sala Diamante de interceptaciones telefónicas del ente investigador. Ambos habrían realizado maniobras para interceptar ilegalmente los celulares de los pilotos.

Paralelo al caso penal, en el cual se acreditó que Avianca viene colaborando con la investigación, avanza un proceso precontractual en la Cámara de Comercio de Bogotá, que podría terminar esta semana y abrir la puerta a una millonaria demanda de la aerolínea a Berkeley Research Group, una poderosa firma de consultoría establecida en Estados Unidos y con presencia en varios países.

EL TIEMPO estableció que ya van tres sesiones de esta etapa de conciliación entre Avianca y Berkeley Research Group y BRG Consulting Colombia, su representante en el país, en las que los abogados de la aerolínea han exigido a la firma de consultoría explicaciones acerca de las actividades desarrolladas como parte de una relación comercial iniciada en mayo de 2017.

En los documentos conocidos por este diario, y que reposan en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, se lee que a comienzos de 2017 se alertó sobre el uso irregular de tiquetes de Avianca en Centroamérica y decidió contratar una firma experta en investigaciones corporativas “con el fin de detectar los posibles riesgos” de esa situación.

Por recomendación de una prestigiosa firma de abogados con sede en Nueva York se entrevistaron tres compañías de consultoría, de las que finalmente se eligió a BRG, y el negocio y los pagos se hicieron en Estados Unidos. Igualmente, señala Avianca que BRG certificó que cada uno de los servicios ofrecidos “estaban dentro del marco legal, que no infringía ninguna norma legal y que no fueron contratados servicios de terceros”.

Incluso advierten que en octubre del año pasado, luego de que apareció el nombre de la aerolínea en la investigación por la red de chuzadas integrada por varios exmilitares, la misma BRG ofreció sus servicios para investigar los hechos, en los que luego uno de sus funcionarios terminó capturado.

Personas cercanas al caso señalan que Avianca considera que se ha visto afectada por los hechos en los que aparece su nombre por las actividades que, a su juicio, desarrolló un funcionario de BRG y afirman que la relación con esa empresa se dio en el marco de los principios de “confianza y buena fe”. Advierten que el caso le ha costado a la aerolínea en el aspecto reputacional y ha tenido un impacto económico frente a la marca y el comportamiento de sus acciones.

En concreto, en la conciliación Avianca pide a BRG que explique cuáles fueron las metodologías usadas para los servicios que prestaron a la empresa, qué mecanismos tienen para mitigar los riesgos de comportamientos irregulares de sus funcionarios y que diga a qué se refieren BRG y su oficina en Bogotá cuando dicen que “consultaron fuentes confidenciales para obtener información no disponible en otros medios”.

En sus respuestas, BRG afirma que son personas jurídicas distintas la empresa en Estados Unidos y la filial en Colombia, y señala que desde la casa matriz se establecen unos protocolos y metodologías que debían ser seguidos por su oficina en Bogotá. Menciona que sus formas de recaudo de información incluyen búsqueda de datos abiertos, motores de búsqueda como Google, información de medios de comunicación y acceso a páginas oficiales con información pública. Igualmente señala que en el manual del empleado y el Código de Conducta están contemplados los parámetros de respeto por la legalidad y la ética.

Uno de los puntos que más han llamado la atención a los representantes de Avianca es que la BRG, como parte de sus investigaciones, “consulta fuentes humanas expertas en diferentes sectores económicos y consulta con fuentes humanas con acceso al medio periodístico”. En su respuesta, BRG aprovecha para decir que quedan pendientes algunos pagos por servicios prestados a Avianca por casi 100.000 dólares.
El próximo miércoles se reunirán de nuevo las partes para examinar las respuestas, que, en principio –supo EL TIEMPO–, no dejan tranquila a la aerolínea, la cual al terminar ese proceso decidirá qué acciones legales continúa. En audiencias similares viene pidiendo respuestas el Grupo Energía Bogotá, que apareció en las investigaciones y también contrató a BRG.

JUSTICIA
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